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El homicidio del estudiante Dylan Cruz, en el paro nacional de 2019; el de Javier Ordóñez, el 8 de septiembre de 2020; los actos violentos y las muertes el 9 de septiembre de 2020 y del paro nacional del 28 de abril de 2021, así como los múltiples enfrentamientos en las protestas de 2022 y 2023 tienen algo en común: el abuso de la fuerza pública, que terminó en tragedia. Esto abrió una brecha en la confianza de la ciudadanía que, pese a múltiples intentos, sigue abierta.
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Las cifras de los últimos años reflejan el complejo panorama. El Observatorio de Violencia Policial, de Temblores ONG, señala que Bogotá, con 1.507 denuncias, fue en 2021 la ciudad que más casos de violencia estatal en el país, siendo epicentro de un fenómeno “entrelazado con el clasismo y el racismo estructural”. Si bien estos hechos disminuyeron en 2022, al reportar 160 casos, la capital conserva el primer lugar, superando a Antioquia (37) y Valle del Cauca (25).
Al analizar los datos en detalle, Bogotá lidera la cifra de homicidios a manos de uniformados (junto al Valle del Cauca), con cuatro con casos; en violencia sexual también, con siete (43,7 % de las denuncias en el país), así como en violencia física, donde “Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca reportaron 84 (51,2 %), 18 (10,9 %) y 10 (6,1 %) casos respectivamente”, mencionó la ONG.
La situación en 2023, según el Observatorio, muestra que en el primer semestre en Colombia hubo 99 denuncias de violencia policial, entre ellos 12 homicidios, 68 de violencia física y cinco ataques sexuales.
Según Alejandro Rodríguez, de Temblores ONG, este cúmulo de hechos ha llevado a que se pierda la legitimidad de una de las instituciones que tiene el monopolio del uso de la fuerza del Estado, en especial cuando se ha identificado que, muchas veces, detrás de esa violencia hay estigmatización contra la población LGBTI, personas que se dedican al trabajo sexual, consumidores de sustancias psicoactivas y jóvenes en riesgo de inclusión social.
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“Esa deslegitimación podría llevar a que existan otros grupos ciudadanos que quieran ejercer ese control o uso de la fuerza, algo profundamente riesgoso que en una democracia… Por eso, el camino en el que ha venido trabajando el Gobierno y la misma institución para una reforma policial debería estar enfocado en garantizar que los uniformados no van a violentar de manera diferencial a dicha población. Estos cambios, sin duda, mejorarían la confianza”, agrega Rodríguez.
Brecha entre ciudadanos y Policía
Alberto Sánchez, investigador y experto en seguridad y defensa, va más allá en el análisis de esta violencia y destaca que los hechos que vienen sucediendo desde el 2019 reflejan factores que se han mantenido a lo largo de los años y no permiten que dicha violencia se apague del todo. Sin embargo, reconoce que la Policía y el Distrito (en Bogotá) vienen manejando mejor la situación. ¿Cómo solucionarlo? Sánchez plantea algunas estrategias:
“La forma de evitar el uso de la fuerza en contextos de protesta, por ejemplo, es responder de forma más ordenada las demandas ciudadanas. Es decir, el paro en 2019 (en pandemia), el de 2021 y los incidentes de 2022 y 2023 tienen el mismo origen: las falencias de diálogo social en el país. Por esto es que se repiten los bloqueos”.
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Lo segundo, dice el experto, es que hay que fortalecer directa y abiertamente los mecanismos de diálogo con la ciudadanía que deben tener los gobiernos locales. “La Ley 1801 dice que debe haber una etapa de mediación y un equipo de diálogo, así como garantías de interlocución, antes de usar la fuerza. Pero, salvo en Bogotá, Cali y Medellín, no hay equipos de gestores en el país”.
Fuerza pública y tareas policiales
Para el experto en seguridad, otro aspecto es que el Gobierno y las alcaldías delimiten las situaciones en las que realmente es necesario usar la fuerza pública. “Esto, más que una crítica a la Policía, es un llamado al Gobierno Nacional para que establezca claramente los límites en dichas intervenciones, porque lo que termina pasando, de manera reiterada, es que la Policía tiene que actuar en contextos donde la protesta accede a vías de hecho, que ya no son pacíficas”.
Por eso Sánchez ve de manera positiva la noticia de que el Gobierno está trabajando en una política de diálogo social. No obstante, dice, “habrá que ver qué tan eficiente es por fuera del diálogo social, para resolver esas demandas que siguen generando confrontación”.
En medio de esto, el experto llama la atención sobre un punto clave: revisar las labores que se le han designado a los uniformados y sus condiciones laborales. “Es difícil esperar que tengamos una Policía más respetada, más ordenada, mejor educada y desplegada, si les seguimos echando tareas encima. Los uniformados tienen suficiente trabajo y muchas veces pasa que, la forma más fácil de no hacer nada en los otros ámbitos del Estado, es echarle la carga a la Policía”, afirmó.
Finalmente, indica que ese desgaste hay que terminarlo e iniciar una discusión pública sobre la redistribución y desconcentración de tareas de los uniformados, “porque si seguimos esperando que con todo lo que hacen tengan que hacer más, esto no va a terminar bien y lamentablemente se podrían repetir hechos como los del 9 de septiembre”.
¿Qué dice la Policía?
Ante los reiterados cuestionamientos hacia la Policía y la brecha con la ciudadanía, la institución viene adelantando estrategias para corregir el rumbo. Así lo señala la generala Sandra Patricia Hernández, primera mujer en comandar la Policía de Bogotá, quien explicó que se está trabajando bajo cuatro lineamientos que demanda el director general, para contar con mejores elementos en sus filas y recuperar la confianza de la comunidad.
“Los primeros lineamientos son tener una Policía más honesta, a través de la política de integridad policial, donde no vamos a tolerar ningún acto de corrupción y el policía que no cumpla será investigado. Para eso se está trabajando en implementar la política de transparencia policial. Lo otro es capacitar a los policías, no solo en lo concerniente a sus tareas, sino en el respeto de los derechos humanos y en el uso de la fuerza, porque el policía se debe es al ciudadano. Y bajo esa línea tenemos el Comando de Atención Inmediata”, dice la oficial.
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A estas dos directrices se suman otras dos: “Para cerrar la brecha entre la institución y los ciudadanos, implementamos la tecnología. Estamos haciendo un acercamiento con nuestras autoridades político-administrativas, para tener los recursos para prestar un mejor servicio. Esto implica una correcta movilidad, la grabación de los procedimientos, los sistemas para verificar antecedentes en tiempo real y las cámaras de videovigilancia, entre otros”.
Finalmente, “el último aspecto es revisar las condiciones y motivaciones laborales que tienen los uniformados. Debemos suplir esas necesidades básicas que tienen los policías en estímulos para que se sientan motivados cuando salen a prestar su servicio”, agregó Hernández.
Frente al abuso policial en el marco de las manifestaciones, la generala recalca que lo más importante es la denuncia. “La Policía debe ser garante de respeto, de mantener la seguridad y la convivencia. Nosotros ya no actuamos de manera preventiva frente a los delincuentes, sino de una forma disuasiva o muchas veces ofensiva. Pero el llamado a la ciudadanía es a que denuncien”.
Soluciones
Alejando Rodríguez, de Temblores ONG, propone soluciones para acabar con este lamentable panorama. “Un paso fundamental son los ejercicios de perdón público y reconocimiento de los hechos que ocurrieron en los CAI puntuales donde se llevaron a cabo las masacres del 9 y 10 de septiembre de 2020”, agregó Rodríguez, quien recalca que esto debe estar acompañado de garantías de no repetición y acceso a la justicia.
“Por un lado, están los procedimientos disciplinarios desde la misma Procuraduría y de la inspección general de la Policía, los cuales no solo se deben basar en trasladar a los uniformados a otro CAI, sino suspenderlos de sus funciones administrativas”.
Y desde lo penal, Rodríguez manifiesta que, por supuesto, se deben presentar avances que les garanticen justicia a los familiares de las víctimas. “Hoy no ha habido ni una sola condena penal sobre los hechos del 9S y esto es importante porque garantiza justicia y demuestra que hay consecuencias penales y disciplinarias para los uniformados”.
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La generala de la Policía de Bogotá concluye que es fundamental el apoyo del Distrito, sobre todo, a pocos meses de la llegada de un nuevo alcalde. “Necesitamos colaboración en el manejo y los recursos. Un presupuesto para nosotros, que nos ayude a garantizar este servicio de seguridad y convivencia. Específicamente en elementos como la movilidad, la tecnología, el bienestar del personal y la capacitación”, agregó.
Además, hace un llamado a la comunidad para que se integre con la institución y al sector privado. “Aquí es donde abrimos la puerta de esas grandes redes de participación cívica, apoyadas con tecnología y con canales de comunicación, donde hay una gran oferta institucional, que permite que todos hagamos parte de la seguridad, que no sea solamente la Policía, sino que sea de todos”.
Y para que esto se materialice se necesita no solo que la institución responda por la violación de derechos humanos y no los repita, sino un Gobierno y administraciones distritales que evalúen bajo qué condiciones hacen uso de la fuerza pública, y por nuestra parte, los ciudadanos debemos no solo denunciar, sino intentar un acercamiento respetuoso hacia los uniformados que trabajan por acabar este círculo vicioso entre el abuso policial y el irrespeto de la ciudadanía.
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Por Sara Caicedo
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