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Poco después de las 3 a. m., un ariete abrió de golpe la puerta de un apartamento en el piso 14 y tres hombres vestidos con el equipo táctico negro de la policía chilena entraron precipitadamente. Blandiendo pistolas, agarraron a Roland Ojeda delante de su esposa y su hijo de 6 años y se lo llevaron a rastras en ropa interior.
Ojeda, exoficial del ejército venezolano de 32 años, era un disidente político asilado en un barrio de clase media de la capital de Chile, Santiago. Había intentado organizar complots para derrocar a Nicolás Maduro, el líder autocrático de Venezuela, y semanas antes el gobierno de Maduro lo había tachado públicamente de traidor.
Cuando su esposa llamó a las autoridades chilenas, les dijo que al menos uno de los captores de su marido tenía acento venezolano.
Nueve días después, siguiendo una pista, las autoridades descubrieron al otro lado de la ciudad una maleta de mano enterrada debajo de casi metro y medio de hormigón. Dentro, metido entre cal viva para acelerar la descomposición, estaba el cuerpo doblado de Ojeda.
Ahora, tras un año de investigación, las autoridades chilenas confirman los temores de los disidentes venezolanos escondidos por todo el mundo: las pruebas, dijeron los chilenos, indican que el gobierno de Maduro ordenó el asesinato de Ojeda.
El gobierno de Maduro lo ha negado vehementemente.
De ser cierto, el caso representa una oscura escalada en los esfuerzos de Maduro por aplastar cualquier amenaza a su régimen autoritario, y las acusaciones llegan justo cuando el presidente Trump inicia un nuevo diálogo con el autócrata con la esperanza de deportar a los venezolanos indocumentados.
Durante años, Maduro ha mantenido su control sobre Venezuela encarcelando a opositores políticos en su país. Pero el asesinato en Chile sugiere que el líder venezolano también ha adoptado las tácticas de su estrecho aliado, el presidente Vladimir Putin de Rusia, de llegar a naciones extranjeras para asesinar a rivales políticos.
“Ahorita todo el mundo tiene miedo. Nadie dice dónde están, cómo se refugiaron, a qué país llegaron, dónde fueron”, dijo Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela que recientemente huyó del exilio en Colombia a un país que no quiso identificar tras enfrentarse a amenazas de personas que cree que son agentes venezolanos. “A partir de lo de Ojeda, yo creo que fue un punto de inflexión de todo el mundo”.
Chile ha celebrado audiencias para acusar a 19 personas que, según las autoridades, participaron en algún aspecto del asesinato de Ojeda, incluida la planificación del homicidio, su ejecución y la ocultación del cadáver, según documentos judiciales consultados por The New York Times. Los fiscales chilenos dijeron que la mayoría de los 19 acusados son miembros de la rama chilena del Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano que Trump quiere designar organización terrorista.
Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, dijo en una entrevista que tres personas han declarado que el gobierno venezolano contrató a Tren de Aragua para asesinar a Ojeda. Una de esas personas dijo que el principal diputado y ministro del Interior de Maduro, Diosdado Cabello, ordenó personalmente el asesinato, dijo.
Dijo que los investigadores habían eliminado otras dos hipótesis: la extorsión y las luchas internas entre pandillas. En cuanto a la tercera hipótesis —un asesinato político— dijo: “No podemos hacer una afirmación categórica, pero sí una afirmación de probabilidades que son muy preocupantes”.
El gobierno de Maduro, incluido Cabello, ha negado reiteradamente su implicación en el asesinato. Cabello ha bromeado al decir que el gobierno venezolano no tendría las capacidades para llevar a cabo un crimen semejante. Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, dijo que el asesinato fue en realidad “una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió”.
El portavoz de Maduro declinó hacer comentarios para este artículo, mientras que el portavoz de Cabello tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
Los investigadores chilenos creen que agentes de contraespionaje venezolanos han trabajado desde la embajada de Venezuela en Santiago, según un funcionario de alto rango cercano a la investigación, quien habló bajo condición de anonimato para discutir conclusiones que aún no se habían hecho públicas.
Las acusaciones de Chile se producen en un momento en que Trump se ha acercado a Maduro. Envió a Richard Grenell, enviado especial estadounidense, a reunirse con Maduro en Caracas, la capital, y regresó con seis estadounidenses que habían sido retenidos en Venezuela.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la reunión no significaba que Estados Unidos reconociera a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. En cambio, Grenell quiere que Maduro acepte recibir a varios centenares de miembros del Tren de Aragua detenidos en Estados Unidos y liberar a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
Estados Unidos retiró a diplomáticos de Venezuela en 2019. El gobierno de Maduro calificó la reunión de “nuevo comienzo en las relaciones bilaterales”.
La semana pasada, el nuevo zar de fronteras estadounidense, Tom Holman, declaró al Times que los vuelos de deportación a Venezuela comenzarían dentro de un mes.
Muchos observadores internacionales —incluido el secretario de Estado Marco Rubio cuando era senador— han dicho que devolver a los venezolanos a Venezuela bajo el gobierno de Maduro sería una sentencia de muerte.
El gobierno de Maduro tiene un largo historial de abusos contra los derechos humanos dentro de Venezuela. Pero el gobierno también lleva años persiguiendo a disidentes en el extranjero, según exfuncionarios venezolanos, expertos en seguridad y los propios disidentes.
Para ello, Maduro se ha apoyado en una red de agentes venezolanos, bandas criminales y grupos rebeldes aliados para vigilar, intimidar y, en algunos casos, secuestrar a disidentes fuera de Venezuela, según los exfuncionarios y expertos.
En 2021, miembros de un grupo guerrillero colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, secuestraron a un exteniente del ejército venezolano, Franklin Caldera, que se ocultaba en Colombia tras haber ayudado a atacar una base militar venezolana, según su padre y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El ELN llevó a Caldera a Venezuela, donde fue encarcelado y torturado. En noviembre, la Comisión adoptó medidas para proteger a más miembros de su familia fuera de Venezuela debido al aumento de las amenazas.
En diciembre de 2023, Ojeda viajó a la frontera colombiana para tramar un posible levantamiento contra Maduro con otros disidentes, según un abogado de la familia de Ojeda. Allí, el ELN capturó al líder efectivo de los disidentes —un militar retirado llamado Anyelo Heredia— y lo llevó de vuelta a Venezuela, según Mundaray y Pablo Parada, un disidente cercano a Heredia. Ojeda escapó.
Un mes después, el gobierno venezolano publicó una lista de 33 militares que, según dijo, se habían vuelto contra el país. “¡Cero tolerancia con los traidores!”, decía el documento. Los nombres se extrajeron del teléfono de Heredia, dijo Mundaray, y muchos de los que estaban en Venezuela fueron encarcelados.
Ojeda también estaba en la lista. Menos de un mes después, fue asesinado.
Los documentos judiciales muestran la planificación del asesinato entre miembros del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más violentas y conocidas de Latinoamérica. Los mensajes de los teléfonos confiscados mostraban que un jefe de Tren de Aragua comunicó al jefe de la banda en Chile que les pagarían una gran suma por secuestrar y matar a Ojeda. Esto desencadenó una oleada de actividades —todas ellas expuestas en un grupo de WhatsApp— en las que los miembros de la pandilla obtuvieron uniformes, armas y vehículos de la policía chilena, según los documentos.
A las 3:05 a. m. del 21 de febrero de 2024, cinco hombres disfrazados de policías llegaron al edificio de Ojeda en un Nissan Versa con luces de policía en la parte superior. Uno se quedó en el automóvil, otro dio al portero una orden judicial falsa y los otros tres secuestraron a Ojeda.
Días después, en un barrio pobre controlado por la pandilla, la policía recibió una denuncia cuando los vecinos informaron de una actividad sospechosa en una choza donde se veía a unos hombres metiendo cemento y sacando tierra. La autopsia concluyó que Ojeda había muerto por asfixia, según los documentos.
Cuando las pruebas empezaron a apuntar al gobierno de Maduro, el fiscal chileno que dirigía el caso lo dijo en televisión. Venezuela respondió airadamente y negó su implicación. El mes pasado, Venezuela ordenó a Chile que cerrara sus consulados en Venezuela y dijo que se habían suspendido las relaciones diplomáticas.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que si se demuestra que Venezuela ordenó el asesinato de Ojeda, “no es solo una violación a la soberanía, es una violación a los derechos humanos que tiene los peores precedentes que nosotros en chile conocemos bien por nuestra historia”, refiriéndose a la propia dictadura asesina de Chile.
Las imágenes de vigilancia del edificio que mostraban el secuestro se difundieron por todo Chile y más allá. Tohá dijo que los criminales podrían haber destruido las cámaras, pero decidieron no hacerlo. “El señor Ojeda pudo haber sido asesinado de forma mucho más sencilla”, dijo. “Y de una forma mucho menos vistosa de como lo hicieron”. Añadió, “Por algo eligieron esta estrategia” de hacerlo visible.
Parada, el disidente venezolano en Colombia, dijo que días después de que las autoridades encontraran el cadáver de Ojeda, unos hombres misteriosos se presentaron en una reunión de disidentes en Colombia y lo persiguieron por las calles. Pasó una noche en una tubería de aguas residuales para eludirlos. Ahora está escondido de nuevo.
“No es fácil saber que te están buscando para matarte, no es fácil saber que ni siquiera puedes regresar a tu tierra”, dijo Parada. “No es fácil saber que, en cualquier momento, puedo sufrir el destino que sufrió Ronald”.
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