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La tercera sesión fue la vencida, casi literalmente: la ley de financiamiento de la administración de Gustavo Petro se hundió en el Congreso, con el voto negativo de la comisión cuarta de Senado.
Después de dos debates enrevesados, que terminaron cerrándose por falta de quorum, la iniciativa (que en efecto era una reforma tributaria), el proyecto siguió un curso de colisión ya trazado de cara a las comisiones económicas del Senado; aunque sólo votó la cuarta, los votos en la tercera parecían seguir alineados para su caída.
Aquí vale la pena recordar que, a diferencia de lo que había pasado con las ponencias de archivo y negativas (que recibieron votos afirmativos en las comisiones de Cámara), la ponencia positiva sólo podía seguir viva si las cuatro comisiones se ponían de acuerdo. Y no fue así.
Con esta decisión del Congreso, el Presupuesto General de la Nación para 2026 queda, hasta este momento, desfinanciado en COP 16,3 billones, que era la meta de recaudo que tenía la ley de financiamiento (que, como su nombre lo indica, busca recursos vía tributación para sumarle al presupuesto del próximo año).
Tras el hundimiento de la reforma tributaria, congresistas de bancadas cercanas al Gobierno expresaron su inconformidad con la decisión de la Comisión Cuarta del Senado.
La representante Aída Avella, del Pacto Histórico, aseguró que, a su juicio, quienes votaron en contra del proyecto actuaron en defensa de los sectores de más altos ingresos.
Jorge Hernán Bastidas, también del Pacto Histórico, cuestionó la coherencia entre la aprobación del presupuesto y la negativa a discutir la ley de financiamiento. “El Congreso no puede aprobar un presupuesto desfinanciado y luego negarse a deliberar sobre los recursos necesarios para cubrirlo. Es como si el Congreso haya inducido a un incumplimiento fiscal deliberado al Gobierno”, afirmó.
Este es un punto común que ya había tocado en anteriores debates el propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien había dicho que “no ser coherentes con la propuesta presentada por el gobierno en el presupuesto y la propuesta de ley de financiamiento, es colocar en riesgo el equilibrio fiscal, el manejo y atención de la deuda pública externa y las finanzas del próximo año del país”.
Entonces, en este panorama, ¿qué sigue para el presupuesto de 2026? Esa es la pregunta, que en principio pareciera tener una respuesta inmediata: recorte (o aplazamiento) de gasto.
“Lo que corresponde es lo que está establecido por ley: que el Gobierno recorte COP 16,3 billones del presupuesto del próximo año, que es el valor de los recursos atados a la ley de financiamiento”, aseguró Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Este es el segundo año consecutivo en el que se presenta y se cae una ley de financiamiento y sería, así mismo, el segundo presupuesto que llegaría desfinanciado a su vigencia.
Ahora bien, el término recorte presupuestal no goza de la mejor popularidad al interior del Gobierno. Fuentes del Minhacienda han asegurado en varias ocasiones que esta no es una conversación que se haya dado entre la Casa de Nariño y esa cartera.
Ávila aseguró que, tras la caída de la ley de financiamiento, “se evaluarán medidas para mantener la estabilidad fiscal y asegurar proyectos sociales”.
Petro ha hablado a través de su cuenta de X sobre una emergencia si se caía la ley de financiamiento. Esto ha sido interpretado como una posibilidad de decretar una emergencia económica (un estado de excepción) para poder sobreaguar las necesidades de caja del Gobierno.
La opción, hipotética hasta el momento (aunque rondando en X), ha sido criticada por congresistas opositores, claro. Pero también por analistas. Mejía, por ejemplo, dijo que “vale la pena recordar que esos $16,3 billones representan menos del 3% del presupuesto general de la Nación, que asciende a $547 billones, por lo que resulta insostenible argumentar que una afectación de esa magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.
Y agregó: “No existe un hecho sobreviniente que sustente dicha declaratoria, toda vez que los $16,3 billones del presupuesto asociados a esa ley son recursos explícitamente condicionados a su aprobación. Y que, como lo mencioné anteriormente, la magnitud del recorte no justifica hablar de una afectación grave a la sostenibilidad fiscal”.
La posibilidad de una emergencia económica no es “conveniente” a los ojos de César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. Esta postura también la comparte Brandon Espinel, experto en tributación y miembro de la Red de Trabajo Fiscal, quien dice que “los estados de excepción no se pueden volver la excusa para tramitar las tributarias que se le caen al Gobierno”.
La otra opción sobre la mesa sería asumir más deuda para cubrir ese faltante. Este camino es rechazado por todas las fuentes consultadas, quienes argumentan que tomar esta vía en un año que cerrará con uno de los déficits fiscales más altos en 120 años sería “suicida”, como lo denominó un analista.
¿Un proyecto alterno a la tributaria?
En este contexto, la ley de reactivación económica va ganando protagonismo. Se trata de una propuesta de origen legislativo que ya superó su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
El proyecto, presentado en julio de este año, contempla entre sus medidas un descuento de hasta el 90 % en intereses, multas y sanciones relacionadas con impuesto de renta, IVA, retefuente, impoconsumo y parafiscales administrados por la UGPP, con el objetivo de facilitar que los deudores regularicen sus obligaciones tributarias.
Además, la iniciativa ajusta la tarifa para no residentes o empresas extranjeras que venden bienes o prestan servicios digitales a usuarios en el país, aumentando el cobro del 3 al 4,5 % sobre los ingresos brutos. También eleva del 3 al 6 % los impuestos aplicables a plataformas que generan publicidad en redes sociales, recursos que se destinarían a programas de salud mental. Incluye, igualmente, impuestos para los vapeadores y determina que las importaciones de bajo valor —menos de 200 dólares— queden sujetas al IVA.
Los impulsores de la ley de reactivación económica solicitan ahora el respaldo del Gobierno para que la iniciativa avance en el Congreso y contribuya a obtener ingresos que permitan cubrir el déficit del presupuesto.
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