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Iván Velásquez ocupó, hasta la mañana del 11 de febrero, la dirección del Ministerio de Defensa del gobierno de Gustavo Petro. El mismo mandatario, luego del polémico consejo ministerial transmitido el pasado 4 de febrero, solicitó “la renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos”, con el objetivo de dar paso a nuevos ministros que logren un “mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo. El gobierno se concentrará completamente en el cumplimiento del programa”, escribió Petro en una publicación de X (antes twitter).
En contexto: Iván Velásquez renunció al Ministerio de Defensa tras solicitud del presidente
Velásquez cumplió con la orden, pero, a diferencia de varios de sus colegas, presentó una renuncia irrevocable al cargo que ocupó desde 2022. Su salida voluntaria y sin marcha atrás del Ejecutivo se da una semana después de que, en pleno consejo de ministros, quedaran en evidencia los choques que el gabinete ha tenido con la cartera de Defensa. Además, en ese mismo encuentro televisado, el presidente Petro explicó que el ministerio, en cabeza de Velásquez, fue el tercero con mayor porcentaje de retrasos en una serie de compromisos del Gobierno con los territorios
De acuerdo con el presidente Petro, de 23 objetivos asumidos por el Ministerio de Defensa, solo se ejecutaron ocho. Lo que significaría que, tras la salida de Velásquez, y a 18 meses de que finalice este gobierno, 15 compromisos estarían en el aire. Entre esos se encuentra la crisis humanitaria del Catatumbo (Norte de Santander), la Operación Perseo en El Plateado (Cauca), y la crisis de finanzas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).
Durante el consejo ministerial, Velásquez respondió a las declaraciones del presidente Petro, defendiendo los esfuerzos de su cartera y señalando que la falta de control en el corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca), no se debe a fallas en su gestión, sino a problemas de articulación dentro del Gobierno Nacional. Velásquez explicó que la ausencia de una estrategia coordinada ha impedido una intervención efectiva en la zona y dejó claro que ni el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Militares han sido los responsables de esta situación.
“No se ha entrado al Plateado porque no ha habido una decisión articulada del Gobierno”, afirmó el ministro, haciendo énfasis en que tanto su despacho como las Fuerzas Militares y la Policía han advertido en múltiples ocasiones sobre la necesidad de una acción conjunta para lograr una presencia efectiva del Estado en el territorio. Según Velásquez, la falta de coordinación entre las distintas instancias gubernamentales ha dificultado la ejecución de estrategias de seguridad en esa región del Cauca, donde grupos armados han consolidado su presencia en los últimos años.
La intervención del ministro también respondió a las insinuaciones de Petro de que la inacción de Mindefensa había obstaculizado las operaciones en la zona, llegando a calificar la situación como un posible sabotaje. Además, el ministro destacó la labor de la exviceministra de Defensa, Daniela Gómez, durante la planeación de la intervención en El Plateado, asegurando que ella hizo intentos significativos por lograr la articulación necesaria para llevar a cabo la operación. Sin embargo, como el gobierno no logró ponerse de acuerdo, la intervención en El Plateado, al menos por ahora, quedó en que al territorio solo pudo llegar la fuerza pública y no una misión integral del gobierno para hacer presencia en la zona.
Situación en El Plateado
En entrevista con Caracol Noticias, la exviceministra de Defensa, Daniela Gómez, respaldó las declaraciones de Velásquez y expuso las dificultades que enfrentó el Ministerio en su intento de consolidar una intervención efectiva en la zona. Gómez aseguró que, durante su gestión, intentó coordinar esfuerzos para que el Estado llegara a El Plateado con todas sus instituciones y no solo con la fuerza pública. “No pudimos entrar, pero no el sector defensa. Ese sector entró todo ese día y se mantienen. Pero esa presencia es insostenible si no llegan los demás ministerios, porque no contamos con la legitimidad y la confianza de la gente para que nuestra permanencia allí y sea aceptada”, explicó la exviceministra.
Gómez también reveló que hubo tensiones dentro del gabinete que dificultaron la articulación de la estrategia de seguridad. Según la exfuncionaria, algunas carteras exigían que el ingreso a las zonas de conflicto se hiciera sin la presencia de la fuerza pública, algo que consideró inviable. “Nosotros no somos una oenegé y no podemos no ser neutrales en ese conflicto, porque somos una parte de ese conflicto. No podemos actuar diferente”, afirmó, insistiendo en que la falta de liderazgo y coordinación dentro del Ejecutivo retrasó las acciones en territorios estratégicos.
Entre los avances logrados, Gómez destacó la firma de un convenio para el inicio de la cosntrucción de la vía de El Plateado, la restitución del servicio de telefonía móvil, la entrega de computadores para niños desescolarizados, el desminado del colegio y el inicio de diálogos sobre sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, señaló que los esfuerzos no fueron suficientes debido a la falta de apoyo interministerial. “Nos sentíamos un poco remando solos, o personalmente lo digo. Siempre con el apoyo del ministro, pero frente a los otros ministerios, estábamos solos”, expresó.
La exviceministra también cuestionó la estrategia de “paz total” impulsada por el Gobierno, señalando que los ceses al fuego han permitido la expansión de grupos armados en distintos territorios. “Los ceses al fuego le hicieron mucho daño justamente a las condiciones de seguridad y, sin duda, generaron un ambiente enrarecido en los territorios donde no se tiene tan clara la división entre qué grupo se puede atacar y cuál no”, advirtió.
Finalmente, Gómez elogió la gestión del ministro Velásquez, destacando su integridad y su papel clave en el mantenimiento de relaciones cívico-militares. No obstante, advirtió que el país enfrenta un desafío creciente debido a la consolidación de estructuras criminales en diversas zonas y la percepción de inseguridad entre la ciudadanía. “El balance de la paz total es negativo, salvo el caso de Comuneros del Sur que puede ser el único exitoso”, concluyó Gómez.
Crisis en el Catatumbo
Ante la crisis humanitaria y de seguridad que afecta al Catatumbo y que llevó al Gobierno Nacional a decretar el estado de conmoción el pasado 24 de enero, Velásquez señaló que la situación es resultado de una débil presencia del Estado durante años y de deficiencias en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. En una sesión especial de la Cámara de Representantes, celebrada el 28 de enero para discutir el decreto de conmoción interior, Velásquez advirtió que el Catatumbo ha sufrido históricamente un abandono estatal, acompañado de un debilitamiento institucional generalizado y una aplicación incompleta del proceso de paz.
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El ministro también destacó que en los últimos 15 años la capacidad operativa de las Fuerzas Militares se ha reducido significativamente. En 2010, el Ejército contaba con más de 228.000 efectivos, cifra que cayó a 166.571 en 2022, limitando así su capacidad de acción en distintos territorios. Para contrarrestar esta situación, el Gobierno anunció el fortalecimiento del Plan 16.000, una estrategia destinada a robustecer las Fuerzas Militares con una inversión de 1,1 billones de pesos. De ese monto, 11.000 millones se destinarán a la incorporación de soldados profesionales. Como parte de esta iniciativa, en 2024 se han desplegado 25 nuevos pelotones en el Catatumbo con el fin de reforzar la seguridad en la región.
Velásquez también recordó que entre 2012 y 2017 la Armada Nacional mantenía una unidad de operaciones ligeras en La Gabarra, pero esta fue retirada. Ahora, por instrucción del Gobierno, se ordenó el retorno de esa unidad, integrada por cuatro embarcaciones, incluyendo un bote de apoyo fluvial, para controlar el tráfico ilegal en los ríos de la zona. Asimismo, el ministro se refirió a la presencia de grupos armados en el Catatumbo y al colapso del pacto de no agresión que, hasta hace poco, mantenían el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del ELN. Según explicó, el quiebre de esta alianza se debe a la disputa por el control de economías ilícitas en la región, como el narcotráfico, el contrabando de combustible y la extorsión.
El mismo día en que se decretó el estado de conmoción, el ministro Velásquez viajó a Cúcuta, donde confirmó en rueda de prensa que sostuvo una reunión con el general venezolano Vladimir Padrino López, en San Cristóbal, estado Táchira. El encuentro tuvo como eje central la crisis humanitaria y de seguridad que enfrenta el Catatumbo desde el 16 de enero, una escalada violenta que ha dejado más de 53.444 desplazados y al menos 55 personas asesinadas, según cifras oficiales.
Uno de los temas principales abordados fue la presencia del ELN en Venezuela. Inteligencia militar colombiana ha identificado la movilización de al menos 80 guerrilleros de esa organización desde Arauca hasta el Catatumbo, siguiendo órdenes de alias Socito o Dumar, líder del Frente Domingo Laín. Según la información disponible, los insurgentes habrían transitado por territorio venezolano antes de llegar a la zona de conflicto.
En este contexto, el ministro Velásquez pidió a su homólogo venezolano que las fuerzas de seguridad de su país refuercen el control fronterizo y tomen medidas similares a las de Colombia para impedir el movimiento de los grupos armados ilegales y su accionar criminal. Otro punto clave de la reunión fue la lucha contra el narcotráfico en la región. El Catatumbo es uno de los corredores estratégicos más importantes para la producción y tráfico de coca, actividad controlada por redes criminales transfronterizas.
De acuerdo con el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Norte de Santander es el departamento con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca en el país, con 43.178 hectáreas sembradas. Buena parte de esta producción es enviada hacia Venezuela, La Guajira y el Caribe, lo que refuerza la urgencia de un trabajo coordinado entre ambos países para frenar el negocio ilícito.
La Defensora del pueblo, Irsis Marín afirmó que el ministro de Defensa ha avanzado en la segunda fase de la estrategia, que consiste en recuperar el control territorial de las zonas afectadas. Además, se mantiene un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente con presencia de la Fuerza Pública. No obstante, la defensora subrayó la importancia de sostener el acompañamiento de altos mandos y la supervisión directa del presidente de la República, dado que la gravedad de la situación ha adquirido un impacto a nivel internacional.
La crisis financiera de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)
El pasado 3 de febrero, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció sobre la difícil situación financiera que atraviesa la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la cual solo contaría con recursos suficientes para operar hasta junio de este año. A la salida de una audiencia de seguimiento en la Corte Constitucional, el ministro aseguró que, pese a la crisis presupuestal, las operaciones de la FAC no se verán interrumpidas.
“Lo que yo puedo asegurar y garantizarle al país es que la Fuerza Aeroespacial Colombiana no carecerá de recursos para atender las situaciones normales y también las extraordinarias que se están presentando en este momento”, afirmó Velásquez. Sus declaraciones se dieron poco después de que W Radio divulgara un informe interno de las Fuerzas Militares en el que se detallaba la compleja situación económica de la FAC. Según el documento, el presupuesto asignado solo permitiría realizar 31.194 horas de vuelo, lo que significaría que las aeronaves solo podrían operar hasta el 30 de junio de 2025.
El informe también señala que la FAC enfrenta un déficit de $228.127 millones en gastos de funcionamiento, lo que impide alcanzar las 50.137 horas de vuelo necesarias para el cumplimiento de sus misiones. Además, advierte que estos problemas financieros impactan de manera significativa la capacidad operativa de la institución y su misión constitucional. A esto se suma el aplazamiento de $79.620 millones por parte del Ministerio de Hacienda, lo que ha limitado aún más las operaciones de la FAC, especialmente en medio del esfuerzo adicional requerido para atender la reciente ola de violencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
El panorama tras la salida de Velásquez
Durante los dos años y siete meses que Velásquez estuvo frente al Ministerio de Defensa, en el panorama de los grupos armados ilegales, la situación fue complicada. Por un lado, por el aumento de la presencia y el número de hombres en estas organizaciones, pero también porque, según expertos, la política de paz total del gobierno Petro mermó las operaciones militares que podían evitar el crecimiento de estos grupos. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) advirtió que, durante su administración, el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo no solo incrementaron su número de combatientes, sino que también ampliaron su presencia territorial en el país.
Según Pares, el ELN contaba con 4.061 integrantes en 2022, cifra que aumentó a 4.999 en 2023 y alcanzó aproximadamente los 6.000 en 2024. En términos de expansión geográfica, la guerrilla operaba en 183 municipios hace dos años, en 215 el año pasado y actualmente en 231. Las disidencias de las Farc también evidenciaron un crecimiento similar. En 2022, se estimaba que tenían 5.208 hombres en armas, número que ascendió a 5.610 en 2023 y a 7.100 en 2024. Su presencia territorial pasó de 180 municipios en 2022 a 221 en 2023 y a 274 en el último año. Por su parte, el Clan del Golfo también experimentó un incremento en su capacidad operativa.
En 2022, esta organización criminal contaba con aproximadamente 5.851 integrantes, cifra que subió a 6.158 en 2023 y alcanzó los 7.000 en 2024, consolidando su presencia en más regiones del país. Aunque según expertos estos números fueron menores que durante el gobierno anterior, en la práctica en el país sigue creciendo el poderío de estos grupos armados ilegales. Sobre el tema, la exviceministra Daniela Gómez explicó: “En la resolución de conflictos y en la consecución de la paz, es muy importante que tengamos método y aquí no hemos visto mucho de eso. Creo que los ceses al fuego le hicieron mucho daño, justamente a las condiciones de seguridad”.
La experta puntualizó: “Uno de los efectos no deseados, no de los procesos de paz, sino de esos ceses al fuego, fue una facilidad para expandirse por el territorio. Sin embargo, las instrucciones del ministro y del mando militar siempre fue que cualquiera que esté cometiendo un delito en flagrancia, puede ser atacado o capturado. Pero los ceses al fuego sí redujeron las operaciones ofensivas. Frente a esto, los grupos armados aprovecharon esa voluntad de paz del presidente para expandirse y fortalecerse, especialmente desde un foco que es muy grave y es la gobernanza criminal en los territorios”.
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