Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Cuenta Frank Moya Pons, uno de los historiadores contemporáneos más importantes de República Dominicana, que un día de abril de 1494 el capitán Alonso de Ojeda, célebre luego por descubrir Venezuela, salió a recorrer la isla ansioso de encontrar yacimientos de oro. En su travesía encontró a un cacique que se abstuvo de responder a sus preguntas. En represalia, Ojeda lo castigó y ejecutó a varios indios. Para evitar que se levantaran en armas, organizó junto con Colón la primera campaña militar. Capturaron más de 1.600 hombres y mujeres. A 550 los enviaron como esclavos a Europa. A los que quedaron vivos los forzaron a trabajar y a pagar los primeros tributos en oro y algodón. Unos indios lograron huir; otros prefirieron el suicidio.
La anécdota, recogida en su libro Después de Colón. Trabajo, sociedad y política en la economía del oro, con base en los relatos de fray Bartolomé de las Casas, mostraba cómo la presencia de ese metal había labrado el destino de esta parte del mundo. Como apuntaron hace un par de décadas las profesoras Eliana Cardoso y Ann Helwege (PhD. del MIT y PhD. de la U. del Estado de Nueva York) en su popular estudio La economía latinoamericana. Diversidad, tendencias y conflictos, esa intensa explotación también moldeó la economía y la distribución del territorio en los siglos siguientes.
Desde entonces, la búsqueda del oro no ha cesado. Hoy, con una economía golpeada por la pandemia, ha vuelto a estar en los planes de Colombia. Con un precio histórico (la onza alcanzó un récord de US$2.067), es uno de los caminos que quiere tomar el gobierno de Iván Duque para reactivar las finanzas de un país en aprietos. En palabras del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, “en medio de esta coyuntura en la que los precios del oro han aumentado casi un 30 %, este mineral nos ofrece una oportunidad dorada para la reactivación sostenible”. (Lea: Así opera la minería en pandemia por COVID-19)
“Hay un gran potencial en esta minería”, reitera por teléfono la viceministra de Minas, Carolina Rojas. “El año pasado se produjeron 37,5 toneladas de oro. En 2020 vamos a producir más de 40 toneladas y la idea es que para 2030 se pueda duplicar esa cifra con los diferentes proyectos de explotación que vienen en camino”. (Lea: Presentan demanda contra proyecto de megaminería en Santurbán)
Si todo marcha como está previsto, esas “victorias tempranas”, como las llama la viceministra, empezarán esta semana. Tras años de discusiones, en Antioquia entrará en operación la mina de Buriticá, administrada por la empresa Zijin-Continental Gold. Rojas espera que al final del año ese yacimiento les sume unas ocho toneladas de oro a las cuentas colombianas. La mina de Gramalote, en San Roque, Antioquia, será la próxima gran “victoria”. En 2021 empezará su montaje y entrará a la historia como uno de los proyectos de minería a gran escala más grandes de Colombia. Soto Norte, en cercanías al páramo de Santurbán, estará por ahora en un receso.
Todo este plan generaría un jugoso beneficio: “Aportaría”, dice Rojas, “entre US$400 y US$600 millones anuales al país”. “Le queremos apostar al oro y duplicar la producción de los títulos de oro. El oro va a sacar la cara por la producción”, le advirtió en julio al diario La República la entonces presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Silvana Habib Daza.
En otras palabras, se avecina de nuevo otro boom del oro.
Las inquietudes de un nuevo “boom”
La última vez que Colombia disfrutó de la bonanza del oro fue entre 2011 y 2013. Los precios crecieron de manera estrepitosa. La explotación también se disparó (ver gráficas). “Extractivista”, fue el mejor adjetivo para definir a un país que marchaba al ritmo de la “locomotora minera”, como la llamó el entonces presidente Juan Manuel Santos. Mientras a finales de la década del noventa se explotaban cerca de 30 toneladas de oro por año, en 2012 esa cifra fue de 66,2 toneladas. ¿El beneficio? Más de $187 mil millones en regalías. En 2016 fueron $222.385 millones y el año pasado sumaron $143.257 millones, la mitad de todo el presupuesto que tendrá el nuevo Ministerio de Ciencias en 2021.
Pero para comprender la complejidad de la minería de oro en Colombia, no es tan buena idea hacer un solo listado de las regalías que recibe el país cada año. Guillermo Rudas es uno de los economistas que han tratado de entender esos dígitos y hay algo que no le cuadra. Su análisis lo resume en un par de frases: “Es un sistema en el que nos embarcamos hace 25 años y hoy es absolutamente anacrónico. Si hiciéramos una gráfica de las regalías de todos los sectores extractivos, hay que sacar una lupa, porque las que deja la explotación de oro no se ven. Nos estamos quedando con las migajas”.
A lo que se refiere Rudas, máster en economía ambiental y de recursos naturales del University College de Londres (Reino Unido), es a que aunque las ganancias parezcan abultadas a primera vista, la verdad es que son pequeñas. Las compañías que explotan este mineral pagan, explica, una regalía equivalente al 4 % calculado sobre el 80 % del precio en el mercado de Londres (es decir, 3,2 % del total). A diferencia de lo que sucede con otras materias primas, ese porcentaje se mantiene sin importar que el precio del oro suba.
“Es tan absurdo”, escribía el economista Mauricio Galvis en el diario Portafolio, “que la producción de sal paga una regalía mayor del 12 %”. En el caso del petróleo, apuntaba, se utiliza un sistema de regalías crecientes que incrementan según el tamaño de la producción (van del 8 al 25 %, de acuerdo con el tamaño del pozo, como por el precio). “El productor debe ceder al Estado entre el 30 y 50 % del incremento de la cotización internacional”.
“Un verdadero espejismo”, es como lo califica Rudas. Además, señala, hay que agregar otro par de ingredientes: “Quienes explotan oro pagan unos impuestos irrisorios. Por cada $1.000 en exportaciones, quienes sacan oro aportan $30 de impuesto a la renta. La industria manufacturera, por el contrario, aporta $44 por cada $1.000 de producto, y los hidrocarburos, $108”.
No es la primera vez que la viceministra Rojas escucha esta crítica. Su invitación es que no se mire, únicamente, el producto de las regalías, porque no se ve el aporte tributario completo del mineral. A sus ojos, entre esas cuentas hay que incluir el “impuesto al oro” que pagan las compañías de un régimen tributario distinto. En 2019 se recaudaron $40.000 millones por ese impuesto al oro, la plata y el platino. Adicionalmente, insiste en que hay que tener en cuenta “los impuestos a la renta, impuestos locales y encadenamientos que genera el sector”. También una buena cantidad de empleos. Cerca de 12 mil, dijo hace meses la Agencia Nacional de Minería.
Pero, al compararlo con otros sectores como la industria agrícola o manufacturera, la diferencia es muy grande. La siguiente gráfica, hecha por Rudas, lo explica mejor:
“Por su propia naturaleza la minería es un sector muy intensivo en capital y tecnología no producida en el país, razón por la cual no puede generar una cantidad importante de empleo en forma directa. Puede generar algún empleo indirecto a través del consumo de bienes y servicios provenientes de otras actividades económicas (encadenamientos hacia atrás) y agregando valor en la economía mediante la utilización de minerales para la producción de otros bienes (encadenamientos hacia adelante)”, se lee en Plan Nacional de Desarrollo Minero con Horizonte a 2025, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), dependencia del Minminas.
Juan Camilo Cárdenas, profesor de la U. de los Andes, y PhD. Environmental and Resource Economics de la U. de Massachusetts Amherst, ha estudiado en detalle la minería de oro y tiene una manera de sintetizar toda esta compleja discusión: “La minería de oro debería dejar más rentas para el Estado, que es el defensor del interés común como dueño del subsuelo. Pero hoy esas rentas son distribuidas muy injustamente. Además, esa minería no es generadora de empleo si se compara con inversiones más intensivas en trabajo y de empleos más permanentes. Es un mal negocio fiscal y tributario”.
Pero eso no es lo que le inquieta a Cárdenas. Hay otro punto que no suele ser tenido en cuenta en el país: los costos ambientales y sociales de esta minería.
Preocupaciones sin resolver
Una de las primeras cosas que advierte Cárdenas es que su posición no consiste en decirle no a la minería. Para él la humanidad necesita las industrias extractivas para resolver ciertos asuntos. Pero en el caso del oro, explica, se debe hacer una mejor estimación de los costos ambientales de la operación. “Ya hay herramientas técnicas y económicas para hacerlo. Además, una resolución del Ministerio de Ambiente (la 1084 de 2018) ordenó que eso debía adoptarse”, añade.
Al exministro de Ambiente Manuel Rodríguez también le preocupa que en Colombia no se haga un análisis de costo-beneficio, como en Estados Unidos, en el que, además de los beneficios económicos que dejan los impuestos o las regalías, no se sopesen los costos ambientales y sociales.
Es imposible resumir esas complejidades en un artículo de periódico, pero algunos investigadores se han encargado de recoger algunas pistas de lo que sucede en ciertos territorios con la explotación de oro, aunque las situaciones varían según el lugar. También depende si la minería es formal, informal o ilegal, así como de otro puñado de factores.
Por ejemplo, Cárdenas, junto con Angelika Rettberg y Juan F. Ortiz-Riomalo, entrevistaron a 78 personas y actores del sector en municipios de seis departamentos para comprender esa gran heterogeneidad. Encontraron, por solo mencionar algunas de sus conclusiones, que en algunos casos como Caldas, Santander y Tolima predomina el conflicto social sobre la presencia de actores armados y criminales. En estos dos últimos departamentos la principal preocupación de las comunidades no mineras es el agua, aunque las que hacen minería la ven como una buena fuente de ingresos. En Caldas y Santander, por otro lado, los mineros tradicionales no rechazan la minería; les inquieta que las operaciones a gran escala los desplacen. En todos los casos que estudiaron encontraron que hay conflicto social y ambiental.
Aunque el oro cumple un papel importante, pero no exclusivo ni determinante, “es muy probable que sea, debido a los muy altos precios que ha sostenido en la última década, el que este dinamizando estos conflictos y niveles de criminalidad”, apuntaron en el documento que titularon Mismo recurso, diferentes conflictos: Un análisis de la relación entre oro, conflicto y criminalidad en seis departamentos colombianos, de 2018.
Ana María Ibáñez (PhD. en economía agrícola y recursos naturales) y Mariana Laverde (candidata a PhD.) también hicieron un esfuerzo por entender las características de los municipios mineros. En un documento publicado en 2014 por la UPME, encontraron que la minería legal (no solo la de oro) sí había aumentado los recursos de los municipios donde se realizaba y parecía tener un impacto positivo en los ingresos totales, el recaudo de impuesto y la inversión. Pero estos efectos desaparecían cuando se cruzaban con otras variables institucionales.
En pocas palabras, hallaron que el incremento de dinero no se veía reflejado en servicios básicos como salud o educación. Tampoco observaron un impacto en la disminución de la mortalidad infantil o de la inasistencia escolar. Encontraron un factor común más: usualmente esos municipios tenían poca presencia institucional. Cárdenas, Rettberg y Ortiz-Riomalo hallaron algo similar en sus entrevistas: en algunas zonas la presencia estatal se percibe como particularmente corrupta e injusta.
Un punto más siempre suele ser preocupante cada vez que los precios del oro se disparan: hay grupos al margen de la ley que quieren capturar esas rentas. Como escribieron en 2012 los profesores Jorge Giraldo Ramírez y Juan Carlos Muñoz Mora en su libro Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia (U. Eafit), eso genera unas condiciones devastadoras en las economías locales, pues afecta las cadenas productivas y propicia escenarios de sobreexplotación de recursos y de violencia. El resultado de eso, anotaban, ha sido la creación de economías informales o subterráneas que suelen inducir a la creación de círculos de pobreza. El Minminas sabe que ese es otro gran dolor de cabeza, y por eso hace poco presentó al Congreso un proyecto de ley que le permitiría tener más herramientas para combatir la ilegalidad. “Las penas son muy bajas y eso hay que reformarlo”, dice la viceministra Rojas. “También estamos haciendo ese esfuerzo por legalizar a 27 mil mineros que están en la informalidad”.
Hace dos décadas los historiadores Marco Palacios y Frank Safford escribieron un libro que se ha convertido en un clásico: Colombia: país fragmentado, sociedad dividida: su historia. En él relataban cómo el oro fue la base de la economía en el período colonial. En el siglo XVIII las élites criollas intentaron hacer un cambio y exportar otros productos tropicales, pero se encontraron con que a España no le interesaba nada distinto que su oro. “Parece haber existido un hábito, si es que una política consciente, de percibir a la Nueva Granada primordialmente como un proveedor del metal precioso”, escribieron. Su teoría es que esa dependencia impidió el desarrollo agrícola y eso puede explicar el rezago que hubo en comparación con los países de la región. Hasta que en 1880 apareció el café como un gran sustituto, uno de los principales productos de exportación de Colombia fue el oro.
Pese a eso, hoy, como lo muestra el siguiente mapa, aún hay mucho oro. Lo que está en verde son los puntos donde hay buena evidencia de la existencia de metal. En total, junto con los lugares donde no es tan clara la certeza, en el país hay 10’522.866 hectáreas (9,22 % del territorio nacional) donde, potencialmente, se puede explotar oro. De hacerlo, probablemente, como sucede ahora, un 30 % se destinará a inversión. Un 7 % será usado en tecnología. Pero la mitad de todo lo producido (en 2016 fueron 2.040 toneladas) irá a parar a cajones en forma de joyas.
Por Sergio Silva Numa
Conoce más