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Con la aprobación del referendo y la popularidad del Presidente, parece un hecho que la segunda reelección. ¿En qué queda el equilibrio de poderes que consagró la Constitución?
En cualquier determinación por parte de la Corte se tomarán en cuenta los aspectos integrales que la Constitución contempla, entre ellos el sistema de pesos y contrapesos. Son puntos transversales que deben ser tenidos en cuenta. La decisión que tomará la Corte será el resultado de su celosa custodia sobre la preceptiva constitucional.
Si encuentran que el referendo cumplió los requisitos, ¿podrían hacer recomendaciones en pro de no alterar el equilibrio de poderes?
Es probable que se produzca una sentencia condicionada o aditiva. El punto central es el de la constitucionalidad de la ley, si es exequible o no el trámite que se surtió para que esa iniciativa que se presentó se convirtiera en ley de la República. Ese pulso procedimental, las comisiones y las plenarias de Senado y Cámara y la conciliación serán tomados muy en cuenta.
Usted menciona una palabra clave: el trámite. Se discutirá la forma, pero, ¿y el contenido de la ley? ¿El referendo sustituiría la Constitución?
La Constitución establece que sólo se analizará el trámite. Pero en 2003 la Corte dijo que el Congreso no puede tomar determinaciones que impliquen no la reforma de la Constitución sino una sustitución de ésta. En esa medida, se puede encontrar que hay un vicio de competencia en cuanto el Congreso no habría podido llegar a una modificación, que más que una mera reforma, implique la sustitución de la Carta Política. Y en esa medida, se llegaría a una decisión de inexequibilidad. Es una tesis muy dividida. Pero lo que se determine sólo se sabrá cuando se profiera la providencia. De cualquier manera el artículo 3° de la Constitución es muy claro: el poder está radicado en el pueblo.
Usted ya había manifestado eso públicamente, por lo que lo tildaron de haber emitido preconceptos antes de abordar el análisis del referendo.
Yo lo dije en blanco y negro, en abstracto, pero no estaba formulando ningún preconcepto. En ese momento la ley ni siquiera se había producido.
En las discusiones de la pasada Corte se tocó el tema de permitir una única reelección. ¿Con qué argumentos empezarán ahora los debates?
El proceso implica unos tiempos. La fijación en lista se hace para invitar a la ciudadanía a expresar sus opiniones sobre el tema. Creemos que va a haber una participación muy copiosa, que va a generar una lluvia de ideas que será motivo de análisis por parte de la Corte.
Hablemos de los tiempos.
El proyecto se reparte en Sala Plena, que tiene lugar todos los miércoles. El próximo no habrá porque la Corte estará atendiendo el XVI encuentro de tribunales y cortes constitucionales y no vamos a sesionar. El reparto le corresponderá a cualquiera de los magistrados, es completamente aleatorio y transparente, se hace con balotas.
Pero el rumor es que ya había magistrado ponente.
No lo hay. Quien lo sea es un asunto aleatorio y hasta intrascendente, porque el ponente sólo agiliza el tema pero es la Sala la que toma la decisión que en derecho corresponda. Sorteado el ponente, éste tiene 10 días hábiles para organizar la admisión del proyecto y otros 10 para decretar pruebas. Cuando está completa la documentación se fija en lista, que es también por 10 días, invitando a los que quieran expresarse. Luego el Procurador 30 días hábiles para expresar su concepto y después el magistrado ponente tiene un mes para proyectar el fallo. Luego vienen 60 días de estudio de la Sala Plena.
En todos esos pasos se gastan más de cuatro meses.
No quiere decir que como el término es de 10 días, hay que esperar a que se cumplan los 10 días. Lo que es indefectible es que la Corte no se tomará un día más de los términos. Puede suceder que, si no hay mucha carga de trabajo, cualquiera de estas etapas se cumpla en menos tiempo. Pero la Corte está terriblemente recargada. El volumen del trabajo es muy alto.
Es decir que, aunque quisieran adelantar los términos, la carga no se los permitiría.
El problema está en que los demás asuntos también tienen que ser atendidos. Las sentencias de tutela tienen unos términos que son perentorios.
Y cuando el ministro Fabio Valencia Cossio dice que este es un asunto de urgencia nacional, ¿ustedes qué responden?
Que lo estudiamos a ver en qué radica la urgencia y de qué manera darle prelación a un determinado asunto puede conllevar a que rompa el principio de igualdad en cuanto signifique que se retarden las decisiones de otros procesos.
En la aprobación de la reelección presidencial se estableció una Ley de Garantías que obliga al presidente a anunciar su candidatura seis meses antes de las elecciones y a detener toda la contratación estatal. Si la Corte no ha aprobado el referendo antes del 30 de noviembre, ¿cuál sería el panorama para el Presidente?
Lo que atañe a la Corte es el estudio del referendo. Que esto incida frente a la ley de garantías y otros asuntos son pasos que cada autoridad sabrá desarrollar como les corresponde.
Precisamente por esa primera reelección, hoy se señala a la Corte Constitucional de gobiernista.
Es una manifestación ligera, que se lanza al paso. Qué bueno que la ciudadanía mirara lo que han sido los motivos por los cuales los integrantes de la Corte fuimos ternados. No es porque se nos haya hecho un favor, sino porque somos personas avezadas en derecho. No debería decirlo porque sueno arrogante, y mi trayectoria es superada por mis colegas. Pero no se han mirado sentencias muy recientes: Son bastantes las objeciones presidenciales que han sido declaradas infundadas por la Corte. No sé si una Corte comprometida con el Ejecutivo encontraría infundadas tantas objeciones del Presidente y sus ministros. La ley forestal fue declarada inexequible a pesar de la importancia que tenía para el Gobierno, así como el estatuto de desarrollo rural por no haber consultado a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
¿La cercanía de los magistrados Jorge Pretelt y Mauricio González con el Presidente no puede resultar en impedimentos para ellos?
Los impedimentos los siente el magistrado y los expresa. El magistrado Pretelt tiene una trayectoria muy alta en la academia y las capacidades para desempeñar este cargo. El magistrado González no fue sólo secretario jurídico de la Presidencia sino también director de la Corporación Excelencia de la Justicia y viceministro en otro gobierno. Ellos no le deben su carrera a algún padrino.
No son los méritos lo que se discute sino su cercanía con Uribe.
La cercanía se puede tener en cuenta, pero no es motivo de censura.
¿El debate está en buenas manos?
Colombia puede confiar que esta decisión está en buenas manos y que se tomará en derecho.
¿Qué tanto pesará en las discusiones que vienen el hecho de que las firmas avalaran la idea de otra reelección para 2014 y en el Congreso esto fuera modificado?
No lo puedo decir ahorita. Es muy probable que sea uno de los temas a considerarse.
En la sentencia de 2003 del referendo, se dijo que esta iniciativa popular “debía entenderse como un instrumento al servicio de los ciudadanos y no un recurso al servicio del príncipe o gobernante”. ¿Se mantendrá esta jurisprudencia?
Es el mismo precepto del artículo 3° de la Constitución: el poder está en cabeza del pueblo que es soberano.
Algunas cábalas aseguran que el referendo pasará 6-3 en la Corte y lo ubican a usted entre los magistrados por el sí.
Son especulaciones. Cualquier cosa que se diga es lo mismo que opinar sobre cómo va a quedar un partido de fútbol. Son cábalas, la necesidad de decir algo sobre un tema que se sabe de trascendencia, pero cualquier vaticinio es aventurado, pero ya ve: nunca se pensó que Colombia le fuera a ganar 5-0 a Argentina en Buenos Aires. Y, sin embargo, resultó así. Esto no es un juego sino una consideración profunda que se va a tomar con la obligación que tenemos ante la Nación de acertar.
En la discusión pasada de la reelección los magistrados denunciaron presiones al debatir la reelección. ¿Están listos para un escenario similar, si ocurriera?
Amenazas puede haberlas, pero quien las lance pierde su tiempo. Somos juristas muy curtidos y no nos pueden mover con papelitos o llamaditas, nuestra obligación está ante la Nación.