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Hasta altas horas de la noche del jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra de nueve de los 38 capturados en el operativo que llevaron a cabo la Policía y la DEA en contra de los familiares de los Rodríguez Orejuela.
Durante esta diligencia, el Fiscal 42 de lavado de activos les imputó a Humberto, Jaime y María Alexandra Rodríguez Mondragón, hijos de Gilberto, el delito de lavado de activos.
Entre tanto Carlos Ramos Cerón, Andrés Felipe Idarraga, Lucila Gutiérrez de Roa, Alfredo Roa Mejía, Edelmo Cerón Herazo y María Esperanza de los Ángeles Herrera se les acusa de testaferrato.
Ante estas denuncias, los implicados señalaron que no tenían nada que ver con los testimonios entregados por Gustavo Romy, quien se convirtió en el principal testigo de la DEA y quien se desempeñaba como contador de la familia.
"Toda la información perteneciente a las empresas del conglomerado de la familia Rodríguez Orejuela están legalmente constituídas", señaló Humberto Rodríguez durante la audiencia.
Agregó que en el año 2006 renunciaron a defenderlas, por el acuerdo firmado con el Gobierno de los Estados Unidos, bajo el aval de la Fiscalía General de la Nación.
Entre tanto, la Fiscalía presentó dentro de su material probatorio una investigación que consta de varias cajas con información contable y declaraciones entregadas por Gustavo Romy y que ya ha sido verificada por el ente.
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