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Al finalizar el año, el objetivo principal de la Sijín de Villavicencio en la ofensiva contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes no era una mujer mayor y protectora, que es el perfil común de las proxenetas, sino una mujer de corta edad. Con la Operación Infante, en la que se realizaron varios operativos en casas de lenocinio en los últimos meses, las autoridades recolectaron información suficiente para concluir que era Lady Viviana Ortiz, con escasos 21 años, quien cobraba una tarifa que oscilaba entre $150 y $200 mil por los servicios sexuales que proporcionaban menores cuyas edades iban de los 12 a los 16 años.
El caso de Ortiz les recordó a la Policía y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que, pese a los esfuerzos, la explotación sexual de menores de edad con fines comerciales es cada vez más visible en esta región. “Uno de los problemas más graves es que no existe la cultura de la denuncia y la sociedad es un poco permisiva e insensible. Siempre culpamos al menor, nunca al adulto”, indicó Adriana Álvarez, funcionaria del CTI de la Fiscalía. Por otra parte, la proliferación de bares y discotecas ha ido de la mano con el aumento de niños y adolescentes que son utilizados para estos fines, pues estos lugares, según los investigadores, son los favoritos de los “comerciantes del sexo” para buscar a sus víctimas.
No obstante, a pesar de la gravedad de la situación, en esta zona el año pasado sólo fueron capturadas seis personas y no hay estadísticas claras frente al fenómeno, principalmente por la falta de denuncias. Investigadores del tema creen que, cada vez más, la juventud se está dejando atraer por el dinero fácil de este negocio que, de acuerdo con un estudio de la Fundación Renacer, ha incluido a unos 35 mil jóvenes en todo el país. En el Meta se ha establecido como una de las causas que generan este flagelo que muchos de sus jóvenes crezcan marcados por la ausencia de un proyecto de vida. “Los padres debemos involucrarnos más en sus proyectos y apoyarlos”, expresó Carlota Márquez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Meta.
“Una de los motivos por los que no se puede judicializar a los explotadores sexuales cuando son capturados es porque, en muchas ocasiones, los menores de edad no se presentan ante la Policía para formular sus denuncias. “Algunos, después de estar allí, ya no desean salir de este mundo y antes defienden a sus victimarios”, contó otro agente de la Sijín, quien dijo que la flagrancia es muy difícil de demostrar.
Este fenómeno es tan preocupante que, para tratar de frenar este delito, en Villavicencio se creó la Red Municipal de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, conformada por instituciones oficiales y no gubernamentales, la Policía, la Fiscalía y el Programa Futuro Colombia, entre otros. “Nosotros realizamos cada mes charlas en diferentes instituciones educativas, donde les mostramos a los estudiantes con videos y testimonios lo que significa caer en estas redes de comercio sexual. También les damos a conocer la ley y las sanciones que conlleva involucrarse con estas redes”, sostuvo Wílmar Mancipe León, de la Policía de Turismo.
“La explotación sexual está generando mucho dinero, donde el que menos gana es el menor. En este negocio muchos están recibiendo muy buenas ganancias”, afirmó la funcionaria Adriana Álvarez. Uno de los asuntos que más alarman a las autoridades es que la cercanía de Villavicencio con Bogotá es un factor de peso en la problemática. Los explotadores han encontrado en el Meta un nicho de niñas y niños provenientes de familias desplazadas o con fuertes necesidades económicas, circunstancias que los convierten en blancos aún más vulnerables. Según la Sijín, los explotadores rotan a sus víctimas por los Llanos Orientales. Para las autoridades este panorama es de grave preocupación. “No queremos que la Puerta del Llano sea reconocida por eso”, manifestó un funcionario local.