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El poder de Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo en el mundo del contrabando, se mide en miles de millones. Con un historial de casi cuatro décadas en negocios ilícitos, se dio la licencia de entregar, solo en un año, $1.019 millones en coimas y sobornos a policías colombianos que trabajaban en los puertos de Cartagena y Buenaventura, para que permitieran el funcionamiento de sus negocios ilegales.
Pese a que lleva años bajo el radar de las autoridades, solo hasta hace unas semanas, la Fiscalía logró imputarle cargos por hechos ocurridos entre 2023 y 2024. Con los ojos de las autoridades sobre su nuca, a Marín se le sumó un episodio más que lo tiene hoy en las conversaciones del alto poder y de la política: la supuesta donación de $500 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
El único proceso judicial en contra de Papá Pitufo avanza en un juzgado de Paloquemao, a la espera de que el procesado sea extraditado desde Portugal. En ese expediente, la Fiscalía logró documentar sus andanzas criminales durante un período de siete meses, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.
“Era el líder de una organización criminal que buscaba cooptar a servidores públicos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) mediante la entrega de dádivas como teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás, para lograr que estas personas dejaran de lado sus funciones”, dijo la Juez 48 con Función de Garantías de Bogotá, al dictarle medida de aseguramiento.
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Junto a él delinquían también tres personas identificadas como José Helí Alzate Moncayo, Ricardo Orozco Baeza y Juan Francisco Solano Barrera, alias Pacho. Las investigaciones de la Fiscalía llevaron a imputarle a Papá Pitufo los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar y ofrecer.
El ente investigador asegura que hubo 13 reuniones en hoteles y restaurantes de Bogotá, Cali y Cartagena, en las que el zar del contrabando o sus colaboradores entregaron dinero, celulares y ofrecieron vehículos a uniformados de la Polfa, “para que miraran para otro lado” y permitieran la entrada irregular de cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos. Además, el contrabandista tendría estipulada una nómina para su negocio ilegal de la que hacían parte orgánica uniformados de la Polfa.
Según la Fiscalía, Marín pagaba $3.500.000 a patrulleros y $5.000.000 a oficiales de la entidad que colaboraran con su negocio. El mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, señaló el ente investigador, sería la mano derecha de Papá Pitufo dentro de la Polfa. La investigación lo señala ser el encargado de organizar reuniones con funcionarios de la institución, mantener informado a Marín sobre cambios de personal y alinear con sobornos a los patrulleros y oficiales que llegaban a los puertos de Cartagena y Buenaventura.
La Fiscalía advirtió una particularidad en la entrega de celulares a modo de dádivas, que fue clave para hacer seguimiento a la red de contrabando. Marín Buitrago y sus cómplices se aseguraban de que fueran equipos de alta gama y les instalaban una aplicación llamada Cellcrypt.
Se trata de una tecnología que sirve para encriptar llamadas de voz, mensajes y archivos. En la misma, el zar del contrabando usaba el seudónimo de “Costa Rica” y en las reuniones presenciales se hacía llamar “Hugo”.
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El mayor Sarmiento Rojas habría planeado una primera reunión del zar del contrabando, el 1 de septiembre de 2023, en Bogotá, con el coronel Abdón Enrique Melo Ramírez. En el encuentro, Marín Buitrago le preguntó al uniformado si conocía la aplicación, pero él lo negó. Entonces le ofreció un celular de alta gama, con la aplicación ya instalada para manejar las comunicaciones sobre el negocio de la entrada de contrabando. Como el coronel Melo Ramírez no lo aceptó, reseñó la Fiscalía, Papá Pitufo le hizo llegar a la oficina del uniformado una bolsa con $8 millones en efectivo.
Al día siguiente hubo otra reunión con el mayor Peter Steven Nocua Henao, jefe de la División de Control Operativo de la Polfa, en la que el mayor Sarmiento Rojas le presentó a Papá Pitufo. Este le ofreció, según la Fiscalía, “diversos beneficios en la ciudad de Cartagena”, un celular con la aplicación Cellcrypt ya instalada y $5 millones en efectivo.
El mayor Nocua Henao sería uno de los agentes encubiertos que luego revelaron grabaciones en las que se probaba la red de sobornos y corrupción que habría ingresado toneladas de contrabando al país. En total, habrían sido al menos 17 reuniones en las que se entregaron sobornos y dádivas. En algunas estuvo presente Papá Pitufo y en otras fue reemplazado por sus presuntos cómplices.
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Marín Buitrago, quien tendría también fuentes de información en la Fiscalía, se enteró de que las autoridades seguían halando la cuerda de su entramado de negocios ilegales. Por esa razón, salió de Colombia a comienzos de 2024 y entró sin problemas a España, por tener doble nacionalidad. Allí fue detenido el 5 de abril de 2024, por una Orden Internacional de Detención de Colombia, pero luego quedó en libertad condicional mientras avanzaba el proceso de su extradición.
Cuando esta fue aprobada por la justicia española, se fugó a Portugal, donde fue retenido, una vez más, el 3 de diciembre de 2024. Allí permanece privado de la libertad y no ha querido asistir a las audiencias de su caso ante las autoridades colombianas.
Pese a que desde hace al menos 32 años las autoridades tenían pistas de su poderío, solo hasta ahora la Fiscalía logró imputarle y ordenar medida de aseguramiento. Las primeras señales datan de 1993, pues en el mundo de la mafia era relacionado con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali. Durante esa época, habría gestionado el ingreso de electrodomésticos forrados en dólares, producto del narcotráfico, que luego eran lavados en el mercado negro de divisas.
Para 1995, según fuentes de la Policía, ya habría montado su propio imperio de contrabando con productos procedentes de China. Las autoridades colombianas no eran las únicas que tenían el radar prendido.
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La Fiscalía pidió declararlo en contumacia o rebeldía, una medida que fue aprobada por la juez del caso y que permitirá avanzar en las audiencias y condenarlo sin que esté presente. Aunque el gobierno portugués ya le dio luz verde a su extradición, la justicia de ese país tiene la última palabra, pues Marín pidió asilo.
Mientras se resuelve ese trámite, la Fiscalía sigue recopilando pruebas para llevar a juicio al zar del contrabando por los hechos ocurridos solamente entre 2023 y 2024, y terminando de encajar las evidencias para judicializar a los uniformados que recibieron celulares, carros y dinero en efectivo por “mirar para otro lado”.
Falta ver si, con Marín tras las rejas, la Fiscalía logra sacar adelante los demás proceso con las pistas de las andanzas ilegales de Papá Pitufo que ya cumplen más de 30 años en los anaqueles del búnker.
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Por Gustavo Montes Arias
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