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Hacia una política de Estado

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En todos los países que operan en democracia y practican el Estado de derecho hay políticas de Estado.

 Es decir, existen políticas que son compartidas transversalmente por todos los partidos, grupos y movimientos políticos y son, igualmente, puestas en práctica por todos los gobiernos a lo largo del tiempo.

Más allá de las reglas de juego fundamentales, plasmadas en la Constitución y las leyes, que deben ser naturalmente acatadas por todos, deben existir acuerdos que, sin ser legalmente obligatorios, permiten a una sociedad progresar y lograr grandes objetivos para el bien común. Dichas políticas de Estado varían de país a país y emergen por consideraciones históricas particulares. Pueden abarcar desde la política exterior, en particular, las relaciones con los países vecinos, hasta prácticas de convivencia, como la costumbre de los jefes del Estado de consultar regularmente a los líderes de la oposición en los grandes temas de interés nacional, o la que tienen países como el Reino Unido, en donde el primer ministro y el jefe de la oposición aparecen siempre juntos en las grandes conmemoraciones históricas o en las visitas de jefes de Estado extranjeros.

Muchas de estas políticas o prácticas son simbólicas, pero no por ello dejan de tener un profundo significado. Cuando el presidente o el primer ministro de un país llaman a consultas al jefe o a los jefes de la oposición, o cuando todos aparecen juntos en una conmemoración histórica, se está significando que, más allá de las diferencias y de las confrontaciones políticas habituales, todos hacen parte de una misma casa, de una misma historia, de unos mismos recuerdos, y todos tienen —tenemos— la tarea de construir una mejor sociedad para los nuestros y todos los que vendrán después.

En Colombia estamos muy lejos de estas prácticas de convivencia política. Es más, en algunas áreas hemos retrocedido, como ha sucedido con la comisión asesora de relaciones exteriores, que hoy está poco menos que desmantelada. Y donde más hemos necesitado una política de Estado —el proceso de paz— no hemos sido capaces de construirla. En su columna de El Tiempo, Eduardo Posada Carbó ha insistido en que es muy difícil entender cómo un gobierno se sienta a negociar con los enemigos del Estado, mientras los partidos y movimientos democráticos no son capaces de sentarse a hablar y acordar, juntos, una misma posición frente a los grupos armados ilegales.

Por eso debe ser bienvenida la propuesta de Óscar Iván Zuluaga de continuar el proceso de negociación de La Habana. Pero, para que ella se convierta en una verdadera política de Estado, se requiere que los dos candidatos a la Presidencia se comprometan, pasadas las elecciones, a incorporar a la oposición al equipo negociador. Si ello se logra, habremos dado no sólo una gran muestra de madurez política, sino una gran legitimidad y fortaleza al proceso de paz. Se garantizaría así que, cuando se lleve el acuerdo a un referendo, sea mayoritariamente aprobado por todos los colombianos y colombianas.

Pero, más allá de pasos como éste, necesitamos más convivencia, más interlocución, más debates estructurados entre todos los grupos políticos. Necesitamos poner en práctica el principio más elemental, el que hace más de dos milenios el estagirita argumentó en el libro primero de La política, cuando escribió que el ser humano es un ser que dialoga. Quien no necesita dialogar —dijo— es porque o es dios o es una bestia.

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