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El progreso tecnológico, el mejoramiento del acceso al sector financiero y la distribución de las tierras como factores necesarios para el desarrollo rural, además de la necesidad de implementar políticas que no sólo piensen la industria agropecuaria sino que al tiempo conecten las demás actividades productivas de una región, fueron algunos de los temas que se trataron en el cuarto Congreso de Economía Colombiana, organizado por la Universidad de los Andes.
Coyuntural, si se tiene en cuenta que el estudio titulado Empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad, 2009-2011 reveló que el 50% de los colombianos que residían en las áreas rurales eran pobres, mientras en las zonas urbanas la incidencia de la pobreza era del 33%. Asimismo, la investigación mostró que la pobreza extrema en las zonas campestres alcanzaba el 26% y en las ciudades era del 8%.
Entre los ponentes del evento académico se encontraba Mark Rosenweig, profesor de la Universidad de Yale, quien brindó recomendaciones de desarrollo rural que pueden ser aplicables en Colombia. Entre sus sugerencias se destacan que, gracias a sus investigaciones en el caso de la India, encontró que el capital humano es fundamental para mejorar la rentabilidad de las zonas agropecuarias. Sus indagaciones lo llevaron a concluir que los granjeros que han logrado acceder a la educación han mostrado mejor desempeño en términos de productividad y de salarios frente a los que no.
Además advirtió que es fundamental para el país implementar una buena política de distribución de tierras, porque sus estudios muestran que las pequeñas granjas son más productivas que los grandes latifundios. Por eso recomienda implementar economías de escala, pues son un sistema de producción que requiere grandes inversiones iniciales, pero que en el largo plazo reduce los costos y aumenta la productividad. Rosenweig concluyó su exposición advirtiendo que la “clave para impulsar el desarrollo rural no radica sólo en una reforma estructural, sino que hace falta un conjunto de ellas”.
Otra de las panelistas internacionales invitadas al congreso económico fue Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú. Sus argumentos estaban enfocados a que las políticas gubernamentales de desarrollo rural no deberían centrarse solamente en el aspecto agropecuario, sino que hace falta conciliarlas con las políticas sociales. Para ello propone crear “programas que permitan adentrarse en la familia rural, para que de esta manera se pueda lograr que los hijos tengan más oportunidades que sus padres”.
Alberto Valdez, profesor de la Universidad Católica de Chile, considera que “el éxito de una estrategia para ayudar a los pequeños agricultores depende del desarrollo no agrícola, es decir, de la conectividad, la infraestructura, la densidad de la población y el acceso a los servicios públicos, entre otros. Asimismo, es importante que en vez de brindar subsidios, el Estado podría intervenir promoviendo la inversión privada para que se puedan capitalizar los sectores en los que el agro colombiano es más competitivo”.
Vale la pena destacar que Ana María Ibáñez, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, junto con otros coautores, estableció en un estudio de 2012 que “el conflicto armado de los últimos 50 años ha contribuido a agravar significativamente la pobreza rural. Por un lado, el conflicto armado ha causado el desplazamiento forzoso de casi 3,9 millones de personas que residían mayoritariamente en las áreas rurales del país. Este desplazamiento ocasionó una reconfiguración de las áreas rurales, una caída en la producción agropecuaria de los pequeños campesinos, una pérdida significativa de tierras y la caída en pobreza de un alto porcentaje de la población desplazada.
Por otro lado, la población que permanece en las áreas rurales en zonas de conflicto enfrenta caídas en su capital humano, un deterioro en los mercados laborales rurales, una reducción en su producción y una disminución de su ingreso. Si bien el conflicto armado ha jugado un papel fundamental en las condiciones actuales, este documento no aborda el tema del impacto de la violencia sobre la pobreza rural”.
jvega@elespectador.com
@camilovega0092