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Trabajadores y empresarios destaparon hoy las cartas que se jugarán en la discusión del salario mínimo. Aunque en la mesa de concertación se percibe ambiente para un acuerdo, las propuestas están tan distantes que encontrar un punto medio será todo un desafío.
Las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— propusieron un aumento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en 2026. Esto llevaría el salario a COP 1.651.260 (un incremento de COP 227.760), mientras que el auxilio subiría a COP 232.000 (COP 32.000 más). En conjunto, el ingreso mensual de los trabajadores ascendería a COP 1.883.260.
Las centrales obreras respaldaron su propuesta con varios argumentos. Según explicó Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el aumento del 16 % en parte obedece al informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierte una brecha de 50 puntos porcentuales entre el ingreso de los trabajadores que dependen del salario mínimo en Colombia y el denominado salario mínimo vital y móvil, es decir, aquel que permite a un empleado y su familia cubrir sus necesidades básicas.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló días atrás que este último salario sería de COP 3 millones para un hogar de cuatro integrantes.
Arias también sostiene que parte del 16 % propuesto busca saldar una “deuda histórica” acumulada durante las concertaciones del salario mínimo en los últimos 20 años. Según las centrales, a los trabajadores no se les ha reconocido de manera adecuada su aporte a la productividad. Por eso, los economistas de estas organizaciones calculan que existe un rezago de otros 50 puntos porcentuales en el salario mínimo que aún no ha sido compensado.
En otras palabras, las cuentas que hacen las centrales estiman que hoy el salario mínimo es la mitad de lo que debería.
Incluso sin tener en cuenta lo anterior, la carta que destaparon los empresarios se encuentra muy lejos de la planteada por las centrales. Gremios como la ANDI, ACOPI y la SAC propusieron un aumento del 7,21 %. Con este ajuste, el salario mínimo subiría en COP 102.634, para ubicarse en COP 1.526.134, mientras que el auxilio de transporte aumentaría en COP 14.420, hasta COP 214.420. En total, el ingreso mensual de los trabajadores quedaría en COP 1.740.554.
Las cuentas dicen que lo que hoy separa a trabajadores de empresarios son COP 142.706.
Los gremios también presentaron argumentos para sustentar su propuesta. La presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), María Elena Ospina, señaló que para construir esta propuesta se tuvo en cuenta la inflación observada (5,3 %), así como la Productividad Total de los Factores (PTF), que es del 0,91 %. A esto se le sumaron 100 puntos básicos de ganancia real adicional, para ese total del 7,21 %.
Ospina señala que, si se tiene en cuenta que solo 2,4 millones de los 23 millones de ocupados en Colombia ganan un salario mínimo, la propuesta empresarial resulta responsable tanto para las compañías como para los trabajadores. Recuerda que muchos cobros están indexados a este ingreso, por lo que un aumento excesivo podría presionar el costo de vida y acelerar la carestía en el país.
Las dos orillas
Llegar a un acuerdo no es fácil porque, tradicionalmente, empresarios y trabajadores se paran sobre teorías económicas distantes.
Según lo han expresado en los últimos años los empresarios, subir demasiado el salario mínimo puede ser contraproducente, ya que aumenta los costos de contratación. Esto, a su vez, limita la capacidad de las empresas para vincular más personal o, en algunos casos, las lleva a reducir su planta. Además, advierten que, para compensar ese incremento en los costos, muchas veces se ven obligadas a subir los precios de sus productos y servicios, lo que termina alimentando la inflación.
Se espera que este año ese argumento tome más fuerza, ya que al aumento del salario mínimo se sumarán los costos que traerá la reforma laboral, como la ampliación de la jornada nocturna y el incremento en los recargos por trabajo en días de descanso.
Las centrales obreras, por su parte, señalan que un buen incremento del salario mínimo se traduce en empleados con un mayor poder adquisitivo, lo cual deriva en un crecimiento en el consumo y, por ende, más ventas e ingresos para las empresas que, para atender la creciente demanda, tendrán que contratar a más trabajadores.
Como lo ha plasmado en sus decretos, la postura del presidente Petro se alinea con la de los sindicatos. Recientemente destacó que, aun con las considerables alzas que ha tenido el mínimo en los últimos años, el desempleo ha retrocedido (en octubre alcanzó la tasa más baja que se ha registrado para ese mes desde el año 2017, al consolidar un 8,2 %).
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, mostró en la más reciente reunión de la junta una visión que parece conciliar entre ambas posturas. Por un lado reconoce que un incremento desmedido puede traer presiones inflacionarias, ya que la demanda superaría la oferta y, en ese desequilibrio, los precios suben. Por el otro coincide en que un acertado aumento en el poder adquisitivo puede traer ese círculo virtuoso del que hablan los sindicatos.
“El beneficio asociado a los ingresos de las personas que ganan el mínimo, y el de los que se puedan beneficiar del aumento de esa demanda agregada, también implica unos retos importantes para la consecución de la meta de inflación y, por lo tanto, esos retos que se generan y los beneficios que se generan deben compatibilizarse y buscar puntos de equilibrio que permitan resultados satisfactorios para el conjunto de la sociedad”, señaló.
En palabras más coloquiales, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. El alza del salario mínimo no puede ser una cifra tomada a la ligera, sino más bien el resultado de un cálculo minucioso.
En su momento, Fedesarrollo señaló que un aumento razonable para el salario mínimo sería del 6 % o del 6,5 %. La base técnica para esto es la suma de la inflación estimada para el cierre de este año, que es del 5,2 %, y la productividad que independiente de su medición fluctúa entre -0,3 % y +0,9 %.
La desindexación
El ministro de Trabajo señaló que parte de la conversación en la mesa tiene que ver con cómo desamarrar más y más cobros del salario mínimo. Puntualmente está la propuesta de que el cálculo de las Viviendas de Interés Social (VIS), y las de Interés Prioritario (VIP) dejen de calcularse en salario mínimos.
Aunque los subsidios de vivienda también se estiman en salarios mínimos, las cuentas del Ministerio de Trabajo apuntan a que esta desindexación favorecería el acceso a vivienda.
Otro cobro que también se desvincularía del salario mínimo son los relacionados a los servicios públicos, especialmente el del agua, que es al que más fuerte le pega el incremento que se le hace todos los años al ajuste salarial.
La propuesta con esto es preservar aún más el poder adquisitivo de los trabajadores en Colombia.
La mesa tiene plazo hasta el 15 de diciembre para lograr un acuerdo. Si no se concreta, podrían habilitarse algunos días adicionales para que el Ministerio de Trabajo intente acercar las posiciones. Y si aun así no hay consenso, la decisión final quedará en manos del presidente Gustavo Petro, quien fijará el aumento por decreto.
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