Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La justicia acaba de documentar cómo a través del ex registrador municipal de Palestina (Huila), Norberto Molina Scarpeta, la columna móvil Teófilo Forero de las Farc y el frente 13 de esa organización adquirían cédulas y registros aparentemente legales con el fin de escapar del cerco de las autoridades e imposibilitar la identificación de muchos de sus integrantes en procesos judiciales. Tal fue el caso de Anayibe Rojas Valderrama, alias Sonia, la guerrillera que fue extraditada a Estados Unidos en 2005 acusada de manejar una sofisticada red de narcotráfico en el sur del país.
Precisamente, durante varios meses la plena identificación de alias Sonia se convirtió en un dolor de cabeza para el Gobierno ya que aparecía registrada con otros dos nombres distintos: Marly Yurley Capera Rodríguez y Paola Andrea Ruiz Carvajal. Ambas cédulas fueron expedidas en Palestina (Huila) y tramitadas por el registrador Molina Scarpeta. Esta maniobra se efectuó a otros 216 guerrilleros, en la cual para expedir esas cédulas se utilizaban, en unos casos, registros civiles auténticos de otras personas y en otros se omitían las exigencias legales de los documentos que “lo único que tenían de auténtico eran la fotografía y la huella del beneficiado con la irregular identidad”.
Las autoridades constataron que el ex registrador de Palestina, entre 1998 y 2005, alteró innumerables registros civiles de nacimiento de menores de edad de ese municipio y utilizó los seriales para acreditarles una nueva identidad a subversivos que ya tenían procesos penales o que necesitaban movilizarse con facilidad por la región. Varios guerrilleros declararon que Molina Scarpeta se trasladaba a lugares recónditos donde se escondían los guerrilleros y hasta les llevaba ropa para que se cambiaran y él mismo les tomaba las fotos. Además testigos contaron que tenía los alias de El Registrador o El Zarco y que hablaba con regularidad con el jefe de las Farc, alias Rubén Polanco.
Ubel Queli Díaz Muñoz, un desmovilizado de las Farc, corroboró haber sido cedulado ilegalmente por Molina Scarpeta y añadió que conoció al ex registrador en 2001 en un campamento de la guerrilla. Según él, el ex funcionario “hasta nos sugería los nombres a inventar para que fueran de fácil recordación y hasta llevaba camisas para la fotografía” y además cobraba por cada cédula expedida $400 mil. Reposa además en el expediente que uno de los testigos que declaró en contra del ex registrador apareció muerto.
Norberto Molina, quien fue condenado por los delitos de rebelión y falsedad ideológica en documento público, reconoció que sí ceduló a muchos guerrilleros de las Farc, pero que lo hizo después de que la guerrilla lo secuestrara en 1997 y lo obligara a llevar a cabo clandestinamente esta actividad. Sin embargo, existen muchos testimonios que lo relacionan no como una víctima sino, todo lo contrario, como un enlace más de la subversión para evadir la mano de la justicia. Por poco lo logra Anayibe Rojas Valderrama, una guerrillera que dentro de los planes estratégicos de esa organización era la encargada de manejar el tráfico de estupefacientes y las ganancias del ilícito negocio en el sur del país. Los organismos de inteligencia aseguran, incluso, que esta “baja” le dolió mucho más a las Farc que la captura y posterior extradición de Simón Trinidad.