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La Contraloría General emitió este martes diez alertas de control interno a diferentes actores del sector energético ante el posible riesgo de pérdida de recursos públicos.
Según la entidad, las alertas provienen de un cruce de información entre la Contraloría Delegada de Minas y Energía y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).
Detectó, entre otras cosas, que varias entidades no cobran la contribución especial en los contratos de obra pública y que miles de activos de la Nación no tienen el registro de administrador correspondiente.
Estas son las alertas de la Contraloría y el impacto económico que podrían tener:
Reficar
De acuerdo con la entidad, 1.956 activos de los 37.992 registrados por la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S. en las dos sociedades SAP (CO02 y MDTO) a diciembre 31 de 2020, no tienen administrador responsable. Esto podría tener un impacto económico de US$162.128.045 ($583.660.962.800).
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Ministerio de Minas y Energía – Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas (FAZNI)
La Contraloría halló esquemas que no garantizan la sostenibilidad de los proyectos de Sistemas Solares Fotovoltaicos (SFV), “generando la pérdida o deterioro anticipado de los activos, sumado a una regulación transitoria de tarifas y subsidios”.
También estableció que hay un desconocimiento de las condiciones de la infraestructura de estos sistemas y su funcionamiento.
“Se deben hacer los ajustes por reducción de usuarios al suscribir acta de liquidación, lo cual debe generar devolución”, agregó.
Esto tiene un impacto económico de $281.404 millones.
Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.
La Contraloría encontró que Cenit no realiza la retención del tributo ordenado del 5 % en los contratos de obra pública suscritos por la entidad. Agrega que esto tiene un impacto de $41.010 millones.
Ecopetrol
La primera alerta sobre Ecopetrol tiene que ver con que durante la vigencia 2020 “no ejerció la oportuna acción de repetición tendiente a la recuperación de los recursos pagados, en diferentes procesos en los cuales fue vencida en litigio, al igual que en algunos acuerdos conciliatorios en los cuales debió indemnizar a la parte demandante”, dijo la entidad.
Agregó que en ninguno de los casos en los cuales la decisión de Comité de Defensa Judicial y Extrajudicial de Ecopetrol fue la de no iniciar la acción de repetición se le informó al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.
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Esto tendría un impacto económico de $20.465 millones.
La segunda alerta se refiere a que Ecopetrol no realiza la retención del tributo ordenado del 5 %, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad. Esto costaría $7.393 millones.
Oleoducto Central S.A. – OCENSA
La Contraloría advirtió que Ocensa no realiza la retención del tributo ordenado del 5 % en los contratos de obra pública suscritos por la entidad. El impacto sería de $9.547 millones.
Centrales Eléctricas de Nariño (CEDENAR)
La entidad tampoco realiza la retención del 5 % de la contribución especial sobre los contratos de obra pública. Tendría un costo de $2.001 millones.
CEDENAR y Ministerio de Minas y Energía
La Contraloría señaló que si bien la cartera de Energía puede disponer de los recursos para Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de las centrales de generación de las Zonas No Interconectadas (ZNI), no se justifica continuar realizando estas erogaciones.
Dice que, según indicaciones de CEDENAR, “algunos de los activos se encuentran como no operativos y otra porción, si bien están operativos, ya han cumplido su vida útil y en la actualidad podrían ser más costosos sus mantenimientos”.
Además, estos municipios ya se encuentran conectados al Sistema Interconectado Nacional desde el 2018.
Esto tiene un impacto económico de $1.814 millones.
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Una segunda alerta indica que el comportamiento de la cartera por concepto de arrendamientos operativos evidencia “acumulación de saldos sin gestión de cobro por parte de la empresa, omisión en la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como también en la aplicación de las cláusulas octava y décima segunda de los contratos, poniendo en riesgo los ingresos de la entidad”.
La Contraloría calcula un impacto económico de $263 millones.
Oleoducto de Colombia S.A.
La entidad halló que el oleoducto no realiza la retención del tributo ordenado del 5 % en los contratos de obra pública suscritos. Esto tendría un costo de $822 millones.
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