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Lucy Yadira Ochoa, hija del campesino Fermín Ochoa, asesinado en 2007 por miembros del Ejército, no puede contener las lágrimas cuando tiene enfrente a uno de sus victimarios y, dice, no está diciendo la verdad. “Está mintiendo. Usted no conoció a mi papá”, le interpeló al teniente (r) Marco Fabián García, durante el acto de reconocimiento de responsabilidad en el que 26 militares ofrecieron disculpas por 303 ejecuciones extrajudiciales en Casanare, entre 2005 y 2008. Se trata de uno de los pasos esenciales en la búsqueda de justicia y verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que hace un año imputó crímenes atroces al grupo de militares, así como a civiles involucrados y exfuncionarios del extinto DAS. Entre ellos, al general (r) Henry Torres Escalante, comandante de la Brigada 16.
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García, a quien le gritaba Ochoa, cumplía con su acto de reconocimiento, previo a las sanciones finales que él y sus 25 excompañeros de filas tendrán que enfrentar, tras asumir responsabilidad y comprometerse a contar la verdad de los falsos positivos. Para Ochoa, no obstante, con la investigación sobre Casanare en la cúspide de su desarrollo, no tiene sentido que el teniente (r) García siga diciendo que conoció a su padre, cuando en diligencia de 2019 sostuvo todo lo contrario. “En el video de hace cuatro años, usted, teniente García, dice que nunca había visto a mi padre”, exclamó Ochoa. Ante una intervención así de vehemente, García no tuvo de otra que reconocer que le ha estado mintiendo a la JEP, sembrando más dudas sobre un crimen del que, se supone, se busca su esclarecimiento.
Una de sus víctima, Fermín Ochoa, fue acusada falsamente como informante de la guerrilla, lo cual le valió su asesinato a manos de militares a quienes sus superiores solo les exigían bajas. Tal como se ha develado en los casos de la costa Caribe y Antioquia, durante los primeros años de la década del 2.000, comandantes del Ejército requirieron únicamente muertes en combate, lo cual era recompensado con días de permiso y felicitaciones. Así lo reconoció el excomandante del Grupo Delta 4 y exmiembro del Gaula en Casanare, Faiber Amaya, quien aseguró haber fusilado a un joven que salía del colegio y que fue identificado como informante: Yair Tarache. “Fue premiado con un curso en Estados Unidos por tres meses. Luego me presenté a Henry Torres, quien me transfirió al Gaula”, reconoció Amaya.
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Para la JEP, Gaula, Ejército y DAS tienen responsabilidad compartida en este capítulo de horror de la guerra. Para esclarecer públicamente el papel del extinto Departamento, el exdirector de la seccional Casanare, Orlando Rivas Tovar, tomó el micrófono. “Continué con políticas institucionales y puse en práctica otras ordenadas por el nivel central del DAS, que estaban encaminadas a que los funcionarios de la entidad suplieran las funciones de Policía Judicial. El DAS, en su condición de departamento administrativo, hacía parte de la rama ejecutiva y, por lo tanto, dependía y cumplía órdenes directas de la Presidencia”, concluyó Rivas, quien fue claro en mencionar la relación del DAS Casanare y la política de “seguridad democrática”.
De otro lado, Andrey Pérez, hijo de la víctima Ignacio Pérez, utilizó su espacio en la audiencia para exigir respuestas y aclaró que está siendo “diplomático” con respecto a lo que podría decir. “Aquí no tenemos garantías. Todos ustedes están en libertad. Y ahora tienen más conocimiento de dónde vivimos. De quiénes son nuestros familiares. Si no nos respetan en el ámbito privado, no podremos saber cómo serán afuera de estos recintos”, concluyó. Las intervenciones de los familiares de víctimas fueron respaldadas por grandes aplausos de los asistentes, quienes sintieron la voz de quienes van a cumplir dos décadas buscando respuestas concretas. “¿A quién está encubriendo?”, le preguntaron a un militar. Derly Patiño, esposa de Edgar Araque (2005), preguntó airadamente “¡¿Quién dio la orden?!”.
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La audiencia, al menos en su primera jornada, será recordada también por las palabras que algunos de los militares dijeron ante sus víctimas. Entre ellos, el mismo el soldado Faiber Alberto Amaya, quien pidió perdón por haber derrumbado los proyectos de familia del joven que asesinó. “Qué difícil es hoy hacer lo correcto y poner la cara”, dijo. El mismo exuniformado Marco Fabián García, no sólo reveló su mentira, la cual será verificada por la JEP, también reconoció haber deshonrado los valores que le enseñaron en su hogar y a la comunidad que juró defender. “Ofendí con la convicción errada de actuar bien ante mis superiores, mientras ellos celebraban, y yo me hacía el ciego y el sordo con el dolor de personas como las que están aquí presentes. Fui felicitado. Exaltado. Y hasta homenajeado”, concluyó.
Caso aparte merece el testimonio del teniente (r) Edwin Toro, quien reconoció su participación en la ejecución de 17 inocentes. Se recordó a sí mismo como un joven soldado que ingresó a la escuela militar en 1999 y que terminó defraudando a su familia y los pobladores que buscaban en el Ejército de Casanare una defensa ante la barbarie de la guerrilla. Con el agravante de que fue él quien trajo la idea de las ejecuciones extrajudiciales a ese departamento. “Yo me arrepiento de haber traído de Antioquia este sistema a los grupos delta. Ellos vieron en mí un ejemplo”, concluyó. Así cerró el primer día de reconocimiento de responsabilidad por parte de militares.
Este 19 de septiembre continúan los militares imputados restantes, entre ellos Torres Escalante, un general que por años sostuvo su inocencia, pero ahora acepta que pagó $45 millones para cambiar un testimonio que lo podía beneficiar e, incluso, reconoce que hizo parte del sistema que le permitió al Ejército de Colombia asesinar a miles de víctimas.
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