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Poco después de las cinco de la mañana del domingo, el presidente hondureño Manuel Zelaya observaba las calles de Tegucigalpa, la capital, por última vez. Rodeado de soldados con fusiles de asalto, boínas de colores y ceños fruncidos, era conducido en un vehículo militar. Por las ventanas veía cómo, con los primeros rayos de luz, las aceras se llenaban de hombres en camuflado.
Cuando el vehículo entró a una base aérea en el sur de la ciudad, al mandatario y jefe constitucional de las Fuerzas Armadas hondureñas no le quedó ninguna duda: había sido derrocado.
La noticia comenzó a propagarse por medio de los rumores. Cuando los hondureños se disponían a salir a las calle para votar, se encontraron con los colegios electorales cerrados, las calles atestadas de militares e interferencia en sus radios. “Cortaron la electricidad, están limitando todas las comunicaciones”, escribió José, un habitante de Tegucigalpa, en el foro virtual de la cadena británica BBC.
Minutos más tarde, tanquetas y otros vehículos blindados de las Fuerzas Armadas recorrían las calles de la capital hondureña. Los periodistas que se acercaron a la sede de gobierno encontraron un fuerte cerco militar, fusiles apuntando sus cámaras y la advertencia tácita de que no respetarían sus vidas si no se alejaban del lugar.
Hacia las 10:00 a.m., hora local, los soldados comenzaron a ser abucheados. Cientos de seguidores de Zelaya quemaron llantas en algunas calles, otros le cerraron el paso a la avanzada de los tanques mientras lanzaban improperios contra los soldados.
Los pocos canales de televisión que aún seguían transmitiendo (la señal pública fue sacada del aire) aconsejaban a su audiencia no salir a las calles. “Los líderes religiosos suspendieron las actividades de concentración masiva, y recomiendan continuar en calma y recogimiento”, consignó, en su edición virtual, el diario La Tribuna.
En contraste, la prensa internacional no dudaba en calificar la acción como un golpe de Estado. Un reportero de la cadena estadounidense CNN que cubría una manifestación frente a la Casa de Gobierno fue el primero en dar pistas sobre el paradero de Zelaya: el hijo de su secretaria privada reveló que los militares lo habían enviado en un avión hacia Costa Rica.
“Hago responsables al grupo económico que domina los medios de comunicación, al presidente del Congreso, que nos avergüenza, y a los grupos que pretenden vencer la voluntad de nuestro pueblo”, dijo la canciller hondureña Patricia Rodas al canal venezolano Telesur. Mientras, la agencia EFE informó que la primera dama, Xiomara de Zelaya, se escondía en las montañas al oriente del país.
A medida que el ejército ocupaba las instituciones del Estado y los cables de prensa candidatizaban a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, para hacerse cargo del Ejecutivo, el mundo dio sus primeras muestras de consternación. “Esto ha sido un golpe militar y tenemos que señalar que se debe restablecer el orden constitucional”, dijo José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, en la reunión de última hora del organismo en Washington.
Desde Venezuela, el presidente Hugo Chávez advertía que el futuro del nuevo jefe de gobierno no sería placentero: “Haremos todo lo que tengamos que hacer para que Manuel Zelaya sea restituido en su cargo y para que el camino democrático sea restituido”.
Entonces, Manuel Zelaya apareció en las pantallas de televisión. En rueda de prensa, acompañado por el presidente costarricense Óscar Arias, narró cómo los soldados irrumpieron en su casa, lo encañonaron y lo sacaron del país. “He sido víctima de un secuestro
a mano armada”, denunció el mandatario, y acusó a las élites hondureñas de idear su derrocamiento. “Algo han de haberles ofrecido para que asestaran este brutal golpe a la democracia”, agregó.
Pero el tiempo reveló que su detención fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia, que en un comunicado de prensa legitimó el arresto presidencial: “Las acciones del día de hoy estaban basadas en una orden judicial emitida por juez competente”.
El arresto de la canciller Rodas y la orden de captura contra todo el gabinete ministerial abonaron el camino para el cambio de mando en el país, que se cristalizó en la tarde, cuando el Congreso en pleno aprobó una supuesta carta de renuncia irrevocable firmada por Zelaya, quien desmintió su legitimidad desde Costa Rica; pero para despejar cualquier duda, los diputados reunidos de emergencia lo destituyeron con un argumento contundente: sus “amplias violaciones a la Constitución”.
Los gritos de rechazo en las calles no encontraron eco en el Legislativo, que siguió con el orden del día e instaló a Roberto Micheletti en el poder. “Haré un gobierno de integración nacional”, declaró a modo de discurso de posesión.
Al cierre de esta edición, la OEA preparaba una resolución de condena contra el golpe militar.
Las causas del golpe
El objetivo de Manuel Zelaya de redactar una nueva Constitución en la que se permitiera la reelección presidencial precipitó su caída.
La confrontación pública con el Congreso (que se opuso desde el principio), con la Corte Suprema de Justicia (que lo declaró ilegal) y con el Ejército (que se negó a prestar la logística para realizar la consulta), desataron una grave crisis política en el país.
El mismo Zelaya pensó haberla superado cuando EE.UU. apoyó su gestión.
“Honduras era un barco a la deriva desde hace varios meses”, explica el analista Enrique Serrano.
El hombre detrás del golpe
Con la mirada atenta y fría, el general Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hondureñas, apareció en los titulares noticiosos cuando el mandatario Manuel Zelaya decidió separarlo del cargo.
“El presidente es muy necio, no escucha”, le dijo a los medios del país, que no tardaron en reportar cómo, mediante un fallo judicial, la Corte Suprema de Justicia ordenó su restitución inmediata. Hoy es señalado como el coordinador del golpe que derrocó a Zelaya.
La última vez que los hondureños vivieron una situación similar fue el 4 de diciembre de 1972, cuando un golpe militar puso fin al naciente gobierno de Ramón Ernesto Cruz; la democracia sólo regreso hasta 1982.
En diálogo con El Espectador, el analista Enrique Serrano explicó el porqué de esta nueva toma de poder: “Existe una tradición en Centroamérica que define al Ejército como el único que pude estabilizar situaciones de inestabilidad política”.