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El fútbol colombiano se ha convertido en un valioso y jugoso objetivo, al punto que ha dado pie a una fiera batalla. Tiene poco que ver con las jugadas tácticas en el terreno de juego, con la tabla de posiciones o con quien levanta el trofeo de goleador: el motivo es la transmisión de los partidos en la división profesional y de ascenso. La batalla ha sido de tal intensidad que se ha trasladado de las salas de edición a los juzgados.
De un lado, los protagonistas son Telmex y Une, empresas que hasta diciembre de 2011 tenían los derechos exclusivos de transmisión del fútbol en el país; del otro, está la Dimayor, el ente que administra los campeonatos de balompié en Colombia y que desde 2012 le entregó el contrato al canal Win Sports, una alianza de RCN Televisión y Directv. Y entre ellos, un negocio que, solo por transmitir cada semana nueve partidos de la Liga Postobón y dos del Torneo Postobón, les reporta a los clubes cerca de US$40 millones.
La disputa se inició en el mismo momento en que la Dimayor decidió cambiar el contrato de transmisión para captar mayores recursos. Siguiendo el modelo de televisión “pague por ver”, que se aplica en Europa y buena parte de América Latina, la entidad subió de US$1,13 a US$2,70 la tarifa que cada operador de televisión cerrada debía aportar por usuario. Y ante la negativa de Claro y Une a aceptarlas, aparecieron en escena RCN y Directv, quienes giraron un cheque por US$23 millones para hacerse con los derechos de producción y transmisión exclusiva por 10 años.
Esa acción fue interpretada por Claro y Une como contraria a la primera opción a la que tenían derecho para renovar el contrato original firmado por TV Cable en 2002 (lo heredaron por el reacomodamiento en el sector de la televisión por suscripción). Y como las múltiples negociaciones con Win para concertar un precio no llegaron a buen puerto, decidieron trasladar la disputa a los estrados judiciales.
Por ello presentaron el pasado 28 de julio una demanda contra la Dimayor por la vulneración de dicho derecho, en la que reclaman perjuicios por $16.000 millones. El tema se mantenía en absoluta reserva hasta que un nuevo acontecimiento explotó el jueves pasado: atendiendo un reclamo de la Dimayor, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por medio de una medida cautelar, protegió la señal de Win y ordenó a Claro abstenerse de incitar a sus usuarios a entrar a sitios ‘piratas’ en la red para ver los partidos.
Esta orden, de carácter judicial, se produjo tras comprobar que varios asesores del call center de Claro invitaban a sus usuarios a entrar a la página Rojadirecta.com. Se trata de un portal, creado en Galicia en 2005, que publica vínculos con páginas donde ofrecen la señal sin contar con autorización de retransmisión. Esta oferta ‘pirata’ aplica tanto a juegos de fútbol como a baloncesto, tenis, rugby o carreras de automovilismo.
“No hemos sido notificados”, indicó Santiago Pardo, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Claro, quien reiteró que no hay ninguna instrucción directa a los más de 2.500 trabajadores que atienden las más de 1,5 millones de llamadas mensuales para que les sugieran a sus clientes acceder a páginas con contenido pirata. “No conocemos las llamadas que refiere la SIC, pero una vez lo hagamos, tomaremos las medidas contra el contratista correspondiente. Lo que es curioso es que la medida se conozca a los pocos días de nuestra acción judicial”, agregó.
Por su parte, Mauricio Correa, presidente de Win Sports, indicó que la compañía ha contratado a Defcon, firma con sede en Miami, que desde hace un año los asesora para proteger sus contenidos y tomar medidas puntuales contra los sitios que piratean su señal. Eso sí, reiteró que el único autorizado para retransmitir su señal en la red es el portal Win Sports Online: “En poco más de cuatro meses desde su lanzamiento sumamos entre 10.000 y 12.000 clientes que realizan compras recurrentes por la plataforma”.
Mientras tanto, esta pelea, lejos de su resolución, seguirá desarrollándose en instancias judiciales.
dmayorga@elespectador.com
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