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Sorprenden las palabras del director de la CAR en entrevista del pasado viernes con El Espectador.
Confunde a la opinión con argumentos falsos, que crean más conflictos en la vulnerable dinámica social, económica y ambiental de Villapinzón. Y lo hace detrás de un propósito que el lector ve loable: “la recuperación del río” para cumplir con el fallo del Consejo de Estado. El director dice que en la ronda del río hay 180 familias de curtidores que no han querido suspender su actividad, algo que es falso, ya que allí no hay más de 50 que necesitan reubicarse y tienen cierre definitivo.
Agrega que no ha podido legalizar las curtiembres, algo que tampoco es cierto. La CAR cambió las reglas en 2011, cuando 80 curtidores habían hecho la reconversión industrial exigida y aprobada por esa entidad (invirtieron con esfuerzo casi $70 millones en cada industria). Además, sus planes de manejo ambiental (PMA) habían sido aprobados y cumplían la norma nacional de vertimientos. Sólo faltaba canalizar las aguas pretratadas y llevarlas a una planta de tratamiento de aguas colectiva. Esta planta debía ser menos costosa, ya que había producción más limpia y a ella no se podrían conectar los que no habían realizado su proceso de reconversión. La solución se basada en el sistema de clústeres de Italia y España con curtiembres artesanales, tras un análisis con la Cámara de Comercio de Bogotá en 2005.
El fallo del Consejo de Estado plantea como solución el traslado de los curtidores a un ecoparque industrial. Esto sería ideal si parte del dinero recién girado por el ministro Cárdenas sirviera para reconocer las inversiones que ellos realizaron en sus industrias y pudieran tener recursos para ser socios del Ecoparque, pero esto no parece ser posible, según el director. Lo peor es que en la entrevista sostiene que el parque incluye a los curtidores de San Benito. Un despropósito en una región donde el río es pequeño y la oferta hídrica insuficiente.
Nada de esto tendría lógica si no se está respondiendo a intereses particulares. ¿Cómo es posible que mientras el Gobierno busca reducir las grandes desigualdades, a nivel regional se esté ahondando la pobreza y acabando con la esperanza de estos 80 cundinamarqueses que en los últimos 10 años acataron órdenes ambientales?
*Mónica Sanz** Doctora en curtiembres Unesco-IHE de Holanda.
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