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Esta semana se conmemoran cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, con balances agridulces, estrechones inesperados de manos, promesas de implementación de lo pactado y respaldos internacionales importantes, como la visita a Colombia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sin embargo, nada se dijo sobre un asunto que preocupa a algunas organizaciones campesinas en el centro y oriente del país: el posible uso indebido de información recogida para el programa voluntario de sustitución de cultivos de uso ilícito, ideado por el Acuerdo de Paz de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). Al parecer, esta información pudo haber terminado en manos de las autoridades que adelantan acciones de erradicación forzada y capturas en estas mismas regiones, como la Operación Artemisa.
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La preocupación quedó consignada en una carta enviada el pasado 8 de noviembre al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York. La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia, la Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la Asociación de Mujeres y Gestoras de Paz y de la Soberanía Sierra de la Macarena y otras organizaciones de La Macarena (Meta) señalaron en su misiva que “información social sensible de los beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) terminó en manos de las Fuerzas Armadas de Colombia, con plena colaboración de la UNODC”. Y agregaron: “Bajo un convenio celebrado con el Ministerio de Justicia, entregó esta información sin consentimiento de los campesinos, ni de los técnicos y operadores locales que levantaron esta información en campo”.
La carta citó una investigación adelantada por Juan Manuel Melgarejo, en el medio regional El Cuarto Mosquetero. Melgarejo, más que periodista, es un ingeniero agrónomo de 28 años que, en junio de 2019, obró como el coordinador técnico del equipo que fue contratado para hacer el Memorando de Entendimiento 255 entre la Universidad de los Llanos y la UNODC, en La Uribe (Meta). El memorando se suscribió en noviembre del 2019 y tuvo vigencia hasta enero de 2020, para caracterizar a los campesinos interesados en arrancar voluntariamente sus arbustos de coca a cambio de incentivos del Gobierno Nacional.
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En diálogo con este diario, Melgarejo aseguró que, para ese contrato, la UNODC exigió tener un celular con especificaciones de memoria y cámara para operar el aplicativo Open Data Kit (ODK), que se usa sin internet y, a través del cual, cada técnico debía registrar los datos de los campesinos que se acogieran al PNIS en esta región del Meta: cédula, fotografía, punto de GPS de la vivienda o el lote, un registro de novedades con observaciones tales como si estaban o no en el predio, o si había o no cultivos de coca. El ODK es una herramienta que utiliza la UNODC en Colombia desde 2015 para monitorear en terreno regiones afectadas por cultivos de uso ilícito, cuyos datos ha integrado, según sus informes, al Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), proyecto del Gobierno para monitorear la producción de drogas y otros delitos.
Según Melgarejo, durante la capacitación de tres días sobre el ODK, dada en Villavicencio por Fernanda Bustos, entonces directora del UNODC para el Meta, les dijeron a los técnicos que la información serviría para elaborar documentos técnicos del programa; en especial, para la fase de los proyectos productivos. “Pero eso no se vio reflejado en los documentos técnicos. Los capacitadores de la UNODC nos engañaron. Nos pusieron a levantar datos personales y georreferenciaciones de campesinos que suscribieron acuerdos de erradicación voluntaria de coca en el Meta y Guaviare, con una aplicación como el ODK, que no estaba en el contrato. Con el agravante de que ese aplicativo se integra al SIMCI que utiliza el Gobierno en su política contra las drogas”.
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Melgarejo insistió en que el tema no sería problemático si el gobierno Duque hubiera priorizado la política de erradicación voluntaria de coca, como pedía el Acuerdo de Paz de La Habana, por encima de la erradicación forzada; sin embargo, esta administración prefirió acentuar su decisión de incrementar las labores de erradicación forzada en todo el territorio, y esto empezó a generar fuertes tensiones con altos costos humanos, en especial entre los campesinos y los uniformados de la Policía antinarcóticos o del Ejército que apoyaron estos operativos. Por ejemplo, entre junio de 2018 y octubre de 2021 han muerto en enfrentamientos cinco campesinos y 58 erradicadores han sido afectados por minas antipersonales, cuatro de los cuales fallecieron, de acuerdo con las cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
“Esto ha generado mucha preocupación, porque en las veredas El Danubio y El Avión, en Vista Hermosa, después de estar caracterizados con el ODK, de la UNODC, les dijeron a los campesinos que, por temas de orden público, no podían ingresar a la vereda a implementar el PNIS. Y meses después, el Ejército llegó a hacer capturas por supuestos daños ambientales y hacer erradicación forzada”, aseguró Melgarejo. Un líder campesino del PNIS en Puerto Rico (Meta), que por temor a represalias pidió reserva de su identidad, referenció lo sucedido así: “Cuando vinieron las capturas en la vereda Danubio, nos opusimos. En ese momento estábamos empezando el proceso del PNIS. En Puerto Rico, por el lado del Guayabero, se han hecho operaciones de Policía y Ejército en contra del campesinado, donde van con nombres y detalles que solo hemos dado en esas caracterizaciones del PNIS. Por eso nos inquieta cómo se están utilizando esos datos”.
La preocupación la comparte Carlos Rodríguez, vocero de la Agenda Ambiental, plataforma de articulación de 52 organizaciones sociales de Caquetá, sur del Meta y Guaviare: “Nos acogimos al programa de sustitución más de 1.600 familias, pero el PNIS no ha cumplido ni en un 30 % los compromisos. Lo más triste es que el mecanismo de verificación ha generado enfrentamientos y divisiones. La UNODC se llevó una base de datos grande de las personas que se acogieron voluntariamente al programa, pero creemos que fue a parar a manos de la fuerza pública”. Para Edilberto Daza, representante legal de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia, la zozobra se incrementó por la Operación Artemisa, lanzada en abril de 2019 para frenar la deforestación: “Desde que se viene desarrollando en los parques naturales Los Picachos, Tinigua y Macarena, ha habido muchos atropellos y se han dado capturas de personas caracterizadas por el PNIS, que no son deforestadores”.
Pedro Arenas, director de la Corporación Viso Mutop, uno de los analistas reconocidos en el país en políticas de drogas, explica que, cuando empezó el programa PNIS en 2017, varias familias de Puerto Rico, Puerto Concordia, Vista Hermosa, La Uribe y Macarena, entre otros, manifestaron su intención de vincularse al programa de sustitución, pese a estar ubicados en áreas protegidas de los parques nacionales naturales. De hecho, en muchos casos quedaron cobijados en diversos acuerdos colectivos de sustitución de coca y acuerdos intermunicipales que se hicieron en la época. No obstante, el programa PNIS no tuvo una consideración ambiental ni le dio prioridad a resolver ese problema, pese a que el Punto 1 sobre tierras del Acuerdo de Paz planteaba priorizar una solución a quienes ocupan áreas protegidas de importancia ecológica, como los parques nacionales naturales.
“Mientras tanto, como el gobierno Duque priorizó la erradicación forzada, bajo un ropaje o discurso ambientalista, muy de la mano de la nueva línea de interés de la administración estadounidense de Joe Biden, en el 2020 hubo un incremento de las acciones de la fuerza pública y allí las familias señalaron la coincidencia de esos operativos con el hecho de que ellos habían suministrado información al Gobierno a través de los operadores del programa PNIS, como la UNODC”. Según Pedro Arenas, hay que tener también en cuenta que en la administración Duque el Ministerio de Defensa y la Consejería para la Estabilización (a cargo del PNIS y la implementación de los otros puntos del Acuerdo de Paz) se coordinan periódicamente para el adelantar tareas relacionadas, unas veces con erradicación forzada y otras con sustitución voluntaria.
Jhenifer Mojica, consultora para temas agrarios y ambientales, explica que el posible uso indebido de información de campesinos hoy judicializados como “deforestadores” por estar en áreas protegidas podría remontarse incluso a años anteriores: “En 2012, se suscribió un acuerdo para abordar el problema de uso, ocupación y tenencia de tierra en áreas protegidas, especialmente en parques nacionales. En ese acuerdo, el gobierno Santos se comprometió con las comunidades a encontrar salidas consensuadas y lo primero que se hizo fue una caracterización y un censo de ocupación. Una información que no se conocía, porque los funcionarios no podían entrar por la presencia de las Farc. Pero, después, la mesa se paralizó, los diálogos se rompieron y esa información coincide con la línea base que se usó para diseñar y poner en práctica el inicio de la Operación Artemisa en esta zona”. Una evidencia más de la desconfianza que existe entre las comunidades campesinas del Meta y Guaviare y las instituciones, con un clima aún más enrarecido por la fuerte presencia armada de la disidencia de las Farc, en cabeza de Miguel Botache Santillana, conocido como Gentil Duarte.
En diálogo con El Espectador, el representante de UNODC en Colombia, el francés Pierre Lapaque, aseguró que “nunca” compartieron o cruzaron información del programa PNIS con el SIMCI: “Son dos bases de datos totalmente distintas, aunque el Gobierno Nacional obviamente tiene toda la información porque es con base en esos datos del PNIS, por ejemplo, que ellos les pagan el dinero a las familias que se suscribieron y erradicaron de forma voluntaria la coca. Pero eso se le dio a la gente del PNIS, no a las Fuerzas Armadas, que tienen sus propias fuentes de información”.
Frente a la pregunta de por qué la UNODC pidió a operarios locales (como Melgarejo) la caracterización de familias campesinas que buscaban acogerse al PNIS con la herramienta ODK, que también usan para georreferenciar cultivos de uso ilícito en el SIMCI, Lapaque explicó que, si bien no está explícito en el contrato su uso, es sencillamente una herramienta de asistencia agropecuaria en la que se deben formar los operarios para desarrollar su trabajo, y reiteró que la información obtenida, en el caso de este contrato, es solo para el uso del programa PNIS y por eso, incluso, firman acuerdos de confidencialidad de la información que recogen. Para Lapaque, es “lamentable” que tantas tensiones en estos territorios hayan averiado la confianza entre estas “pocas familias campesinas y la UNODC. La ONU funciona sobre la credibilidad y la neutralidad; esos son sus principios. No tenemos agenda. Nuestro papel es apoyar a las comunidades sin importar quién sea el gobierno. Si nosotros perdemos la confianza, enviar a una persona con un chaleco azul puede ser en adelante riesgoso”, aseguró. Y adelantó que están en el proceso de convocar a esas asociaciones campesinas para que vean cómo funciona el programa. “Lamento muchísimo que esto haya pasado y estamos en el proceso de reconstruir su confianza”. De acuerdo con Lapaque, la pérdida de confianza con las comunidades rurales es “un suicidio institucional. Hay que darle prioridad a la erradicación voluntaria. Lo he dicho siempre: hay más sostenibilidad de una solución así, porque la resiembra es menor al 1 %, mientras que donde hubo erradicación forzada la resiembra es del 40 o 50 %”, sostuvo.
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