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La Corte se pronunció con respecto a los cupos para educación superior después de que la Universidad del Cauca le negara el ingreso a una joven indígena argumentando que el trato especial era sólo para los estudiantes que hubiesen terminado el bachillerato en un colegio del resguardo o de la región a la que pertenece.
La joven aspirante es miembro activa de la Comunidad Indígena de San Antonio, municipio de Morales, Cauca. En el año 2000 cuando estaba en décimo semestre, fue víctima del desplazamiento forzado por la violencia y tuvo que irse a vivir con toda su familia a Cali, en donde terminó su bachillerato.
En su momento se presentó a la Universidad del Cauca, para empezar sus estudios en la carrera de Contaduría Pública y se acreditó como indígena y como desplazada, pero le fue negado el cupo, aun cuando uno de los admitidos tenía un puntaje inferior al suyo.
Pero para la Corte el hecho de haberle negado el cupo a la indígena "se convirtió en una exigencia desproporcionada que riñe con la necesidad de otorgar una protección diferenciada en razón de su situación de desplazamiento"; con la negativa la institución le estaba cerrando doblemente las puertas a la joven.
"El ingreso a la educación superior constituye aquí un medio indispensable para superar la situación de desventaja doble a la que se ha visto avocada la demandante, esto es, como perteneciente a un grupo indígena y como víctima de desplazamiento forzado, enfrentada por motivo de estas dos condiciones a soportar tratos vejatorios y a ser víctima de expoliación y de persecución permanentes", subrayó el Alto Tribunal.
Con ello ordenó a la Universidad otorgarle un cupo a la joven indígena, y mantener al otro aspirante que había sido admitido con menor puntaje que ella, a la carrera de contaduría pública.
El desplazamiento forzado en palabras de la Corte
"El fenómeno de desplazamiento forzado ha impuesto a los pueblos indígenas una carga especialmente onerosa. Sus territorios suelen ser invadidos por los actores del conflicto sin respetar la neutralidad que estos pueblos han adoptado. De otra parte, cada vez que los grupos indígenas intentan llamar la atención de manera pacífica respecto de su especial situación de indefensión recae sobre ellos la sospecha y el estigma de encubrir intereses subversivos. Sus marchas, entonces, se descalifican y sus pedidos se mantienen en el olvido".
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