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La gestión de la magistrada María Mercedes López en la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura siempre fue incómoda para la mayoría de sus colegas. Y quedó en evidencia en las últimas semanas por la forma como se tramitó en el interior de la corporación su súbita salida del cargo, al menos dos meses antes de que concluyera legalmente su período en la presidencia, en un hecho que ha sido calificado como un “golpe de Estado”.
Desde su designación como vocera de la Judicatura en 2009 salió a relucir el malestar del magistrado José Alfredo Escobar Araújo, quien fue el único que no asistió a la Sala donde resultó elegida por mayoría. Después se sucedieron divergencias con varios de sus colegas por decisiones de tutela y, en particular, trascendió la petición de la magistrada López a su colega Escobar Araújo para que no interviniera ante los jueces en un pleito personal contra la periodista Claudia Hoyos.
Además, María Mercedes López pronto ganó protagonismo en el Comité Interinstitucional de la Rama Judicial y en su interlocución ante el Gobierno alrededor de la eventual reforma a la justicia. Asimismo, en múltiples oportunidades insistió en que se nombrara en propiedad al director de la carrera judicial, pues desde agosto de 2009 no sólo la gerencia de la justicia está en interinidad, sino que ya existe una terna para proveer el cargo producto de un concurso abierto avalado por la corporación.
Con estos antecedentes, el pasado 1º de febrero fue convocada la Sala Plena en el Consejo Superior de la Judicatura, pero ese mismo día se cruzó en la agenda la realización de varias audiencias para conocer el estado de congestión en varios despachos judiciales. Aun así, la Sala arrancó sin novedades hasta que el magistrado Henry Villarraga, sin que estuviera previsto en el orden del día, pidió modificarlo para proponer una inusitada reforma al estatuto de las altas cortes, prácticamente inalterado desde su aprobación en el año 1992.
Según los argumentos expuestos en la Sala, apoyados por otros magistrados, lo que se pretendía era unificar los períodos de los voceros de las altas cortes ante la Sala de Gobierno que los integra. En otras palabras, significaba en esencia que ya nombrados los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y encargado el de la Corte Suprema de Justicia, el único período a ajustar era el de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
Tal vez presintiendo para dónde iba la cosa, con la premura de las audiencias para tratar el tema de la descongestión judicial, y ante la presión de algunos magistrados, María Mercedes López optó por una figura intermedia: suspender la Sala Plena y convocarla para la semana siguiente sin dar por concluida la discusión. El asunto quedó en veremos, López se ocupó de otras exigencias, pero sus detractores ajustaron las piezas para lograr su cometido.
Así fue como, a espaldas de la presidenta del Consejo de la Judicatura, sin que nadie se lo avisara y con la ausencia del magistrado Jesael Giraldo, el 8 de febrero se realizó la Sala Plena. La presidió el vicepresidente, Francisco Escobar Henríquez. Cuando María Mercedes López llegó ese lunes a su despacho ya todo estaba consumado. La reforma al estatuto de 1992 fue aprobada y, en la práctica, a la magistrada López le recortaron de un tajo dos meses de gestión en la presidencia.
Ella quedó desubicada, pero se la tomó con calma. Averiguó si había acta aprobada y supo que no. Y que tampoco se había configurado un acto administrativo. Después empezaron a escucharse detalles de la reunión en los pasillos del Consejo. Por ejemplo, que el magistrado Ricardo Monroy dejó constancia de su rechazo a lo sucedido y que el magistrado Jesael Giraldo lo calificó como un atropello sin antecedentes en la Rama Judicial.
Lo cierto es que el pasado lunes 15 de febrero la magistrada López acudió a la Sala como si nada hubiera sucedido. El único colega que la acompañaba era Jorge Armando Otálora, quien no participó en la reunión del 8 de febrero. Cuando ya estaban todos empezó el debate. Primero por la falta de acta para acreditar la decisión de acortar el tiempo de María Mercedes López como vocera. Y después porque los promotores de la reforma arguyeron que era una forma de proteger los intereses de la corporación.
En ese momento, la magistrada López, vehemente, le dijo a la Sala que lo sucedido no tenía nada de serio, pues se modificaron los estatutos a espaldas de la Presidencia, y acto seguido presentó renuncia al cargo, en su criterio, para facilitarles a sus colegas la sucesión. Sin inmutarse y con las protestas de la minoría, la Sala Plena escogió como su reemplazo a Francisco Escobar y como vicepresidente a Ovidio Claros. El golpe de Estado, comentaron algunos después, se formalizó esa mañana.
Desde su creación en 1992, todos los presidentes del Consejo de la Judicatura concluían sus períodos de un año a mediados del mes de marzo. Incluso, el anterior presidente, Hernando Torres, sólo vino a entregar el cargo hasta el 12 de mayo de 2009. Es decir, a María Mercedes López sólo la dejaron nueve meses. Su único consuelo quedó escrito el pasado lunes con estas palabras: “Deploro que la culminación de este honroso encargo se vea empañada por la determinación de algunos miembros del plenario de alterar su vigencia”.
Por lo pronto, aunque tuvo que salir de su cargo, María Mercedes López ganó la última y más enconada batalla: todos los integrantes del Comité Interinstitucional de la Rama, conformado por los presidentes de las cortes, el Vicefiscal y el representante de los empleados judiciales, instaron a la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura a elegir a la mayor brevedad al nuevo gerente de la Rama, un apetecido cargo al cual aspiran legalmente Sandra Ibarra, Otto Bolaños y Andrés Arévalo, aunque llevan seis meses esperando el humo blanco.