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Frontera agrícola, colonos, colonización. A lo largo de las últimas décadas estos procesos y poblaciones han sido descritos por prensa y gobiernos desde la sospecha. Se cree que comunidades que migraron a la periferia rural suelen asociarse con la subversión. Se asimila cualquier proceso de poblamiento rural con la colonización armada protagonizada por cientos de familias campesinas que se armaron para combatir la persecución oficial durante la Violencia de los cincuenta y a lo largo de los sesenta, ocupando sitios como Marquetalia, El Pato, Guayabero, Sumapaz y Riochiquito.
El tercer acuerdo de La Habana, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, nos insinúa otra imagen del colono, ya no como simpatizante fariano, sino como víctima del narcotráfico. Así, para referirse a cultivadores de coca se utiliza el término “afectados”. “Se acordó en primer lugar la puesta en marcha de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en cabeza de la Presidencia de la República, cuyos objetivos son generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito (…)”, dice el comunicado. Tras el anuncio varios analistas han hecho eco de este nuevo retrato del campesinado cocalero preguntándose, paternalmente: “¿Qué vamos a hacer con estas familias?”, “¿cómo sacar a estas víctimas del círculo vicioso?”.
Las dos representaciones, la del colono como subversivo y la del colono como afectado, son en extremo problemáticas. Se ha documentado cómo no siempre la guerrilla ha acompañado los procesos de colonización. En el Putumayo, por ejemplo, las Farc llegaron treinta años después que los colonos, después de la bonanza petrolera y del comienzo de los cultivos comerciales de coca. La mirada estigmatizadora les ha restado importancia a movilizaciones como la de los pequeños cultivadores de coca en 1996. María Clemencia Ramírez mostró cómo, pese a que el apoyo de las Farc en tareas organizativas permitió que ésta perdurara, la protesta tenía como objetivo demarcarse de la guerrilla y de los narcotraficantes y presentarse como ciudadanos en la búsqueda no sólo del fin de las fumigaciones sino del acceso a servicios públicos y la participación en ejercicios de planeación. La estigmatización ha significado represión, y después de las marchas del 96 la arremetida paramilitar e iniciativas estatales como el Plan Colombia y sus fumigaciones golpearon fuertemente a la organización campesina.
Por su parte, al referirse a esta población como “afectados” (¿damnificados?), el acuerdo de La Habana logra reinscribir sus historias en un pasado tranquilo, pasivo y por supuesto inexistente. En un estudio sobre el Bajo Putumayo, María Clara Torres narra cómo la propia economía cocalera derivó en urbanización y cómo en ciudades más grandes el arbitraje de la cotidianidad ejercido por las Farc se hizo insuficiente. De ahí que las comunidades echaran mano de estrategias como participar en juntas de acción comunal o en elecciones, del lado del Partido Liberal y con el objetivo de marcar una distancia con respecto a las Farc.
Lo pactado es un avance frente a las avionetas con glifosato o el discurso puramente represivo. Sin embargo, estas no son comunidades que emergen de un diluvio o de un terremoto. Sus historias no caben en un solo “punto de la agenda”.
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