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Para la Fiscalía, el verdadero denunciante del llamado Pacto de Ralito, firmado en julio de 2001, fue el ex jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso y no Miguel de la Espriella, a pesar de que el ex parlamentario condenado anunció en noviembre de 2006 que había existido un acuerdo secreto entre paramilitares y políticos que trajo como consecuencia beneficios mutuos con el objetivo de “refundar la patria”. Por eso, el ente acusador se negó a otorgarle beneficios por colaboración.
De la Espriella, quien se acogió a sentencia anticipada por sus probados nexos con los “paras” y fue condenado a 45 meses de prisión, a través de su abogado afirmó que si no hubiera sido por él “ni la justicia ni el país hubieran tenido noticia de la existencia de dicho acuerdo” que, según la Fiscalía, promovió que el paramilitarismo infiltrara la política y facilitó la consolidación de estructuras ilegales para favorecer la impunidad e imponer candidatos.
El ex senador, cuya detención se produjo en mayo de 2007, negó que hubiera revelado la existencia del Pacto de Ralito por “presión o chantaje” del extraditado Salvatore Mancuso. Fue su denuncia, dijo, la que obligó al paramilitar a “desempolvar” el documento y entregarlo a las autoridades. En su petición, De la Espriella recalcó que aunque no reveló entonces los nombres de los 27 firmantes, sí les hizo un llamado público para que dieran la cara, y que no entregó el escrito porque no lo tenía en su poder.
Y para acreditar su voluntad con la justicia y probar que sí fue quien reveló el siniestro pacto con las autodefensas, recordó que en su primera diligencia ante la Fiscalía, mucho antes de que Mancuso entregara el documento, mencionó a Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, Luis Carlos Ordosgoitia, Jesús María López, Freddy Sánchez Arteaga y Álvaro Cabrales, entre otros, algunos de los cuales ya fueron condenados.
Dicho de otro modo, el ex senador cordobés Miguel de la Espriella se autoproclamó ante la Fiscalía como el acusador que le permitió a la justicia aclarar lo sucedido ese 23 de julio de 2001, día cuando fue suscrito el pacto. De hecho, su abogado argumentó que en un pronunciamiento del vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, al revisar una segunda instancia de este proceso, el alto funcionario resaltó que Miguel de la Espriella fue quien descubrió el acuerdo, o por lo menos lo dio a conocer. En ese sentido, el defensor sostuvo que los beneficios por colaboración eran más que merecidos por su cliente.
La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte, sin embargo, dejó en claro que no podía otorgar beneficio alguno a una persona que denunció el Pacto de Ralito no como producto de un examen de conciencia, sino empujado por el chantaje de Salvatore Mancuso desde la cárcel, al anunciarle a De la Espriella su intención de contar lo ocurrido. “El hecho de que Mancuso haya utilizado como vocero de la noticia al doctor De la Espriella no significa que los dos puedan ser beneficiarios por colaboración, pues sólo el primero tenía la oportunidad real de hacerlo eficazmente”.
La Fiscalía reiteró que sólo cuando el ex parlamentario visitó a Mancuso en la cárcel de La Ceja, Antioquia, y tuvo la certeza de que iba a revelar el documento del acuerdo, fue que salió a los medios de comunicación a confesar lo acontecido en Santa Fe de Ralito. En otras palabras, concluyó el ente acusador, Mancuso utilizó al ex senador como ventrílocuo suyo, “por más que De la Espriella hubiera anticipado información a la prensa”. Y en ese contexto, no reúne los méritos suficientes para ser acreedor de alguna rebaja procesal.
La Unidad de Fiscales delegados ante la Corte, en su concepto conocido por El Espectador, recalca que en todas las acusaciones y sentencias producidas en los distintos procesos adelantados por el caso del Pacto de Ralito, las confesiones de Miguel de la Espriella sólo han servido para “contextualizar los hechos materia de la investigación, pero de ninguna manera para probar la participación de los acusados en los hechos”. Como si fuera poco, añadió que De la Espriella, en declaración rendida ante la Corte Suprema de Justicia, negó que el parlamentario Reginaldo Montes tuviera vínculos con el paramilitarismo, cuando ese mismo tribunal lo condenó recientemente a 72 meses de prisión por concierto para delinquir.