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Siete exintegrantes de la antigua guerrilla de la Farc, 21 militares en retiro y cinco empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba son las últimas personas imputadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como máximos responsables de graves crímenes en la región de Urabá. Por medio de un auto de 1.557 páginas, la justicia transicional describió uno a uno los patrones criminales y hechos violentos de los cuales fueron víctimas mujeres, indígenas y afrodescendientes, entre los años 1986 y 2003. Son, en total, 54.672 las personas acreditadas como víctimas por desapariciones y desplazamientos forzados, homicidios, torturas, violencia sexual, daños ambientales y despojo de tierras, en el marco del macrocaso 04.
En concepto de la JEP, seis municipios de Antioquia (Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba) y cuatro del Chocó (Acandí, Unguía, Riosucio y Carmen del Darién) fueron un “escenario y laboratorio de guerra” para distintos actores armados. Otras nueve poblaciones del Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano fueron incluidas como “territorios conexos”, por estar dentro del área de influencia de los grupos armados que operaban allí. También los municipios de Tierralta y Valencia (Córdoba) hacen parte de la región priorizada por la justicia transicional en su investigación. Esto, por estar en la serranía de Abibe y el Nudo de Paramillo, “una zona estratégica por su posición como corredor de movilidad”.
El de Urabá es uno de los tres casos territoriales que investiga la JEP y da cuenta, como lo dice el auto de imputación, de “la atrocidad vivida” allí. “Fue escenario de una disputa prolongada entre múltiples actores por el control político, económico y territorial de un espacio considerado estratégico para el desarrollo de proyectos económicos de gran escala”, se lee en el documento. Allí, además, identificaron tres patrones criminales en los que se basaron para imputar a los 34 comparecientes: eliminación por prejuicio de ser un enemigo, vaciamiento del territorio con fines de despojo y control sociocultural y territorial. Todos manifestados en graves hechos como masacres, atentados y ataques a poblaciones como la de Bojayá (Chocó).
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El horror de las masacres
Uno de los tres patrones criminales identificados por la JEP en la región de Urabá fue el de “eliminación por prejuicio de ser un enemigo”. En otras palabras, las masacres y asesinatos de personas que “fueron seleccionadas por sus perpetradores, y señaladas previamente, es decir, etiquetadas y estigmatizadas como auxiliadores, colaboradores, afines políticos, amigos, informantes, en fin, como personas pertenecientes a la otra parte del conflicto”. Dentro de este patrón criminal, ejecutado por el Ejército, en connivencia con grupos paramilitares, y por las antiguas Farc, siguiendo órdenes directas de sus comandantes, se perpetraron secuestros, violencias contra las mujeres, asesinatos y desapariciones forzadas.
Uno de los casos documentados es el de la masacre de Pueblo Bello, ejecutada por paramilitares, con el apoyo del Ejército, en Turbo (Antioquia). Según la información recopilada por la JEP, 43 campesinos fueron asesinados en un mismo hecho, con un solo objetivo: “La eliminación física de las personas que fueron señaladas de ser parte del grupo de la guerrilla o colaboradores de las Farc o el EPL (Ejército Popular de Liberación)”. Unos 35 paramilitares de la llamada casa Castaño se tomaron el corregimiento, montaron a las víctimas en dos camiones robados y, con el permiso de militares que estaban en controles viales, los llevaron hasta una finca en Valencia (Córdoba), donde fueron torturados, asesinados y desaparecidos. Los cuerpos de 37 de las víctimas aún no han sido encontrados.
Otro hecho que corresponde al primer patrón macrocriminal, atribuido a las Farc, es el asesinato de Liliana Londoño Díaz. El 4 de mayo de 1997, la joven de 22 años viajó desde Carepa hasta San José de Apartadó (Antioquia) para visitar a su pareja, el teniente del Ejército Camilo Cristian Herrera. Luego de almorzar juntos, la mujer tomó un bus para regresar a su pueblo. Antes de llegar a Carepa, uno de los pasajeros la obligó a bajar del vehículo y la llevó por un camino veredal. El teniente Herrera perdió el rastro de su pareja hasta que nueve días después su cuerpo sin vida fue hallado en una fosa. La mujer fue degollada por hombres del quinto frente de las Farc. Según la JEP, se trató de un caso de “prejuicio enemigo” por el control territorial.
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Despojo apalancado por ganaderos
El segundo patrón del caso 04 es el “vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento”. Se le atribuye principalmente a exmiembros del Ejército, grupos paramilitares que actuaban de su mano y a actores civiles de la región como el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC). Por ello, cinco exdirectivos de esa desaparecida sociedad fueron imputados como máximos responsables. “La finalidad de este repertorio de violencias fue la inserción de nuevos referentes de poder económico acumulado por nuevos poseedores de los derechos al uso y goce de los recursos naturales y la tierra. Los hechos fueron a menudo visibles, de gran impacto y con la entidad suficiente para aterrorizar a los pobladores y obligarles a despoblar”, señaló la JEP.
Uno de los casos recogidos en la investigación es el del despojo de tierras a unas 150 familias de la región conocida como Tulapas, de la que hacen parte los municipios Turbo, San Pedro de Urabá y Necoclí (Antioquia). La justicia transicional encontró que allí se dio una compra masiva de tierras por parte de personas y sociedades que llegaban desde otras zonas del país. Esto coincidió con la llegada de grupos paramilitares hacia 1994, “que impusieron en la zona medidas para la restricción de la movilidad y control armado territorial, como retenes y peajes de control en las rutas de tránsito y acceso a la zona, además del aumento exacerbado de los homicidios y otras violencias graves cometidas por prejuicio enemigo”.
Benito Molina Valverde, uno de los comparecientes imputados por la JEP y presidente de la junta directiva del FGC, le dijo a la justicia transicional que la guerra allí era la “antesala” para vaciar el territorio y abrir camino a sus intereses económicos. Esto, apoyados por la mano criminal de paramilitares que operaban en la región. “Los hechos de violencia se contaban por los muertos que dejaban botados por la carretera. En consecuencia, las condiciones de vida en la zona se volvieron muy difíciles para la población”, indicó. Según la JEP, solo en 1995 en Turbo fueron asesinadas 1.484 personas; otras 395 fueron desaparecidas. La región de las Tulapas fue “el primer foco de vaciamiento regional y se convirtió en el modelo de despojo”.
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Presiones violentas a las comunidades
Un tercer patrón criminal que pudo delinear la JEP fue el de “control sociocultural y territorial”. En otras palabras, hace referencia a las violencias ejercidas por la antigua guerrilla de las Farc, con el objetivo de crear miedo en la población civil y debilitar su capacidad de organización social. Entre estos hechos se cuentan, por ejemplo, los asesinatos de líderes sociales. También los ataques directos a bienes y sujetos protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como es el caso de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002. Los cilindros bomba lanzados por guerrilleros contra paramilitares dentro del pueblo cobraron la vida de 98 personas, al impactar la iglesia que había sido tomada como refugio por los civiles.
Uno de esos ataques directos de la guerrilla a líderes, con el objetivo de causar miedo en la población, fue el asesinato de María Ricardina Perea Mosquera, ocurrido en noviembre de 1996. La mujer era una lideresa del pueblo afrocolombiano que, además, ejercía como tesorera de la Junta de Acción Comunal del Consejo Comunitario de Las Pavas, en Riosucio (Chocó). Rodolfo Restrepo Ruiz, alias “Víctor Tirado”, reconoció ante la JEP haber ejecutado el crimen por orden del comandante del frente 57 de las Farc, Virgilio Antonio Vidal Mora, alias “Silver”, quien “solicitó la muerte de la víctima bajo acusación de malos manejos financieros en el seno de la comunidad”. Información que nunca fue corroborada.
También la explosión con dinamita de la bonga tutelar del Consejo Comunitario de La Grande, en Carmen del Darién (Chocó), fue señalado por la JEP como uno de los ataques a bienes y sujetos protegidos por (DIH), con el objetivo de fracturar el corazón de las organizaciones sociales. La bonga era un árbol enorme y emblemático para la comunidad, que fue derribado sobre una quebrada por hombres del frente 75 de las antiguas Farc, con el objetivo de ganar ventaja ante un ataque de estructuras paramilitares. La caída del árbol causó que el afluente se represara. Según uno de los testimonios entregados a la JEP, “empezaron a bajar palizadas y lodo, e inició la sedimentación del río”, lo que causó un grave daño ambiental.
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Por todos estos crímenes y graves violaciones de derechos humanos fue que la JEP imputó a los 34 comparecientes que se acogieron a la justicia transicional y aceptaron haber sido parte de los actores que alimentaron el horror de la guerra en la región de Urabá, donde hay, en total, 504.853 personas acreditadas como víctimas. Una movida clave, por ser la primera vez que se imputan de forma simultánea a tres actores distintos: exfarc, militares en retiro y civiles. Ahora tendrán hasta 60 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad en los crímenes imputados y, en caso de ser así, pararse frente a las víctimas y reconocer a viva voz cuánto dolor causaron en esa zona del país.
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Por Gustavo Montes Arias
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