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El próximo presidente de Colombia tendrá que chuzarse con una especie nativa y mejorar su gestión ambiental. Esto si quiere seguir con la iniciativa de hacer a Colombia miembro del club de los países ricos, la OCDE.
Es tiempo de que los candidatos dejen de chuzarse entre ellos y, como cura ante plagas y malos hábitos, opten como terapia chuzarse a sí mismos con una espina de una especie nativa. Que lo hagan proponiendo puntos claros y precisos para mejorar la gestión ambiental, pues la evaluación del desempeño ambiental que de Colombia hizo la OCDE deja, para todos los actores sociales y en particular para el próximo presidente y sus ministros, una lista de tareas pendientes.
Se da por descontado que el próximo presidente seguirá buscando que Colombia sea aceptado en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la organización de los 34 países que generan el 80% del producto global del planeta. Si queremos formar parte de este grupo, debemos atender las recomendaciones que surgieron de la evaluación económica, social y ambiental que para la OCDE realizó un grupo de expertos. Más del 50% de las recomendaciones están asociadas a la gestión ambiental, enfatizando que nuestro desarrollo económico debe mejorar en términos de sostenibilidad ambiental.
La evaluación ambiental tiene siete capítulos y el último, al que quiero referirme en esta columna, es sobre biodiversidad. El documento reconoce a Colombia como el segundo país más rico en biodiversidad en el mundo y señala la necesidad de hacer una valoración económica de los servicios de los ecosistemas —de los beneficios que la sociedad obtiene de los ecosistemas— para impulsar una vigorizada acción de conservación y uso sostenible. Colombia tiene más del 50% de su superficie en bosque, mientras los países de la OCDE tienen el 30%; este es un diferencial positivo que nos privilegia. Señala que la principal razón de pérdida de biodiversidad es el cambio del uso de suelo de bosque y sabanas naturales por ganadería, palma africana, agroindustria, carreteras y minería. Entre las acciones concretas propone: impedir la minería en las áreas protegidas y disminuir la presión sobre el bosque y los ecosistemas naturales impulsando, en las áreas hoy transformadas, sistemas silvopastorales, es decir, ganadería con árboles.
El documento reconoce la existencia de una bien concebida política nacional de gestión de la biodiversidad, señala su deficiente nivel de ejecución y habla de la precaria gestión de algunas CAR, entidades que considera claves para dicha gestión. Menciona la rápida expansión de la minería y la deficiente información y gestión ambiental que la acompaña. Resalta la necesidad de suspender los títulos mineros que erráticamente se concedieron en áreas protegidas.
En síntesis, señala que en gestión ambiental hay mucho que hacer y que la responsabilidad es de todos los sectores económicos y actores sociales. El rol y la responsabilidad de cada cual son distintos y el principal cuestionado es el Gobierno en todos sus niveles. ¿Qué propone y hará el próximo presidente? ¡La sociedad civil colombiana y la OCDE estamos alerta!