Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Garantizar que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer libremente su derecho al voto y que las candidatas y los candidatos puedan presentar sus nombres para ser elegidos sin ningún obstáculo ni constreñimiento es fundamental para generar credibilidad y confianza en los resultados electorales. Sin embargo, los procesos electorales se han convertido en un terreno abonado para la corrupción. Esta comienza con la financiación de las campañas, que en no pocas ocasiones han sido objeto de escándalos por la falta de transparencia en su manejo y el ingreso de dineros provenientes de actividades ilegales. A esto se suman los procesos amañados en la entrega de avales, los procedimientos poco transparentes en la selección de candidatos —en muchas ocasiones autocráticos e impuestos por quien maneja los hilos del poder—, la compra de votos y la manipulación de los resultados electorales, para mencionar solamente los más evidentes y comunes.
Los riesgos de corrupción se hacen aún mayores por las deficiencias de las instituciones encargadas de vigilar los procesos electorales, la falta de independencia de quienes las conforman por el origen político de su elección y la ausencia de controles efectivos a su gestión.
Un reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) llama la atención sobre recientes procesos de contratación en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por ejemplo, la contratación de “una solución integral logística, tecnológica e informática por un valor de $1’240.118’339.645, cuyo objeto incluye la ejecución de la mayoría de componentes del proceso electoral”. De acuerdo con esta investigación, al proceso solo se presentó un proponente a través de la figura de unión temporal, de la cual además forman parte 11 empresas, en su mayoría las que por años se han ganado estos contratos y que pertenecen a un solo consorcio empresarial. Además, en los 45 procesos contractuales realizados, 30 de los contratistas fueron escogidos por el mecanismo de selección abreviada, 10 por urgencia manifiesta, cuatro mediante contratos interadministrativos y uno por no existir pluralidad de oferentes. Es decir, utilizando modalidades excepcionales. Estos procesos generan cuestionamientos y no se compadecen con lo que establece el Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993) en materia de los requerimientos de transparencia, economía y pluralidad, ni la Guía de Competencia en las Compras Públicas de la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (“II Informe Electoral – Elecciones Congreso y Presidencia 2022. Caracterización de la Contratación de la RNEC, 2011-2021”).
Una vez transcurridos los comicios se recoge la cosecha y se comienza a evidenciar la devolución de favores: la adjudicación de contratos a los financiadores, los nombramientos de familiares y amigos en cargos públicos, la incidencia indebida en las decisiones de otras ramas del poder y en los órganos de control, las investigaciones exhaustivas que no terminan en nada. ¿Debe sorprendernos el silencio de las entidades responsables de controlar los procesos contractuales? Quizá no, porque tienen por lo menos una cosa en común: el apoyo y el silencio de los sectores políticos que se benefician de sus actuaciones y omisiones.
Conoce más