De la secretaria de Ambiente de Bogotá sobre un artículo

Utilizar la palabra “vínculos” en el titular genera suspicacia. Vinculación implicaría poder incidir en las decisiones de la compañía y eso sencillamente no ocurre en la calidad de accionista minoritaria. Los servidores públicos, como lo ha manifestado el Consejo de Estado, pueden tener actividades económicas personales, siempre que ellas no intervengan en su labor. Ni la naturaleza de mi relación con las empresas mencionadas ni el ámbito de la toma de decisiones en las que participo han generado conflictos de intereses o casos de favorecimiento indebido. Me refiero a cada punto:

1. En cuanto a mi relación con Conconcreto y Argos, soy accionista minoritaria de ambas empresas. Conconcreto tiene en circulación 1.134’254.939 acciones asociadas a su proceso de democratización, de las cuales adquirí por portafolio comercial en el año 2010 únicamente 13.686, que equivalen al 0,001 %. Lo mismo sucedió con el Grupo Argos, que democratizó acciones al público, cuando en mayo de 2013 adquirí un paquete comercial de 1.000 (0,00005 %) de un total de 1.170’478.742 acciones en circulación, tal como además sucede con otras acciones que fueron adquiridas mediante un paquete comercial de crédito con una entidad bancaria. Como accionista minoritaria no participo en la elección de los directivos ni en las decisiones estratégicas de la empresa.

2. Como secretaria de Ambiente de Bogotá no he tenido actuación alguna dentro de los procesos de contratación pública adelantados con ocasión de las obras de la primera línea del metro de Bogotá, así como tampoco en el proyecto de Transmilenio por la avenida 68, obras a las que se refiere el artículo como de interés para Conconcreto y el Grupo Argos.

3. En términos permisivos, la Secretaría de Ambiente le ha otorgado a Argos un permiso de aprovechamiento silvicultural (cumpliendo todos los requisitos) desde 2020, mientras que a Conconcreto no se le ha entregado autorización, registro o permiso alguno. Para su información, dichas gestiones no pasan por mi autorización ni consulta, pues los procedimientos internos de la entidad establecen con toda claridad que son las subdirecciones técnicas las responsables de dichos trámites.

4. Las acciones que poseo han sido reportadas e informadas en las instancias competentes, despachos judiciales, órganos de control y, en un caso puntual, a un ciudadano que se interesó, con base en información hecha publica por mí, en mi participación como accionista, lo que lo ha convertido en un tema de discusión y cuestionamiento.

Por los motivos expuestos, resulta mal intencionado, extraño y de poca estimación y empatía afirmar que una servidora pública, que también es ciudadana y accionista minoritaria o ahorradora en sistemas accionarios, busca favorecer a una compañía en proyectos en los que no tiene injerencia ni poder de decisión.

Carolina Urrutia. Secretaria de Ambiente de Bogotá.

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