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“Ellos envían un panfleto con el nombre de la persona, el cargo que ocupa, lo que ostenta, la dirección de residencia y los miembros de la familia que conviven con el amenazado”, cuenta un médico que lleva más de diez años trabajando en Quibdó, Chocó, en donde esta semana treinta agremiaciones e instituciones médicas suspendieron durante dos días la prestación de servicios, como un llamado de alerta ante la crítica situación de seguridad que se vive en la capital del departamento y la falta de garantías para ejercer su oficio en medio de las amenazas de grupos ilegales, puntualmente de la banda conocida como Los Mexicanos.
“No pidan que nos armemos, no sabemos manejar un arma, no sabemos matar a nadie, nuestras armas son los fonendoscopios y el material médico-quirúrgico que cada especialidad requiere para ayudar a salvar vidas humanas, nos hemos formado para ello, además no tenemos enemigos”, rezaba el comunicado emitido por las organizaciones.
El médico, que pidió reserva de su identidad por temor a represalias, cuenta que al menos 18 personas vinculadas al sector de la salud han sido extorsionadas por montos que oscilan entre $50 y $120 millones. “En el panfleto también les dan de 12 a 24 horas para que se pongan en contacto con un número que envían. Si pasado ese tiempo no han recibido la plata, llegan a la casa de las personas o a las sedes de las IPS a ‘echar plomo’”.
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La difícil situación llevó también a que seis organizaciones más –entre ellas las diócesis de Quibdó, Istmina y Apartadó, además del comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó– se solidarizaron con el gremio y le exigieran a los gobiernos nacional, departamental y local atender estos reclamos.
De Los Mexicanos, también conocidos como Fuerzas Armadas Mexicanas, las autoridades tienen poca información. Se sabe que es una banda local compuesta en su mayoría por jóvenes, que opera sobre todo en las comunas 1, 5 y 6 y se cree que ha sido cooptada por el Eln que también hace presencia en el departamento a través de estructuras como los frentes Manuel Hernández El Boche y Resistencia Cimarrón. Además de la banda local que se atribuye las amenazas y extorsiones, en Quibdó y las zonas rurales del municipio, también hace presencia el Clan del Golfo que, según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, controlarían bandas locales como Los Chukys y Los Palmeños.
Las autoridades locales adelantaron una reunión con participación de secretarías de Salud y de Interior del departamento y el municipio, Policía, Ejército, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría regional, durante la cual, según señaló la Gobernación de Chocó, se lograron avances y “los responsables de la seguridad establecieron unos compromisos, entre los que se encuentra una ruta de acción inmediata”.
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Para los representantes del gremio de la salud, sin embargo, otra fue la sensación. “Nosotros le pedíamos a la Policía que nos brinde algún tipo de custodia en los lugares de trabajo para que podamos desarrollar nuestras funciones de manera tranquila”, señala otro médico, que se desempeña en el área administrativa de uno de los hospitales de Quibdó. Una solicitud que fue rechazada pues “se salía de la normatividad” de la institución.
Según relatan los galenos, la alternativa propuesta por la Policía consistió en invitar a las víctimas de estas amenazas y extorsiones a que denuncien ante las autoridades para que generen un sistema de protección. Los dos médicos consultados por este diario señalaron que esto es impensable si se tiene en cuenta que no hay confianza en las autoridades. “Detrás de las capturas o desmantelamientos de las bandas locales siempre aparecen algunos funcionarios de la Fuerza Pública, entonces uno dice ‘¿quién nos protege?’”.
Para monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, la solución a la difícil situación que padece la misión médica actualmente, pero que se extiende a otros sectores y es histórica en la región, puede venir de la mano de la implementación y el cumplimiento de distintos documentos que ya existen. Barreto resaltó que es necesario cumplir con el capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016 y los acuerdos del paro cívico de 2017. Insiste, además, en la necesidad de prestar especial atención a la directiva 002 de enero de 2021 de la Procuraduría, en la que “se encuentran consignadas las solicitudes de más de 15 sectores de la región y se hace un llamado a los gobiernos local, departamental y nacional para que, con la sociedad civil, diseñen un plan de corto, mediano y largo plazo que permita solucionar por fin el problema de la seguridad en el municipio”.
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Mientras tanto, los médicos resaltan que estas amenazas, además del temor que ya han generado en el gremio, podrían tener consecuencias desastrosas para la salud en un departamento que históricamente ha padecido de problemas por la falta de pagos a sus profesionales, las pésimas condiciones de la infraestructura y la falta de insumos .
“Como las extorsiones también han afectado a algunos dueños de las IPS, e incluso varias de sus sedes han sufrido disparos, estas personas están considerando salir del municipio y retirar la inversión en estos centros”, relata uno de los doctores. El profesional agregó que, ante el abandono estatal en el que se encuentran los hospitales públicos del municipio, donde “se deben hasta cuatro meses de salario, no hay insumos ni siquiera para atender la pandemia y hacen falta profesionales”, son las instituciones privadas las que han asumido en gran parte la atención por el coronavirus.
Para el obispo de Quibdó es fundamental que haya intervenciones inmediatas sobre la seguridad del municipio, pues “a la vuelta de dos o tres años esta será una ciudad invivible”. Los médicos, por su parte, aseguran que aunque incluso puede ser tolerable trabajar en medio de las adversidades que se generan por la falta de pagos o las condiciones en los centros hospitalarios, no soportarán las intimidaciones por parte de los violentos.
