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El despliegue estadounidense en aguas del Caribe ha generado un amplio debate, principalmente porque, aunque el gobierno de Donald Trump asegura que se está combatiendo el narcotráfico que ha “inundado de cocaína” a su país, varios expertos señalan que se trata también de una estrategia militar para debilitar al régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Si bien esto puede ser cierto, el despliegue militar también se ha extendido al Pacífico, más cercano a Colombia, con cuatro ataques en las costas de Buenaventura y tres en las de Acapulco, México, según The Washington Post.
“Es evidente que hay una intención mayor: ejercer presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro y, en un nivel más amplio, reposicionarse geopolíticamente en el hemisferio occidental, tal como lo indica la Estrategia de Seguridad Nacional publicada recientemente por la Casa Blanca. Aun así, la operación se mantiene dentro del marco de una campaña antinarcóticos”, afirmó Víctor Mijares, profesor de la Universidad de los Andes.
Según The Washington Post, once de los ataques contra las llamadas “narcolanchas” tuvieron lugar en el mar Caribe, mientras que otros once se registraron en el Pacífico oriental. Estas acciones han sido defendidas por el presidente Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien aseguró en su cuenta de X que “estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y recibirán el mismo trato”.
Los ataques en el Pacífico representan una prioridad estratégica para Estados Unidos porque Colombia y Ecuador poseen extensas costas en este océano, que los especialistas identifican como las rutas principales para el tráfico de drogas hacia el norte, atravesando América Central y México con destino a Estados Unidos, según la BBC.
“La gran mayoría de los ataques recientes contra estas lanchas han ocurrido en el Pacífico. Esto sugiere que Estados Unidos está cambiando su enfoque del Caribe hacia esa región, lo cual tiene sentido si se considera que, según datos de la DEA, el 75 % de la droga que venta de Sudamérica hacia EE. UU. transita por el Pacífico y no por el Caribe”, explicó Geoff Ramsey, asesor principal no residente del Atlantic Council.
Parece entonces que, aunque el despliegue busca ejercer presión sobre el régimen chavista de Maduro, Estados Unidos también está respondiendo con igual intensidad en el Pacífico a una promesa de campaña del presidente, quien se comprometió a usar la fuerza armada para combatir al crimen organizado.
Sin embargo, cabe preguntarse a qué costo se cumple esta promesa. El gobierno ha sido objeto de críticas y escrutinios por estos ataques, que han causado alrededor de 82 muertes. Expertos de Naciones Unidas los han calificado como “ejecuciones ilegales” sin debido proceso judicial ni garantías legales.
Las dudas se profundizaron tras la revelación de The Washington Post de que, durante un ataque el 2 de septiembre contra una embarcación acusada de transportar droga hacia Estados Unidos, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría ordenado asesinar a dos sobrevivientes del primer ataque. La orden, directa y verbal, dio pie a un segundo bombardeo contra la lancha.
“En Washington hay un intenso debate sobre estos ataques. El presidente Trump enfrenta una fuerte presión del Congreso para justificar y explicar su estrategia. De hecho, tanto republicanos como demócratas se están pronunciando en contra de esta política”, afirmó Ramsey.
Hegseth y la administración han negado las acusaciones de crímenes de guerra, asegurando que, aunque estuvo al tanto del ataque, “tuvo que irse” y se enteró horas después. “No vi personalmente a ningún sobreviviente… (…) porque la embarcación estaba en llamas y explotó, con fuego y humo que impedían la visibilidad. Existen imágenes digitales, pero eso es lo que se conoce como la niebla de guerra”, explicó.
“En todo caso, a Washington le preocupa más su imagen interna y la posibilidad de enfrentar acciones político-jurídicas en EE. UU. En cuanto a la imagen externa, esta administración no muestra gran inquietud por el derecho internacional, sino que parece enfocada en proyectar una imagen de potencia militar dominante. Su prioridad es mostrarse como una fuerza fuerte, más que como una potencia benévola o respetuosa del derecho internacional”, agregó Mijares.
Los escándalos y teorías han rodeado los ataques de Estados Unidos en aguas latinoamericanas. Aunque se percibe un claro mensaje político contra Nicolás Maduro y el presidente colombiano Gustavo Petro, Mijares sostiene que las acciones en el Pacífico no son contradictorias, sino que se alinean con los objetivos de control y presencia estratégica de la administración Trump.
“Todas estas operaciones parecen encajar dentro de lo que Trump ha llamado el ‘corolario Trump’, una actualización de la Doctrina Monroe. Esta sostiene que Estados Unidos tiene el derecho de mantener una presencia permanente en las Américas y de impedir que potencias externas influyan en la región”, concluyó Mijares.
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Por Laura Henao Arévalo
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