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“Mientras el sistema judicial en Colombia siga creyendo que robar es un deporte y no un delito, el hurto y el atraco seguirán afectando a los ciudadanos. No tenemos una rama de la justicia, sino una rama de la impunidad, pues ocho de cada diez personas que capturamos por atracos en la ciudad quedan libres”. Con estas palabras, la alcaldesa Claudia López arremetió de nuevo contra los jueces y fiscales, a quienes prácticamente responsabiliza de que todos los esfuerzos por combatir el hurto se estén yendo al traste. “Con impunidad no hay seguridad”, dijo.
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De esta manera, López reitera su malestar con la justicia y el Sistema Penal Acusatorio, puntualmente por el manejo con los detenidos por hurto, inconformidad que ya había expresado hace un año, cuando afirmó: “Acá el delincuente que roba queda libre; roba, queda libre; vuelve y roba y vuelve y queda libre. A la cuarta no roba, mata por robar”.
Si bien sus afirmaciones, más políticas que técnicas, han puesto los focos en el papel de la rama Judicial, lo cierto es que, en parte, recogen el sentimiento ciudadano de desprotección, representado en el alto índice de percepción de inseguridad. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, el 88 % de los capitalinos se sienten inseguros, algo que se ve reforzado con las cifras de los últimos cuatro años, que indican que el hurto a personas viene en alza.
De acuerdo con Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, en lo que va del año, la Policía ha desarticulado 143 bandas dedicadas al hurto y capturado a 5.879 presuntos delincuentes, pero, según las cuentas del Distrito, casi el 80 % volvieron rápidamente a las calles.
Para los jueces, las causas y cuentas son otras. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura afirma que los jueces en Bogotá solo negaron el 6 % de las solicitudes de medida de aseguramiento en centro carcelario que radicó la Fiscalía entre 2020 y 2021, dato que dejaría entrever que, al parecer, el problema estaría en el trabajo del ente acusador que, partiendo del hecho de que la privación de la libertad es una medida excepcional, no estarían pidiendo a los jueces enviar a los atracadores a prisión.
Hasta ahora, la rama Judicial no se ha pronunciado sobre la reciente arremetida, salvo un magistrado que indicó que la actitud de la alcaldesa obedece a la necesidad de buscar en terceros sus propias responsabilidades. Lo indiscutible es que resulta evidente que muchos de los capturados por delitos como atracos masivos y hurto a personas están quedando libres, ya sea por malos procedimientos, falta de pruebas o de denuncias.
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¿Dónde están las fallas?
Para hablar de las presuntas falencias que estarían agudizando esta problemática, es clave explicar los procedimientos a seguir. En Colombia hay dos formas de captura: por orden judicial o en flagrancia. En el caso del hurto, la más común es la segunda, que ocurre cuando el presunto delincuente es detenido justo después del delito y cerca al lugar de los hechos. En ese caso, el capturado lo llevan a una URI y queda a disposición de la Fiscalía.
Las complicaciones vienen cuando se pasa a la judicialización. El ente acusador debe solicitar una audiencia para legalizar la captura, formular imputación y solicitar medida de aseguramiento. Todo, antes de las primeras 36 horas tras la captura, pues en caso contrario el procesado queda en libertad. En dicha diligencia, se deben tener en cuenta múltiples aspectos, que van desde la denuncia que presenta la víctima, la posible vulneración de los derechos del sospechoso o la cuantía del delito, algo que, por obligación, debe analizar un juez.
La alcaldesa López no mencionó estos aspectos, salvo cuando insistió en que hace año y medio radicaron un proyecto de ley para pedir más severidad con los ladrones. Pero mientras eso no cambie, según el abogado penalista Juan José Castro, magíster en Derecho Procesal Penal, las declaraciones de la alcaldesa son una extralimitación de funciones, que obvia aspectos relevantes de manera oportunista.
“Este es un problema multifacético y no puede atribuirse, de manera mediocre, únicamente a los jueces. Existen procedimientos que no se pueden saltar. Reducir el problema a que los jueces dizque son ‘la rama de la impunidad’ no solo es irrespetuoso, sino exageradamente ignorante sobre el funcionamiento del sistema”, detalla.
La polémica, que no es nueva y enfrenta el deseo de que haya prisión para los culpables con los procedimientos, plantea la necesidad de buscar caminos que combinen mecanismos para llegar a la justicia, pues de nada sirve el apresamiento temporal de los delincuentes, si luego va a dejar un sinsabor en las víctimas; frustración en las autoridades que lograron la aprehensión y la reincidencia como una opción para quienes salen de prisión.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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