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Xiomara Castro de Zelaya ganó la la Presidencia de Honduras luego de 12 años del golpe militar que derrocó a su esposo, el expresidente liberal Manuel Zelaya. Lo consiguió gracias a la propuesta de avanzar hacia un socialismo democrático, que era el plan de Zelaya cuando, sorpresivamente, se sumó a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), convocada por el presidente Chávez, que desencadenó el levantamiento militar (como luego se comprobó, los mandos de las bases militares que EE. UU. tiene en el país estaban al tanto de los planes golpistas).
En estos años, Zelaya ha visitado los principales espacios de la izquierda latinoamericana y durante su exilio se fundó su Partido Libertad y Refundación, liderado por una combativa juventud que encabezó el gran levantamiento social que, a costa de muchas vidas, enfrentó al poder militar. Las consecuencias de la ruptura del ya restringido orden democrático llevaron a una mezcla explosiva de autoritarismos, corrupción y narcotráfico —incluyendo a todos los poderes del Estado— que involucró a las dos presidencias posteriores. La democracia de excepción —definida por el boliviano Hugo Moldiz— funcionó a la perfección, pero a costa de un desprestigio universal que terminaría trasladándose al país. Hoy los datos de la crisis, agudizada por la pandemia, son muy parecidos a los de Colombia: deuda pública del 57 % del PIB —más de la mitad externa—, desempleo superior al 11 % y subempleo del 70 %, y presidente y expresidente “convocados” por la justicia de EE. UU. La consecuencia de este corrupto neoliberalismo es que casi la mitad de los migrantes que esperan ingreso en las fronteras de EE. UU. —300.000— son hondureños.
Habrá que dejar claro que Xiomara Castro, a quien acusaron de comunista abortista, no tiene ningún antecedente que lleve a considerarla como una adepta del “castrochavismo” —salvo por su apellido— y que para ganar en su tercer intento se hicieron alianzas con sectores nada progresistas de la política tradicional. En su programa propone reducir las millonarias comisiones que los bancos cobran a las remesas, relaciones inmediatas con China, apoyo a la CELAC, despenalizar el aborto, investigar —con el apoyo de las Naciones Unidas— la corrupción inserta en el Estado y derogar las leyes que favorecieron esa corrupción.
Una parte de su futuro y el de su esposo pasa por el resultado de las parlamentarias —aún no conocido— y que ese apoyo popular fuertemente reprimido pueda defender el triunfo y actuar con autonomía como poder social. Otra parte depende de la decisión que tome el gobierno de Estados Unidos, responsable directo de esa degradación del Estado de derecho. Lo más probable es que, ante el fracaso de su estrategia del garrote, pase a la estrategia de la zanahoria y opte por un acercamiento financieramente condicionado; de esta manera, cortaría la iniciativa progresista poniéndola al servicio de frenar la migración y mantener sus bases militares, siendo la cercanía con Nicaragua otro ingrediente que seguramente van a evaluar. En ambos casos el desafío es muy grande.
Basta como ejemplo ver las presiones que ya sufre Castillo en el Perú, con una derecha corrupta que no se satisface con tumbar a sus ministros más consecuentes, sino que ahora va por su cabeza. Queda claro que ninguno de estos gobiernos democráticos y progresistas podrá por sí solo construir gobernanzas en un clima de respeto mutuo. Cómo articularse para actuar en colectivo será la pregunta a responder en un mediano plazo, para así lograr que se respete la voluntad de las mayorías y las normas mínimas de la democracia representativa. Y, en el corto plazo, esperar que este resultado ayude en Chile a la definición de los votos jóvenes que empujaron el triunfo en la elección de la Constituyente, pero que no creen en los espacios electorales de la política.
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