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La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, les sale al paso a los rumores que han venido circulando sobre su renuncia inminente; también explica qué es lo que está pasando con Cuba y el Eln e insiste en que las relaciones con Estados Unidos están bien. Entrevista.
Tras el cruce de cartas con Cuba sobre el tema del Eln, el Gobierno ha dicho que ese país no ha brindado la información esperada y sigue exigiendo la extradición de miembros del Eln. ¿Cómo está la relación entre los dos países en medio de este tire y afloje?
Nuestro país espera la cooperación de Cuba en estos asuntos tan delicados. Ante la alerta de Cuba sobre un posible atentado terrorista del Eln en Bogotá —situación de interés prioritario para la seguridad nacional y la protección de la vida de los colombianos—, convocamos una reunión con el ministro de Defensa, el alto comisionado para la Paz y el consejero de Seguridad Nacional, con el embajador cubano.
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Le preguntamos sobre datos o hechos adicionales que fueran relevantes en un caso tan preocupante para los colombianos, pero lamentablemente no recibimos nueva información. Le insistimos también en una decisión favorable sobre la extradición de los miembros del Eln que se encuentran en ese país y son requeridos por los jueces colombianos. Seguimos a la espera de la respuesta de su gobierno.
En su discurso ante el cuerpo diplomático hace unos días, el presidente Iván Duque habló de materializar las primeras órdenes de extradición de miembros del Eln a EE. UU. ¿Cuántas órdenes están en marcha?
Colombia cumple sus compromisos de cooperación judicial internacional. Cooperación que es esencial para evitar la impunidad y enfrentar la delincuencia que impacta a las sociedades. Quiero reiterar que, en materia de extradiciones, la Cancillería solo actúa como canal diplomático comunicando a los Estados las decisiones de los órganos competentes.
Se escuchan muchas voces que le piden al presidente de EE. UU., Joe Biden, revertir la decisión de Trump de incluir a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. ¿Colombia apoyaría una iniciativa así?
No me corresponde pronunciarme sobre asuntos internos de los Estados Unidos. Cada Estado toma decisiones de manera soberana sin injerencia de terceros.
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En el último informe de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz se resaltaron avances, pero varios países están en alerta por el asesinato de líderes sociales, ambientales, indígenas, afro, LGBTI, mujeres, excombatientes, etc. ¿Qué hará Colombia para tranquilizar a la comunidad internacional?
Para nuestro Gobierno, la protección de la vida e integridad de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos es una prioridad nacional que involucra a todas las ramas del Estado. Los líderes y los defensores cumplen un papel fundamental en la democracia. Es por esto que seguimos fortaleciendo las medidas de prevención y protección, y la capacidad de la justicia para que no haya impunidad. Importantísimo también persistir en las políticas contra las economías ilícitas para erradicar los focos de violencia. La comunidad internacional reconoce que los grupos ilegales son los principales perpetradores de estos crímenes; seguiremos convocando la cooperación internacional y así reforzar nuestra respuesta contra esta problemática.
Si bien Colombia seguirá siendo un país “amigo” de EE. UU., senadores como Patrick Leahy y el Departamento de Estado le piden al Gobierno tomar acciones en temas de derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Qué hará el Gobierno colombiano frente a estos reclamos?
Más que reclamos, de Estados Unidos hemos recibido una actitud positiva de colaborar con Colombia. Nuestro Gobierno, gracias a la política de Paz con Legalidad, avanza con resultados concreto en la implementación del acuerdo, la reincorporación de excombatientes, la reparación a víctimas y el desarrollo de territorios que han padecido décadas de violencia y pobreza. Reconocemos que tenemos retos, y con EE. UU. fortaleceremos la cooperación para seguir avanzando en la estabilización de los territorios, la protección a las comunidades, la lucha contra la delincuencia transnacional y la construcción de paz. Así lo ratifiqué en mi conversación con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y lo haremos con el apoyo bipartidista del Congreso de EE. UU.
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Con todas las críticas que se le hacen a nuestro embajador en Washington, ¿llegó la hora de hacer un cambio diplomático?
El embajador Santos ha sido diligente en las relaciones bilaterales, tanto frente al Gobierno como ante el Congreso de los Estados Unidos, y sigue cumpliendo su labor de relacionamiento con la nueva administración.
El Gobierno presentó un ambicioso proyecto, reconocido por todos los sectores: el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV). ¿Cómo decidió el Gobierno dar este paso y qué esperan en los próximos meses?
La decisión se tomó después de un análisis cuidadoso sobre su necesidad y beneficios para los migrantes y el país. El Gobierno del presidente Iván Duque planteó esta alternativa en el Conpes 3950 sobre atención a migrantes; y bajo su liderazgo y después de meses de trabajo de la Cancillería, Migración Colombia, la Gerencia para la Frontera y otras entidades, construimos el mecanismo. En los próximos meses, pondremos en marcha el sistema de registro creado en el Estatuto y se expedirán los permisos por protección temporal. A partir de allí, todos los migrantes irregulares que llegaron al país hasta el 31 de enero de 2021, y los regulares, van a tener su estabilidad jurídica para trabajar, estudiar y rehacer proyectos de vida. En el Gobierno nos estamos preparando para fortalecer la atención a una migración que será ahora ordenada, regular y segura, y que va a contribuir también al desarrollo de nuestro país.
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¿Colombia se ubica a la vanguardia mundial en el tema migratorio?
Sin lugar a dudas. Es una decisión histórica para la región y el mundo, fundamentada en los principios de fraternidad y equidad de nuestra política migratoria. Su importancia ha sido reconocida por el secretario general de la ONU, el alto comisionado para los Refugiados, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. En el mundo hay varios fenómenos migratorios masivos, y Venezuela es el más crítico. La respuesta de Colombia ha sido en estos años un ejemplo de solidaridad, y la nueva medida es reconocida por la comunidad internacional.
La comunidad internacional, incluido el papa Francisco, ha reconocido los esfuerzos de Colombia con este paso, pero ¿por qué en plena pandemia, cuando la situación es más compleja?
Precisamente por la extrema vulnerabilidad de los migrantes en un momento tan difícil. Es un acto de responsabilidad con ellos y con los propios colombianos. La regularización permite tener la información para que las políticas sociales sean realmente efectivas, entre ellas las de mitigación del COVID-19. La visibilidad y la integración socioeconómica de los migrantes garantizará sus derechos y facilita su contribución a la reactivación de la economía nacional. Paso que beneficia a todos.
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¿Cuánto costará ese proceso y cómo hará Colombia para cubrirlo?
Hay que partir de la base de que el costo de la implementación de la medida será mínimo si lo comparamos con los beneficios que trae. La irregularidad en la migración genera altos costos sociales y económicos, que muchas veces no se perciben y son asumidos por el Estado. Al contar con este Estatuto de Protección se hace visible esa realidad, habrá mejor planeación y uso de los recursos públicos.
Después de un año de pandemia, de los vuelos humanitarios, ¿cuál es el balance de ese proceso que encabezó la Cancillería?
Fue un proceso que fortaleció el trabajo de nuestros consulados en la atención a colombianos en el exterior, que es una de las misiones como Cancillería. En 2020 más de 40.000 compatriotas pudieron regresar en medio de restricciones mundiales, en vuelos que los consulados y entidades como Migración Colombia y el Ministerio de Transporte organizamos desde ochenta ciudades en 57 países.
Asimismo, fortalecimos en esta emergencia el Fondo Especial para las Migraciones con el fin de dar auxilios humanitarios para alimentación, salud y alojamiento a compatriotas en situación de vulnerabilidad en el exterior. Y reforzamos los sistemas virtuales de trámites y servicios, que benefician a los migrantes colombianos en sus lugares de destino.
¿Colombia va a insistir en la estrategia con Venezuela, a pesar de los pocos resultados que se ven hasta ahora? Hay gobiernos como el de Noruega o el Grupo de Contacto Internacional que le apuestan al diálogo con Maduro. ¿Colombia se sumaría a esa iniciativa?
Seguiremos insistiendo en la presión internacional para lograr el retorno de la democracia y las libertades en ese país. Este es el objetivo. También persistiremos en que haya justicia frente a las graves violaciones contra los venezolanos y delitos de lesa humanidad señalados por organismos internacionales.
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¿Cómo están las relaciones con Rusia tras la expulsión de los dos supuestos espías de ese país y la salida del funcionario colombiano de la Embajada en Moscú?
Las relaciones de amistad y cooperación con la Federación Rusa son de vieja data; el año pasado celebramos 85 años de relaciones diplomáticas. El 29 de enero presentó cartas credenciales el nuevo embajador ruso en Colombia, en una ceremonia cordial en la que se pasó revista a los principales asuntos de la agenda bilateral. Tenemos una relación comercial, política y de cooperación amplia, que esperamos seguir fortaleciendo.
Se rumora desde hace varios días que va a renunciar al Ministerio, ¿está cerca su salida de la Cancillería?
Son rumores sin fundamento. Estoy ciento por ciento comprometida con mis funciones, y trabajando con dedicación para impulsar la política exterior del presidente Iván Duque en defensa de nuestros intereses nacionales.
La pandemia, los cambios de gobiernos en EE. UU. y lo que se anticipa en la región muestran serios cambios geopolíticos. ¿No llegó la hora de cambiar el enfoque de la agenda exterior de Colombia?
Nuestra política exterior responde al mundo actual. Desde que empezó el Gobierno, priorizamos el multilateralismo y nunca como ahora se ha demostrado la necesidad de fortalecer ese enfoque para abordar problemas globales como el cambio climático, la pandemia, la delincuencia transnacional y la migración. De la misma manera, priorizamos la legalidad y defendemos la democracia, las libertades y los derechos humanos. Este principio sigue vigente en un mundo donde deben respetarse las decisiones democráticas de cada país; pero en el que tampoco se puede guardar silencio ante dictaduras que violan sistemáticamente los derechos de la población, como el caso de Venezuela.
Y priorizamos el emprendimiento en nuestras relaciones económicas; la agenda ambiental global, pensando en las futuras generaciones, y la equidad como objetivo central del desarrollo. Todos estos son valores esenciales en la recuperación pos pandemia. Estoy convencida de que nuestra agenda exterior responde a los retos que nos plantea el contexto internacional.
Por El meridiano 82
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