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La decisión de un fiscal de la Unidad Anticorrupción, que coincidió con la impartida por un juez especializado de Bogotá, en el sentido de ordenar una investigación penal contra los integrantes de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) por la concesión de una licencia para televisión satelital a una empresa vinculada con la comercializadora DMG, tuvo sustento en un minucioso seguimiento financiero realizado después de que se canceló esta irregular negociación.
Aunque desde el 15 de diciembre de 2008 la Superintendencia de Sociedades ordenó la toma de posesión de la empresa Elite Entertainment Televisión S.A. y la Comisión de Televisión se vio obligada a cancelar el contrato, a raíz del escándalo de DMG y sus empresas afines, lo que el Estado descubrió después explica por qué dos autoridades judiciales le ordenaron a la Fiscalía que indagara un presunto lavado de activos, concretado con el apoyo de la CNTV.
Las primeras evidencias sobre el extraño negocio fueron divulgadas por El Espectador en su edición del 7 de diciembre de 2008, en razón a los hallazgos en la memoria USB de la abogada de DMG, Margarita Pabón, dejaron ver que la comercializadora había accedido a la concesión satelital ante la CNTV. Lo que hasta ahora empieza a conocerse son los detalles que antecedieron al negocio y la escasa veeduría del organismo regulador a la hora de tomar su polémica decisión.
La concesión a Elite Entertainment se concretó el 30 de agosto de 2007 en una controvertida sesión durante la cual el entonces comisionado Eduardo Noriega se opuso al negocio con un argumento simple: “La empresa no estaba en operación, lo cual permitía concluir que podía tratarse de una firma de papel”. Aun así, los demás comisionados, Carolina Hoyos, Ricardo Galán, Juan Andrés Carreño y Fernando Álvarez, lo aprobaron.
En consecuencia, Elite Entertainment Televisión S.A. realizó 19 pagos por un valor total de $1.577 millones en una cuenta de ahorros de la CNTV. Siete de los pagos se hicieron a través de cheques, uno más con cheque de gerencia y los demás en efectivo (ver gráfico). Lo paradójico es que la empresa en sus estados financieros registraba $425,6 millones como activos corrientes, de los cuales apenas $94,2 millones eran propiedades de planta y equipo.
Como si fuera poco, era claro que la empresa favorecida no había desarrollado su objeto social durante 2006, entre otros aspectos porque en diciembre de 2005 había cambiado de objeto social. En realidad la empresa había nacido en 1989 con el nombre de Electrónica y Mercadeo Ltda. y sólo pasó a llamarse Elite Entertainment Televisión hasta 2005, razón de más para que la propia CNTV no tuviera cómo constatar parte de la información de la empresa escogida.
De manera complementaria, con el curso de los días vino a evidenciarse que los recursos para pagar la concesión terminaron realmente saliendo de la empresa Inversiones Sánchez Rivera S.A., una de las firmas intervenidas por el Gobierno en razón a que desde allí salió buena parte de los recursos que los engañados ahorradores le entregaron a DMG. Esta última empresa, también conocida como El Gran Trigal, fue la que capitalizó la empresa satelital elegida por la CNTV.
Finalmente, lo que también tendrá que establecer la Fiscalía es por qué la CNTV no prestó atención a la concesión de la primera firma de televisión satelital en Colombia a una empresa cuyo principal socio era un estudiante de ingeniería de 28 años de edad, que en 2006 presentaba millonarias operaciones de ingreso y egreso de divisas por concepto de viajes de negocio, y otro de los socios era un ciudadano mexicano con tres cuentas corrientes y millonarias transacciones.
En el fondo la Fiscalía deberá establecer cuál fue el papel que cumplió José Fernando Grisales Patiño, quien según la Superintendencia de Sociedades, realmente fue la persona que retiró los $1.577 millones, que no venían de la empresa española como se acreditó ante la CNTV, sino que salieron de Inversiones Sánchez y Cía., es decir, de las entrañas de DMG, en momentos en que el país ya estaba escandalizado por las negociaciones de la comercializadora del hoy condenado David Murcia Guzmán.
La respuesta de la Comisión de TV
Juan Andrés Carreño, director de la CNTV, respondió sobre el caso Elite.
¿Qué opina sobre la solicitud del juez de ordenar abrir investigación?
Esa investigación fue iniciada por la Fiscalía hace más de un año. Aproximadamente 30 funcionarios de la CNTV han rendido declaraciones e interrogatorios. Se han practicado visitas y recopilado documentos.
¿Qué ha pasado con los dineros pagados a la CNTV?
La CNTV lleva más de un año colaborando con la Fiscalía . Estos dineros ingresaron al erario de la entidad y se destinaron a apoyar proyectos de televisión pública. La CNTV se encuentra en situación similar a la que vive la DIAN con el recibido de los impuestos que en su momento pagó Elite.
¿En qué van las investigaciones?
A la fecha no ha habido decisiones que comprometan a los funcionarios de esta entidad. La CNTV estudia la procedencia de iniciar acciones judiciales frente a la campaña de desprestigio que algunos interesados en el proceso del tercer canal adelantan contra la CNTV, precisamente en momentos en los cuales la Comisión se prepara para otorgar la concesión del tercer canal.