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El cese de actividades, que este sábado cumple 31 días, ya se convirtió en el más largo desde 1997, cuando hubo uno que duró 29 días. Organismos como la Policía han mostrado su preocupación frente al tema, pues ya se convirtió en un hecho recurrente que, por ejemplo, los delincuentes que son capturados en flagrancia sean dejados en libertad al no haber un juez de garantías que legalice el arresto. Sin mencionar los demás procesos judiciales que se encuentran en el limbo. La próxima semana, el número de jueces designados por emergencia se incrementará de 60 a 80.
La pelea ha sido dura. Hace unos días el Gobierno instó al Tribunal Superior de Bogotá a realizar los trámites para que el Consejo de la Judicatura declare ilegal esta huelga, y ofreció $111.000 millones anuales como recursos adicionales para mejorar los ingresos de los trabajadores de la rama. No obstante, éstos han sido enfáticos en su posición: su exigencia se remite a la Ley 4ª de 1992, en la que se estableció una nivelación salarial para ellos. Y no aceptarán menos que eso.
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