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La cultura popular ha reconocido a Robin Hood como un forajido que, ante el incremento exacerbado de impuestos, el derroche y las injusticias del tirano Juan sin Tierra, optó por robar los recursos de los más ricos para entregarlos a los pobres.
Curiosa, e infantilmente, el Gobierno Nacional ha tratado de reivindicar esta figura a través de sus propuestas tributarias porque, a pesar de la narrativa, los proyectos de ley que se han presentado están lejos de garantizar justicia tributaria. Por el contrario, medidas como la reintroducción del impuesto a la normalización evidencian que el Gobierno está dispuesto a premiar a los evasores con tal de aliviar su déficit.
Ahora, ¿cómo se pasa de ser Robin Hood a convertirse en Juan sin Tierra? A continuación, un breve resumen.
Esta semana, el Congreso de la República archivó el proyecto de ley de financiamiento que había radicado el Gobierno nacional en septiembre.
Como habíamos explicado, el Gobierno pretendía crear nuevos impuestos, incrementar las tarifas e introducir medidas de mayor control fiscal, así como alivios para deudores morosos. Todo esto para resolver el déficit de COP 26 billones que tenía el presupuesto presentado, que luego se redujo a COP 16 billones.
Al margen de las críticas evidentes acerca de la inestabilidad tributaria de nuestro país, el encarecimiento del costo de vida a través de los cambios propuestos y la irresponsabilidad fiscal del Gobierno, en esta oportunidad queremos advertir un nuevo peligro. Ante la negativa del Congreso, la administración nacional ha manifestado su interés por decretar de nuevo un estado de excepción, el de emergencia económica, para adelantar su reforma tributaria.
Como explicamos en otro artículo, nuestra Constitución otorga excepcionalmente al presidente de la República poderes para crear, modificar y eliminar impuestos. Este es un as baja la manga para los gobiernos, puesto que permite un trámite exprés para la modificación de normas fiscales, que en el trámite ordinario no lograrían recaudar lo necesario para superar las condiciones que provocaron el estado de excepción.
Infortunadamente, el Gobierno nacional parece haber encontrado la solución a su conducta con el abuso de esta figura. Recordemos que en Colombia reina el principio de legalidad: todo impuesto debe ser creado por ley. Esta es una garantía para que los ciudadanos no dependan del capricho de un administrador que, de la noche a la mañana, decida incrementar los impuestos —como lo hacía Juan sin Tierra, el villano de Robin Hood—.
Sin embargo, ante el rechazo del Congreso, el Gobierno podría saltarse abruptamente la Constitución, puesto que no se reúnen los requisitos para la configuración del estado de emergencia económica, con la única intención de recaudar más dinero, ¿hay algo más tiránico que esto?
Para un Gobierno arbitrario, la Constitución política y las reglas de juego siempre serán un obstáculo, especialmente tratándose de impuestos. Así, aunque el poder tributario en cabeza del presidente es una excepción, el Gobierno pretende convertirlo en hábito. Ahora bien, la intención del Gobierno también tiene en consideración otro factor bastante infortunado: la demorada revisión de la Corte Constitucional.
Recordemos que los decretos emitidos durante un estado de excepción tienen una revisión automática y posterior de la Corte; es decir, estos decretos solo pueden ser estudiados cuando han entrado en vigencia. Por ello, a pesar de que el estado de excepción sea inconstitucional porque el Gobierno pretende convencernos de la necesidad de apagar un incendio que él mismo provocó, los tributos que se creen aplicarán hasta que la Corte se pronuncie.
Tristemente, este año la Corte brilló por su tardanza, pues se demoró unos tres meses en revisar el decreto que declaró el estado de conmoción interior y nueve más en estudiar el decreto que creó el impuesto especial por el Catatumbo, revivió el impuesto de timbre y gravó con IVA a las apuestas en línea —sin mencionar la infortunada decisión adoptada—.
Por ello, aún si la declaratoria del estado de emergencia económica fuese inconstitucional, la Corte se demoraría hasta tres meses en revisarlo; tiempo suficiente para crear nuevos impuestos y recaudar. O en el peor de los escenarios, podría tardarse aún más.
Contrario a respetar las reglas de la democracia, la intención de decretar un estado de excepción representa una franca arbitrariedad y una afrenta para las garantías constitucionales de los ciudadanos en materia tributaria. Para colmo, dependemos de la voluntad de la Corte para ponerle un freno al Gobierno, pues ningún ciudadano podría demandar dichos decretos o hacer uso de algún otro mecanismo para obligar al presidente a respetar la Constitución.
De esta manera, queda claro cuál es el camino para que “Robin Hood” se convierta en el tirano de la historia. La narrativa de equidad tributaria que ha usado el Gobierno se desdibuja con sugerencias como saltarse al Congreso de la República para crear impuestos y denota la intención de recaudar a como dé lugar. Las decisiones impositivas deben ser tomadas en democracia, aun si esto incomoda al gobierno de turno.
* Profesor de la U. Rosario y miembro de la Red de Trabajo Fiscal.
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