Jalón de orejas a la ANTV

El pulso es de pesos pesados. De un lado de la mesa están Caracol Televisión y RNC Televisión, los dos canales privados más importantes del país. Del otro, el bloque de operadores que reúne a Claro, Telefónica, UNE y Directv. Los dos ‘brazos’, inmersos en una cambiante industria de las telecomunicaciones y el entretenimiento, comenzaron una disputa jurídica el pasado 3 de febrero, cuando los dos primeros les pidieron a los cinco segundos un pago de $650 por cada uno de los suscriptores que recibían su señal en HD. Pero los operadores se negaron y allí surgió la disputa legal.

Entonces la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) rechazó la posición de los canales. Y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) rechazó la de los operadores. La discusión pasó a manos de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que después de un prolongado espacio de estudio, emitió esta semana un comunicado de prensa con su posición al respecto.

Allí, básicamente, les ordena a “los operadores de televisión cerrada distribuir la señal de los canales de televisión abierta”, pues de esa forma se “garantizan los derechos constitucionales a la información y al pluralismo informativo”. Y acto seguido manifestó que “el acceso a estos canales no tendrá costo para los suscriptores”. Pero hizo una salvedad: “El cumplimiento de la anterior obligación se realizará con los contenidos del canal principal digital en el formato que el operador de televisión abierta escoja, ya sea en analógica, estándar (SD) o alta definición (HD), atendiendo la tecnología que tenga cada usuario de televisión cerrada”.

Y de nuevo apareció Asomedios, liderada por su presidente Tulio Ángel, quien ante la decisión de la ANTV, explicó en Blu Radio que precisamente la ANTV estaba desconociendo la legislación sobre derechos de autor y que, además, no entendía “para qué les obligan a entregar la señal análoga si ya la tienen”. Recordó que “en los países desarrollados todos le pagan algo a alguien. Si la gente no empieza a pagar los contenidos, no sé a dónde va a llegar el mundo”. Recomendó un debate nacional en donde, incluso, se llegue al Congreso para crear nuevas leyes acordes con la realidad actual, incluyendo internet, pues la legislación que hoy rige ya es ‘muy vieja’.

Sin embargo, y tras calentarse el debate, apareció un nuevo jugador en la duela con una posición contraria a la de la Autoridad Nacional de Televisión: la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR). Esta organización, en una comunicación emitida ayer, le envió un mensaje directo. “Desde 1961, con la aprobación de la Convención de Roma en el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), está reconocido que pertenece a los organismos de radiodifusión (radio y televisión) el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus señales y consecuentemente de sus contenidos”.

Y, para afinar aún más el llamado de atención, sentenció: “Este derecho está consolidado desde hace mucho tiempo y la OMPI se encuentra ahora en proceso de actualización para su adaptación a las nuevas tecnologías, pero de ninguna forma disminuyendo los derechos reconocidos mundialmente a los organismos de radiodifusión, incluidos en leyes y constituciones de distintos países”. Por eso, “no puede la ANTV de Colombia violar tales derechos, como tampoco desconocer decisiones judiciales y procesos pendientes. Esta decisión de la ANTV debe ser rechazada y revocada inmediatamente por el propio Poder Ejecutivo o por el Poder Judicial, por ser contraria a normas nacionales e internacionales aprobadas por el Estado colombiano”.

Alexandra Falla, una de las integrantes de la junta directiva de la ANTV, le dijo a El Espectador que “esa es una solicitud que se hace institucionalmente y se debe analizar. Obviamente daremos una respuesta. Hablaremos en la junta de la semana que viene y analizaremos el tema. Pero lo único que nosotros estamos haciendo es garantizar el acceso a la televisión abierta por parte de la televisión cerrada. Estamos acatando un fallo de la Corte, la sentencia C654 de 2003, que es el sustento más importante de la resolución de la actuación administrativa”.

Pero la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el 4 de junio, había decretado medidas cautelares a favor de los canales y en contra de los operadores, a quienes les ordenó abstenerse de retransmitir la señal si estos no lo autorizan. Y aunque representantes de los operadores aseguran que no han sido notificados, El Espectador conoció que a finales de agosto y comienzos de septiembre se ordenó hacer efectivas precisamente esas medidas y se les entregó un auto donde les dijeron que debían cumplirlas de inmediato. Ellos presentaron un recurso de reposición y apelación. La SIC mantuvo el primero, pero es el Tribunal Superior de Bogotá el que decidirá la apelación. Lo que todos tienen claro es que al final la decisión de la SIC, que es judicial, estaría por encima de la de la ANTV, que es administrativa.

* El Espectador hace parte del mismo grupo de medios de Caracol TV

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@EdwinBohorquezA