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El 17 de julio de 2023, después de las 10:30 p.m., mientras se alistaban para dormir, Héctor Rodríguez y Liz Gómez sintieron un olor que aún les cuesta describir. Entonces, las lluvias en Naranjal, una vereda de Quetame, Cundinamarca, a dos horas de Bogotá, no se contaban por días, sino por semanas. Estaban acostumbrados a escuchar la creciente en la quebrada que pasa a un costado de la vereda y que lleva su mismo nombre, pero esa noche había algo inusual en el ambiente. “Olía como a azufre”, recuerda Héctor.
El cauce, que en Naranjal describen como “hilito de agua” en época de verano, se había convertido en una avenida torrencial de 15 metros de altura, que arrastraba el lodo y las piedras que se desprendían de las laderas. Ese sedimento que nutría la quebrada era el que desprendía el olor que alertó a la vereda.
Pasadas las 11:00 p.m., cuando Héctor y Liz salieron de su casa, el agua que normalmente veían varios metros abajo de un barranco ya los había rodeado. “Fue el perro el que nos guio para atravesar la corriente”, cuenta Héctor mientras repite el recorrido de más de cinco metros que hicieron esa noche, antes de huir hacia la parte alta de la montaña.
Mientras tanto, Julia, una vecina de 84 años, se había quedado atascada en medio del lodo que ya había entrado a su casa y sus hijos intentaban sacarla. Stefy, una patinadora de 14 años, fue arrastrada por la corriente junto a sus padres, cuyos cuerpos encontraron en medio de las labores de rescate. José Antonio Velásquez y su mamá también fueron arrastrados varios metros, pero lograron salir. De las 40 familias que habitaban la vereda murieron 28 personas, y otras tantas tuvieron que ser trasladadas a hospitales de municipios cercanos.
Cuando bajaron de la montaña, a las 5:15 a.m, Naranjal estaba en ruinas. “En esta zona encontraron como a 17 personas”, señala Héctor sobre un pastizal que hay entre su casa y la de Julia, que todavía está cubierto de escombros y tierra amarilla. Otros fallecidos fueron arrastrados más allá de la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, unos 500 metros quebrada abajo.
A algunas casas apenas les quedaron en pie las paredes. Una roca enorme destruyó parte del segundo piso y dejó inestable la estructura de la de Héctor y Liz. “Teníamos una piscina para los patos. Yo salía a darles de comer a mis pollos y a recoger limones”, apunta uno de ellos, mientras muestra su celular con una fotografía de la casa antes de la avalancha.
En el momento, se dijo que la vereda había desaparecido, pues ya no era habitable. Así lo fue por poco tiempo. “Nos dieron mercado y un auxilio para arriendo durante los primeros dos meses”, cuenta Héctor, mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cumplía con su compromiso de reubicar a 39 familias que figuraban en el registro de damnificados. Pero dejaron de recibir ayudas desde octubre. Otras familias, como los Sabogal, decidieron regresar a Naranjal, a la misma casa en la que lograron salvarle la vida a Julia “por un milagro”. Liz y Héctor no regresaron por miedo, porque les dijeron que la tragedia se podría repetir. Se fueron a una casa pequeña en Cáqueza, municipio cercano, donde pagaban el arriendo con trabajos, como podar la finca del dueño.
El próximo miércoles se cumplirá un año del día de la tragedia. La UNGRD tiene un proyecto para reubicar a las familias, pero han pasado varios meses sin que les den noticias de avance y volvió la temporada de lluvias a Naranjal.
Las tragedias anunciadas
El día después de la avenida torrencial, un equipo de expertos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) llegó al lugar para levantar información durante varios días y elaborar un informe de lo ocurrido. El Espectador conoció el documento, donde se analizan desastres pasados, y los expertos coinciden en que varias zonas de Quetame y Guayabetal, Meta, han presentado condiciones de riesgo debido a la deforestación por el aprovechamiento de madera y la ampliación de frontera agrícola, entre otros factores.
Además, el SGC revisó las cuencas de varias quebradas y ríos cercanas a Naranjal, en las que había material sedimentado de esta y otras avenidas torrenciales, y concluyó que “estos materiales son susceptibles a moverse ladera abajo y eventualmente generar un represamiento y posible embalsamiento que pueda desencadenar un evento torrencial de igual o mayor magnitud a la presentada el 17 de julio en la quebrada Naranjal”. Sobre la vereda aseguran que, en la zona en la que estaba ubicada, “es probable que se vuelva a presentar un desbordamiento”.
Cuando caen grandes cantidades de lluvia en pocas horas, explica Bogdan Nitescu, docente del departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, la tierra almacena tanta agua que pierde su capacidad de “infiltrarla para que llegue a los ríos y quebradas”. En la cordillera oriental, las montañas están compuestas sobre todo de rocas sedimentarias, que se desintegran fácilmente cuando almacenan mucho líquido. La tierra que se desprende en forma de lodo llega a nutrir el caudal cada vez más alto de las quebradas y ríos que pasan por las montañas, convirtiéndolos en avenidas torrenciales, como la que acabó con gran parte de Naranjal. Una vez ocurre el desastre, como ha pasado en otros casos, se dice que había sido anunciado.
Un artículo publicado en 2022 en la revista Natural Hazards, del cual Nitescu es coautor, evaluó un modelo de predicción de riesgos con base en la información geológica e hidrológica de gran parte de la vía al Llano. Allí se concluyó que el kilómetro 58, en donde se encuentra la vereda Naranjal, es el tramo más propenso a sufrir deslizamientos en el recorrido entre Villavicencio y Bogotá. En 2017, la historia fue similar en Mocoa, con la diferencia de que aquella vez no se trataba de una vereda, sino de la capital de Putumayo, en donde murieron más de 300 personas.
Los problemas de Colombia en materia de desastres “se explican en parte por los efectos del cambio climático, pero también por la fragmentación social y espacial del territorio”, explica Gonzalo Duque Escobar, ingeniero civil de la Universidad Nacional y parte del equipo de expertos que asesoró la reconstrucción de Armenia tras el sismo ocurrido en 1999.
Por una parte, porque el aumento de la temperatura promedio del planeta está generando que los fenómenos climáticos sean cada vez más intensos e impredecibles. Por otra, porque “el uso inadecuado de la tierra lleva a que esos riesgos se intensifiquen. En los ecosistemas andinos, hemos deforestado el 80 % de coberturas vegetales originales”, explica Duque. Cuando hay árboles, complementa Nitescu, las raíces y la materia orgánica que se forma bajo tierra absorbe parte importante del exceso de agua que se genera con las lluvias, “lo que hace que se libere menos sedimento hacia los ríos”.
Los expertos coinciden en que en una zona donde los bosques están conservados el nivel de los ríos no varía tanto entre el verano y la temporada de lluvias. En cambio, en las zonas deforestadas, como las montañas que hacen parte de la vía al Llano, la historia se repite cada año: pequeñas quebradas se convierten en grandes corrientes de lodo que, en los casos menos graves, bloquean el paso vehicular.
Todavía falta un mes y medio para que, según datos del informe del SGC, terminen los meses de lluvias más intensas en la región y, debido a esto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informa que 339 municipios del país están en alerta por deslizamiento. Además, se espera que durante los últimos meses de 2024 inicie La Niña, un fenómeno climático que causa un aumento en las precipitaciones que se registran en Colombia. Si eso ocurre, estima la UNGRD, se presentarían afectaciones en 1.083 municipios de los 1.123 del país.
En la pasada cumbre de cambio climático (COP28) que se llevó a cabo en Dubái, después de 30 años de negociaciones, se logró acordar la estructuración del Fondo para Pérdidas y Daños. El objetivo de este es reconocer que los países que menos han contribuido al cambio climático son los que más padecen sus consecuencias. Los recursos que conformen ese fondo, “donados” por los países que más han contruibuido a la crisis climática, serían destinados a atender los desastres que afectan a las poblaciones vulnerables en países en desarrollo.
Al final de la conferencia, en diciembre de 2023, se habían reunido cerca de US$800 millones para este fondo. Sin embargo, aún no es claro cómo va a llegar ese dinero a las personas que lo necesitan y si lo recibirán en forma de crédito, pues la organización que lo gestionará es el Banco Mundial. “Queda mucho trabajo por hacer para garantizar que el Banco Mundial, como anfitrión interino, cumpla las condiciones descritas en el texto acordado, en particular que los recursos del fondo beneficien directamente a las comunidades y que sus operaciones se alineen con los principios de derechos humanos”, dijo a El Espectador Lyndsay Walsh, asesora de Política Climática de la organización Oxfam, durante la COP28.
Otros expertos, como Adrián Martínez, presidente de la ONG Ruta del Clima, manifestaron entonces a este medio preocupaciones frente a la estructuración del fondo, como la falta de justicia en su funcionamiento: “Este fondo ha sido estructurado para dejar a un lado los derechos humanos, las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y las inversiones basadas en obligaciones”. Mientras tanto, a la espera de que se materialice la entrega de fondos para los países que más padecen los desastres climáticos, las familias damnificadas en Colombia dependen del dinero de la UNGRD.
A la espera de reubicación
Cuando la UNGRD se comprometió con las familias de Naranjal a reubicar la vereda en una zona cercana, llevaron a las familias a ver uno de los sitios que haría parte del proyecto. “Es un lugar muy bonito, nos mostraron dónde construirían las casas. Estábamos muy contentos”, afirma Héctor.
Según un derecho de petición que esa entidad respondió a El Espectador, se trata de 13 predios ubicados en una misma finca de Cáqueza, Cundinamarca. “Estos predios ya se encuentran en elaboración de contrato de compraventa y cuentan con inscripción de oferta de compra en la Superintendencia de Registro y Notariado”, dice el documento. La entidad también informó que hay un presupuesto asignado de $7.566 millones y que estos predios serían destinados a la reubicación de 25 núcleos familiares. Las 15 familias restantes serían reubicadas en Une, Cundinamarca, y Villavicencio, Meta.
Esto ocurrió durante los primeros meses de 2024 y “el proceso se estaba moviendo, hacían visitas con frecuencia y nos mantenían al tanto de todo”, cuenta Liz. Después, aseguran los habitantes de Naranjal, dejaron de tener una comunicación fluida con la UNGRD. El 15 de marzo de 2024, esa entidad habría radicado en la Fiduprevisora la solicitud para elaborar el contrato de compraventa de los predios. En el derecho de petición, la Unidad dice que ese documento está “pendiente de elaboración”, por lo que no se han podido comprar los predios.
Pero Héctor tiene otra versión: el 21 de marzo, uno de los funcionarios de la UNGRD que tenía contacto con las familias envió un mensaje al grupo de WhatsApp por el que se comunicaban: “Como bien saben por los medios de información, la entidad está atravesando por un reordenamiento en la dirección. Mientras pasa todo el empalme, estamos esperando respuesta de los nuevos subdirectores para poder proseguir con las mesas de trabajo con Alcaldía y Gobernación. En esa medida, todo se ha parado, inclusive lo predial, hasta tanto se reorganice y termine el empalme de la nueva dirección”.
Esas mesas de trabajo se retomaron el 29 de abril, luego de una visita de Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD. Ese día, las familias solicitaron que se reactivara el subsidio de arriendo mientras se hacía la compra de los predios y la construcción de las nuevas viviendas, pero eso no ha ocurrido. El Espectador se comunicó con la Gobernación de Cundinamarca para conocer el rol de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgo de Desastres, y explicaron mediante un mensaje que esa oficina “ha hecho el acompañamiento de las visitas y ha adelantado las solicitudes pertinentes, mas no lidera el proceso. Este lo lleva la UNGRD”.
Mientras tanto, Héctor y Liz han tenido que cambiar de vida. “Estábamos acostumbrados a los animales, a los cultivos, a tener una vida en paz, y ahora no tenemos nada”, apunta Héctor. Hace dos meses, también tuvieron que irse de la casa en la que vivían en Cáqueza, porque, “en medio de un aguacero, nos empezó a caer piedra en el techo”. Ahora viven en un barrio al suroriente de Bogotá, rodeados de avenidas, transporte masivo y sin tener claro cómo van a pagar el arriendo del siguiente mes. Cerca de Naranjal, el pasado 20 de mayo ocurrió nuevamente una avenida torrencial, que cerró la vía por varios días. Por eso, “no queremos vivir allá”, dice Liz, “pero sí queremos recuperar la vida tranquila que teníamos”.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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