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Tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el patrullero Juan Camilo Lloreda admitió los delitos de homicidio y tortura agravados, se comprometió a colaborar con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido y dará un acto público de perdón a las víctimas.
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El preacuerdo al que llegaron el ente acusador y Lloreda, que fue avalado por los representantes de las víctimas y el Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá, busca obtener pronta justicia en este proceso y contempla una pena de 20 años de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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Según las pruebas presentadas por la Fiscalía en este proceso, luego de ser capturado frente al conjunto residencial en el que vivía Ordóñez y trasladado al CAI de Villa Luz, en este sitio hubo otras actuaciones que desencadenaron en su muerte, como lo precisó el informe de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Entre tanto, el otro uniformado vinculado al crimen del estudiante de derecho, el patrullero Harvy Damián Rodríguez, fue acusado formalmente por los delitos de homicidio y tortura agravados.
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