Por toma guerrillera en 1998 es condenado el Inpec

Para el Consejo de Estado es claro que las precarias condiciones de seguridad de la cárcel favorecieron la toma guerrillera. Inclusive los familiares de la víctima al interponer la demanda, afirmaron que había peticiones de reforzar el sistema de seguridad de la cárcel días antes de la toma, que no fueron atendidos a tiempo.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, le dio la razón a los demandantes al indicar que "resulta apenas obvio que las precarias condiciones de seguridad en el penal representaban un peligro para los internos que se encontraban allí recluidos, como para todo el personal que laboraba en ese lugar".

De la misma forma el Alto Tribunal dijo que el Inpec falló al no haber implementado un esquema de seguridad adecuado para tener presos de alta peligrosidad, como es el caso de los miembros de las Farc que se encontraban allí recluidos.

Con ello desestimó las pretensiones del Ministerio de Interior que indicaba que no era responsabilidad del Inpec reparar la muerte del guardián, porque había sido a causa de las Farc. "siempre que una persona sufra un daño, el Estado no tiene que responder (…) no se le puede exigir al Estado más de aquello que está en condiciones de resistir", había dicho en su momento el representante legal de Mininterior.

La indebida dotación militar, el deterioro en las instalaciones y además de la presencia de armas al interior de la cárcel, fueron los elementos que encontró el Consejo de Estado como claves para determinar que el Inpec no hizo lo que debía en materia de seguridad.

El Alto Tribunal ordenó al Inpec y al Ministerio de Interior y de Justicia el pago de $130 millones a los familiares del guardián.