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La procuradora Delegada Lucy Bermúdez, había pedido que se declarara nula su elección porque el Registrador tenía una condena en su contra por una conducta mientras se desempeñaba como Contralor Distrital de Bogotá.
Por los hechos el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo condenó a $41 millones a favor de la Contraloría.
La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado le pidió a la consejera María Nohemí Hernández, de la Sección Quinta, que como la sentencia judicial no fue notificada personalmente ante el agente de la Procuraduría, no puede asumirse que la sentencia fue ejecutoriada y por lo tanto no existen méritos para decir que debe declararse la nulidad de la elección del actual Registrador.
"De esta sentencia no es predicable el carácter de sentencia judicial ejecutoriada, requisito sine qua non para efectos de la configuración de la inhabilidad señalada en la norma Constitucional indicada como violada", indicó Bermúdez en un documento enviado al Consejo de Estado.
Pide por tanto que por "la defensa de los derechos y garantías fundamentales de la persona de quien se solicitó la nulidad de su designación", es decir por el respeto al debido proceso, se desestimen los argumentos que ella misma había dado para que lo destituyeran de su cargo mientras Edgardo Maya era procurador General de la Nación.
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