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Desde el año 2006 he visto cómo el proceso que busca ofrecerles a los colombianos un nuevo canal de televisión nacional evoluciona en medio de las adversidades generadas por el mismo sector de la televisión, que se resiste a compartir a sus televidentes.
Para satisfacer las necesidades de la audiencia, que reclama otras alternativas —vale decir, estudios realizados por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) demuestran que siete de cada diez colombianos desean nuevos contenidos—, la entidad de manera responsable ha contado con los servicios de tres importantes bancas de inversión y un experto como lo es Alberto Carrasquilla Barrera, que le han dado al país un precio base de la concesión acorde a las realidades del mercado.
Personalmente considero que los actuales canales han realizado un excelente trabajo en el primer período regulatorio (primeros 10 años), el cual ha permitido el desarrollo integral de la industria de la televisión en el país, lo ha posicionado como una potencia en el mundo entero en producción de novelas y dramatizados, y por ello, en una decisión de absoluta responsabilidad y con el criterio de proteger la industria, la CNTV solamente autorizó la entrada de un canal privado adicional.
Allí nació el proyecto del tercer canal y se desechó la entrada de un cuarto. Sin embargo, esa decisión responsable no ha sido suficientemente reconocida por la industria, a pesar de que hemos dado absolutamente todas las garantías a los actuales operadores en el desarrollo del proceso licitatorio.
La entidad durante estos tres años ha dispuesto un proceso riguroso, serio y planificado, en el cual han participado como aspirantes las firmas Inversiones Rendiles S.A. (Cisneros de Venezuela), Promotora Audiovisual de Colombia, Pacsa S.A. (Prisa de España) y Canal 3 Televisión de Colombia S.A. (Planeta-El Tiempo), de las cuales hacen parte, en mi criterio, personas muy importantes y empresas que saben de televisión y que conocen como nadie el negocio.
Se construyeron de manera pública y participativa los pliegos de condiciones, con el apoyo de expertos juristas como el doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla. En esta discusión pública y de cara al país, la entidad ha sido receptiva a las observaciones de los interesados y de los órganos de control, desde luego, rechazando aquellas que no se ajustan al interés público o que pueden afectar el patrimonio del Estado.
Es cierto que los grupos Prisa y Cisneros han manifestado su preocupación porque las decisiones en materia de acceso a redes existentes y frecuencias en VHF no satisfacen su interés. Sin embargo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dentro de su competencia, ha ofrecido alternativas, pese a las cuales estos grupos en los últimos días han señalado que no participarán en la licitación. Las discrepancias con las decisiones técnicas no pueden ser la razón para afirmar que el proceso no tiene claridad y transparencia y para retirarse definitivamente del mismo.
Lo que ha pasado es propio de procesos en los cuales están comprometidos asuntos que tienen una trascendencia más allá de lo económico. En este punto, pareciera que los interesados en el proceso han perdido de vista que, además de significar necesariamente una gran oportunidad de negocio para sus grupos empresariales, la verdadera razón de este esfuerzo es la prevalencia de los derechos de los ciudadanos y que son los televidentes quienes tiene derecho a disfrutar de otros contenidos, como lo han solicitado en una alta proporción los colombianos, según los estudios de la CNTV.
Sin duda, los funcionarios de la entidad hemos tenido que vivir el proceso contractual más complejo que el país ha conocido en los últimos años, pues a diferencia de otros en los cuales el componente económico o el aspecto técnico es lo decisorio, aquí se suma la efectividad de los derechos constitucionales de informar y ser informado, pilar de todo régimen democrático, y el despliegue mediático de cada decisión que se toma o se deja de tomar en el curso del proceso.
En el tercer canal concurren los intereses legítimos de los actuales operadores y de los grupos interesados, pero en todo caso los mismos deberían ceder al interés público y a la prevalencia del derecho de los ciudadanos. Creo sinceramente que todos los grupos que participan directa o indirectamente en este proceso deben ser más reflexivos.
El sacrificio personal ha sido enorme. Las apreciaciones parcializadas y los ataques contra la entidad (al punto de llegar a insinuar que el proceso tiene nombre propio) constituyen afirmaciones realmente calumniosas, cuando la realidad es que la calificación de las propuestas es absolutamente objetiva y transparente, basada en un método cuantitativo y con base en el cual quien cumpla con los requisitos habilitantes y ofrezca más en lo económico, será el ganador.
* Director CNTV