Un episodio por esclarecer

Hablar de Trujillo significa, inevitablemente, remitirse a un escenario profundamente sangriento, en donde todos los actores del conflicto, mezclados con los intereses del narcotráfico, se sumaron para dar como resultado una región sumida en la violencia. Entre 1988 y 1994, según el informe del equipo de Memoria Histórica, fueron exterminadas, torturadas o desaparecidas 342 personas en el norte del Valle. En septiembre pasado, luego de que este grupo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) divulgara el informe Trujillo, una tragedia que no cesa, la Fiscalía se comprometió a acelerar las investigaciones judiciales alrededor de estos desoladores hechos.

En pocos días, el ente investigador comenzó a mostrar que sus palabras eran muy en serio. El mismo día en que el fiscal general Mario Iguarán visitaba este municipio, el pasado 17 de septiembre, se expidió una orden de captura en contra de Rubén Darío Agudelo Puerta, quien fue alcalde de Trujillo entre el primero de junio de 1990 y el 31 de mayo de 1992. Agudelo, esposo de la actual alcaldesa de esta población, Gloria Amparo Espinosa, está siendo investigado por ser el presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. De igual forma, por este caso la Fiscalía solicitó el arresto de 20 personas, la mayoría militares.

El Espectador conoció la medida de aseguramiento que la Fiscalía profirió en contra del también ex diputado del Valle. En el documento, la Unidad de Derechos Humanos asegura que, a partir de los testimonios recolectados, hay suficientes indicios para concluir que Agudelo Puerta sí conocía la existencia del grupo de justicia privada que conformaron Diego León Montoya, alias Don Diego, quien se encuentra en Cómbita en espera de ser extraditado, y su mano derecha, Henry Loaiza, alias El Alacrán, quien se encuentra en la cárcel de Palogordo (Girón). Para la Fiscalía, el ex mandatario de Trujillo colaboró con este grupo ilegal voluntariamente y con ofertas económicas de por medio.

El organismo también arguyó que Agudelo, como dirigente del municipio, tenía una posición de garante, con un deber constitucional de proteger a la población. En su indagatoria, el político expresó que su función como alcalde sólo era “administrar el municipio”, a lo que el ente judicial respondió que tal actitud no podía ser considerada como algo más que una omisión en el delito de homicidio agravado, “del que fueran víctimas los ciudadanos asesinados por el grupo armado ilegal en el lapso en que aquel fungiera como alcalde”. Asimismo, la Fiscalía encontró inadmisible que Agudelo esgrimiera ese mismo argumento para desconocer amenazas o asesinatos contra los pobladores de Trujillo.

El Ministerio Público tampoco creyó en su versión. “Es una falacia que (Agudelo) pidiera la militarización de Trujillo (…), pues de estar controlado el orden público, tal descomposición no hubiera alcanzado”. Para la Procuraduría, es evidente que el ex alcalde percibió a “elementos criminales” como Pablo Emilio Cano y Jesús María Gómez, jóvenes nativos de Trujillo que, al igual que otros contemporáneos, pasaron a engrosar las filas del paramilitarismo, que era apoyado por las estructuras del narcotráfico. Uno de los casos específicos por los que la Fiscalía indaga a Agudelo Puerta es el asesinato de un hombre llamado Fernando Rincón, aunque el mismo ente reconoce que el testimonio que existe para este proceso es poco claro.

Los militares investigados

De la veintena de órdenes de captura que ha emitido la Fiscalía por el proceso de la masacre de Trujillo, cuatro integrantes del Ejército ya han sido puestos a disposición de las autoridades. El expediente de estos hombres se remite a un hecho en particular, ocurrido en los últimos días de marzo de 1990 y los primeros días de abril del mismo año. El 24 de marzo de 1990, tres hechos causados por el Eln alteraron el orden público en el norte del Valle (un retén, la explosión de una subestación eléctrica y un secuestro) y provocaron que unidades militares se desplazaran a Trujillo y sus alrededores. Cinco días más tarde, un grupo de unos 15 uniformados se desplazó al corregimiento de La Sonora, en donde fueron emboscados por guerrilleros del Eln. Once militares murieron en este hecho.

Y para los militares, el asalto guerrillero fue un golpe a la moral. El entonces comandante de la III División del Ejército, el general Manuel José Bonnet Locarno (quien posteriormente fue comandante de las Fuerzas Militares), ordenó que uno de sus mayores, Alirio Urueña, situara un puesto de mando en Andinápolis, corregimiento de Trujillo, para ayudar a determinar lo sucedido. A finales del pasado mes de septiembre, Urueña fue llamado a juicio, en el marco de los crímenes que tuvieron lugar en este municipio del norte del Valle. Otro grupo, liderado por el entonces subteniente Wilfredo Ruiz Silva, fue conformado para apoyar esta comisión.

Ruiz Silva, quien alcanzó el rango de teniente coronel, trabajó con la regional Nº 8 de Bogotá hasta el pasado 2 de octubre, cuando fue arrestado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y secuestro. El Espectador conoció las dos indagatorias que el coronel (r) Ruiz rindió ante una fiscal especializada de Derechos Humanos este mes, pues el organismo intenta determinar la responsabilidad que tuvieron los integrantes del Batallón Palacé de Buga, adscrito a la III Brigada, en la desaparición de 27 personas y en la ejecución extrajudicial de Wílber Sandoval, todo relacionado con la emboscada.

La Fiscalía considera que el ex oficial podría haber participado en estos delitos, por haber pertenecido a uno de los grupos contraguerrilla que intentaron determinar lo ocurrido durante y después de la emboscada del Eln de ese 29 de marzo de 1990. Aunque la Fiscalía le preguntó qué tenía que decir en su defensa, Ruiz Silva expresó que prefería guardar silencio y le hizo dos solicitudes a la fiscal que maneja su expediente: que lo informara más sobre la investigación y los datos en su contra y que le levantara la medida de aseguramiento, que sin duda él estaba dispuesto a colaborar.

El coronel (r) Hernando Contreras Peña, quien se retiró del Ejército en 1997, ocupó un cargo diplomático en Chile y trabaja desde 1999 como juez penal militar, también fue llamado a rendir indagatoria, en busca de esclarecer este episodio. Contreras, a diferencia de Ruiz Silva, ha suministrado ya dos extensas declaraciones. La Procuraduría también lo investigó por los hechos de Trujillo y en 1999 fue exonerado de los cargos. El ex oficial, quien aseveró que por haber sido militar no era un violador de la ley, era el comandante del Batallón Palacé cuando hombres bajo su mando fueron emboscados por el Eln. Negó que Wílber Sandoval hubiese sido asesinado por los uniformados, o que hubiera dicho que su propósito era eliminar a los auxiliadores de la guerrilla en Trujillo.

Contreras Peña suministró, en detalle, datos sobre las acciones de los militares durante y después del ataque guerrillero. Sin embargo, para la Fiscalía, en esta investigación aún hay mucha tela por cortar. En las próximas semanas, una comisión del organismo viajará a Canadá para recibir la declaración de un hombre que ha testificado en varias ocasiones, bajo reserva, acerca de los crímenes en Trujillo. El general (r) Manuel José Bonnet también será llamado a rendir declaración. Para el ente investigador, es prioritario esclarecer cómo desaparecieron esas 27 personas, si el Ejército estuvo involucrado en tal crimen y si el supuesto guerrillero Wílber Sandoval sí fue detenido por militares y asesinado por los mismos. Así como es primordial establecer todos los horrores que se cometieron en este municipio del norte del Valle.

Los responsables de la masacre

El capo del narcotráfico Diego León Montoya, conocido como Don Diego, quien perteneció al cartel del norte del Valle por cerca de dos décadas, es el principal responsable de los múltiples crímenes que azotaron a Trujillo entre 1988 y 1994. Así lo han establecido las autoridades judiciales, aunque Don Diego, quien será extraditado a Estados Unidos, se ha negado a proporcionar información al respecto. Hace un par de semanas, la Procuraduría le solicitó al Ejecutivo que suspendiera el trámite de extradición hasta tanto se concluya el proceso de la masacre de Trujillo.

Su lugarteniente Henry Loaiza, alias El Alacrán, fue llamado a juicio en 2006 y hace un par de meses la Fiscalía y el Ministerio Público le solicitaron a la jueza que lleva su caso que fuera condenado por eventos relacionados con la masacre de Trujillo. Loaiza se encuentra actualmente recluido en Palogordo (Girón), en espera de que la justicia determine su responsabilidad en los crímenes de los que se le acusa.

Los 27 desaparecidos de marzo de 1990

La Fiscalía investiga la presunta participación de oficiales y suboficiales del Ejército en la desaparición de 27 habitantes de Trujillo, en el mismo lapso en que el Eln emboscó a un grupo de militares en el corregimiento La Sonora. Entre los desaparecidos se encuentran dos inspectores, José Porfirio Ruiz y Fernando Fernández Toro; tres hermanos de apellidos Arias Prado, Wílber Sandoval, un supuesto guerrillero y dos mujeres.

El organismo también busca establecer si algunos uniformados participaron en la ejecución extrajudicial de Guillermo Betancourt, un joven de Trujillo que en algún tiempo perteneció a la guerrilla y, según testigos, fue agredido físicamente y luego asesinado. El coronel (r) Hernán Contreras, a quien le preguntaron por este hecho, negó que sus hombres hubieran desaparecido a Betancourt, a Sandoval o a cualquier otra persona.