Colombia, ‘rajada’ en DD.HH.

Las políticas institucionales no han servido para detener las ejecuciones extrajudiciales. La Ley de Justicia y Paz avanza a paso tortuga. La Corte Suprema debería ser más sólida en la parapolítica. La Fuerza Pública tolera las actividades de las bandas emergentes y ejecuta ataques indiscriminados que afectan a la población civil. Hay negligencia en el funcionamiento de los mecanismos para buscar personas desaparecidas. Continúan las detenciones arbitrarias. En resumen, no hubo organismo estatal relacionado con la justicia o el conflicto que se salvara de las punzantes  observaciones de la ONU, publicadas en su informe anual sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante 2008.

El polémico tema de las ejecuciones extrajudiciales es una de las mayores preocupaciones de este organismo. De acuerdo con el documento, la cantidad de víctimas registradas es la evidencia de que los parámetros dictados por el Ministerio de Defensa no han servido para reducir estas violaciones. Lo más grave, que la Fiscalía tenga 716 casos con unas 1.100 víctimas es prueba de que “las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida, cometida por un importante número de unidades militares a lo largo del país”. La ONU señaló que la ausencia de controles eficaces y de un claro mensaje de condena en el Ejército permiten la perpetuación de estas acciones.

La Fiscalía también recibió su ‘jalón de orejas’. En su informe, la ONU recalcó la lentitud con que opera la Ley de Justicia y Paz e indicó que, hasta el 31 de octubre de 2008, de los 3.637 postulados sólo el 45% había comenzado sus versiones libres, que es la primera etapa del proceso; únicamente 20 postulados han sido llamados a juicio y ninguno ha sido condenado. Aunque la ONU destacó que desde que se iniciaron las versiones libres se han hallado 1.420 fosas y 1.750 restos óseos, reafirmó que la dilatación que han sufrido estos procesos judiciales, sumado a que los postulados no colaboran e incluso dejan de asistir a las audiencias, vulnera el derecho de las víctimas a la verdad.

A los expedientes judiciales de la parapolítica, la ONU los calificó como “un paso positivo en la lucha contra la impunidad”. No obstante, a la Corte Suprema de Justicia le dijo que “debería profundizar la solidez de sus decisiones, por ejemplo, mediante el uso riguroso de órdenes de captura y de la detención preventiva y la consistencia de sus pronunciamientos”. La ONU sugirió instaurar la doble instancia, la que han reclamado anteriormente varios de los investigados como garantía del debido proceso. En el pasado período del Congreso se radicó un proyecto de ley con el que se pretende establecer este mecanismo, pero los críticos de la propuesta creen que es sólo un intento de los parapolíticos para esquivar la justicia.

La ONU hizo un fuerte llamado de atención por ciertos aspectos relacionados con la Fuerza Pública. Según el documento, se recibieron quejas de miembros del Ejército, en Chocó y Cauca, cuyas agresiones se tradujeron en violencia sexual. Se señaló que en Antioquia, Chocó, Meta y Guaviare algunos uniformados han permitido y tolerado acciones de los grupos que surgieron del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares. Según el organismo, aunque en algunos casos esta situación podría haberse presentado por intimidación o amenazas, la corrupción es el principal motor de esta negligencia. Naciones Unidas también mencionó que en Antioquia, Chocó y Cauca, comunidades indígenas y afro han sido objeto de tratos crueles o inhumanos por parte de policías y militares.

La ONU no pasó por alto la violación al Derecho Internacional Humanitario por parte de las organizaciones guerrilleras. “Las Farc continuaron cometiendo ataques indiscriminados que afectaron gravemente a la población civil (…) se les han atribuido asesinatos electivos”. El informe subrayó el constante incremento de la siembra de minas antipersonal, causando un alto número de víctimas civiles y militares, entre las que se encuentran niños y niñas; que tanto Farc como Eln reclutan menores para labores de inteligencia y apoyo logístico, y que los actos violentos y las amenazas de los subversivos continúan generando desplazamiento. Así las cosas, a pesar de los esfuerzos, en materia de Derechos Humanos, Colombia sigue siendo un estudiante desaplicado.