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La conciliación del proyecto de referendo que busca consultar al pueblo en las urnas sobre si quiere o no que el presidente Álvaro Uribe sea por tercera vez consecutiva candidato a la primera magistratura del Estado, superó el martes, al filo de la medianoche, por fin su tránsito por el Congreso de la República y pasará al examen de la Corte Constitucional, último escollo antes de afrontar el veredicto de las urnas, donde según el censo electoral actual debe sacar cerca de siete millones y medio de votos en total, es decir, sumando el sí y el no.
Con 85 votos a favor y cinco en contra, el uribismo logró imponer sus escasas mayorías en un debate final que tuvo como telón de fondo hechos jurídicos, como la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura de negar una tutela que pretendía impedir que la Corte Suprema de Justicia investigara a los 86 representantes denunciados por el delito de prevaricato al apoyar, en diciembre pasado la iniciativa, sin el lleno de los requisitos legales, alegando la inviolabilidad del voto parlamentario. Asimismo, la noticia sobre la orden de captura en contra del senador Alirio Villamizar, dentro de la investigación por el supuesto recibimiento de prebendas a cambio de votar a favor la primera reelección presidencial.
Al comienzo, la sesión giró en torno a la polémica de si los cinco representantes que el martes se salieron de Cambio Radical para pasarse a las filas del Partido de la U, podían votar a o no: Ángel Custodio Cabrera, Violeta Niño, José Ignacio Bermúdez, Luis Felipe Barrios y Felipe Fabián Orozco. Según el jefe de esa colectividad, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, no podían hacerlo porque el Comité Ético del Partido les había impuesto una sanción previa a su ‘voltearepismo’.
Sin embargo, el mismo presidente de la Cámara, Édgar Gómez, autorizó la participación de los cinco parlamentarios, “asumiendo la responsabilidad que conlleve esta decisión”. En la polémica entró a mediar el presidente del Partido de la U, Luis Carlos Restrepo, quien aseguró que la postura de Vargas Lleras no era más que “un pataleo”. Incluso, el ex Comisionado de Paz fue más allá y acusó a los dirigentes de Cambio Radical de convocar a su Comité de Ética para tomar una decisión sobre unos congresistas que ya no hacían parte de la colectividad, sin darles el derecho a la legítima defensa. “Allá lo que hay es una dictadura y el doctor Germán Vargas está mostrando su talante de pequeño dictadorcito”, enfatizó Restrepo.
Decididos los impedimentos que faltaban por resolver desde la plenaria de la semana pasada, los últimos intentos de la oposición por tratar de torcer la votación de la conciliación se concentraron en recordar la serie de irregularidades que desde un comienzo ha tenido el referendo reeleccionista: la supuesta violación de los topes de financiación en la recolección de las firmas; las denuncias de que DMG habría aportado $5.000 millones a dicho proceso y el cambio de la pregunta en Senado para que la reelección aplicara en 2010. Además, la misma investigación de la Corte Suprema contra los 86 representantes y, en los últimos días, las acusaciones sobre la supuesta compra de votos por parte del Ejecutivo.
En la coalición primaron conceptos como que la democracia tiene que prevalecer dejando que el pueblo se exprese y que la intención de los opositores apuntaba a querer penalizar las decisiones del Legislativo. Hacia las 11:35 de la noche, el presidente de la Cámara determinó la “suficiente ilustración” y procedió a darle paso a la votación, en la que la conciliación del referendo fue aprobada con reelección para el presidente Uribe en 2010, en medio de aplausos de los miembros del uribismo y del Gobierno presentes en el recinto.
¿Qué sigue ahora? Viene el examen de la Corte Constitucional, en la forma mas no en el fondo. La discusión a partir de este momento será entonces si el Alto Tribunal tiene la facultad de decir si el Senado podía cambiar la pregunta. La Corte cuenta con un mínimo de 90 días para dar su veredicto, aunque el promedio en este tipo de consultas es de cinco meses y 12 días. En caso de acelerar el paso y proferir el fallo en esos 90 días, quiere decir que el referendo estaría saliendo hacia finales de octubre. Si el veredicto es favorable, el Presidente tiene 30 días para convocar a su votación.
Sin embargo, cabe aclarar que, según ha dicho el registrador Carlos Ariel Sánchez, la Organización Electoral requiere de entre tres y cuatro meses para preparar la citación a las urnas. Según conoció El Espectador, la coalición intentará, a través de la reglamentación de la reforma política, bajar la cifra que ordena el censo electoral (un total de siete millones y medio de votos). Más allá de las advertencias sobre el resquebrajamiento de los pilares de la democracia y la defensa de la voluntad popular, el pulso entre uribismo y oposición se traslada ahora a ganar votos y a promover el abstencionismo, respectivamente.