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La fiscal Luz Adriana Camargo se alista para emitir una orden de captura en contra de Alexánder Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, el jefe de la disidencia de las Farc que negocia una salida de la guerra con el gobierno Petro desde abril de 2024. La jefa del ente investigador anunció este 10 de diciembre que sus fiscales están estudiando la posibilidad de pedir una nueva orden de detención en contra de este líder guerrillero porque, explicaron fuentes del ente investigador, tienen pruebas de que, pese a estar sentado en una mesa de diálogos con el Ejecutivo, en el marco de la ley paz total, ha seguido delinquiendo y cometiendo graves crímenes. En pocas palabras, porque considera que su voluntad no es genuina y ha vuelto a cometer nuevos delitos.
La decisión de la Fiscalía se conoce tres semanas después de una publicación de Noticias Caracol que expuso que, pese a que el organismo investigador incautó hace 16 meses información sensible de la organización ilegal dirigida por “Calarcá” y de los presuntos nexos de miembros del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en ese grupo armado, las investigaciones apenas comienzan. Según el informe, se trataría del general Juan Miguel Huertas y el director estratégico de la DNI, Wilmar Mejía. Ambos son mencionados en varios de los dispositivos electrónicos decomisados al jefe disidente y a sus hombres durante un retén en Antioquia, en julio de 2024.
Fuentes conocedoras del caso le señalaron a este diario que, si se concretan las órdenes de captura, el impacto sobre la mesa de diálogos impulsada por el presidente Petro podría ser profundo. Sin embargo, hay un detalle adicional en esta historia que ha pasado, hasta ahora, desapercibido de la discusión técnica de los alcances de una mesa de negociación con grupos que siguen delinquiendo. Un tema que, de seguir lejos del debate, podría provocar un escenario en el que, ni siquiera las órdenes de la fiscal general, podrían cumplirse. El contenido de este problema está en un parágrafo de la ley de paz total, no solo aprobada por el Congreso, sino avalada por la Corte Constitucional en una sentencia que se conoció el 31 de agosto de 2024.
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Aunque el alto tribunal sí ajustó algunos apartes de la norma y dejó claro que, en el caso de comprobarse la falta de voluntad de los integrantes de los grupos armados en el proceso o de tener pruebas de nuevos delitos, la Fiscalía puede reactivar las órdenes de capturas, no se pronunció sobre un apartado que, a la luz de sus precisiones, puede resultar contradictorio. Se trata del parágrafo 30 del artículo 50 de la ley 2272 de 2022 que estipula que el Gobierno, o las personas a quienes autorice, puede acordar con los representantes de grupos armados ilegales que, cuando el proceso de paz esté en una fase avanzada, sus miembros se ubiquen temporalmente en zonas específicas del país.
En esos lugares, añade la ley, “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición , contra estos y los demás miembros del grupo armado organizado al margen de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine”. Aunque no es la primera vez que el Ejecutivo echa mano de esta regulación para establecer negociaciones de paz, el parágrafo hoy cobra interés, no solo porque el presidente Petro anunció que avanza hacia cinco zonas de concentración con varios grupos, sino porque la fiscal general tendría pruebas de que este jefe criminal ha cometido nuevos delitos.
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Buena parte de esas evidencias las reveló Noticias Caracol en su edición del pasado 8 de diciembre. En su informe, el noticiero explicó que las disidencias siguieron ejecutando acciones criminales de alto impacto. Los documentos muestran órdenes internas para reclutar menores, imponer toques de queda, coordinar extorsiones, desplazar comunidades y ejecutar homicidios, incluso contra firmantes del Acuerdo de Paz. Otras pruebas dan cuenta de reuniones clandestinas con mandos intermedios para expandir su control territorial y operaciones de narcotráfico en Guaviare, Meta y Antioquia. Una estrategia que tenía un doble objetivo: negociar públicamente, mientras fortalecían su aparato armado y avanzaban en acciones criminales.
Todas esas pruebas están en estudio de la Fiscalía para determinar si emite o no la orden de captura contra “Calarcá”. Además, el ente investigador aseguró que avanza en cinco líneas de investigación para establecer responsabilidades, no solo de él y sus hombres, sino del general Huertas y el funcionario Mejía, de la DNI. En el entretanto, en el búnker ya se comentan los alcances de esas zonas de concentración que este gobierno bautizó con el nombre de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Aunque hay varias, las más recientes son las cinco que anunció el presidente Petro a través de un trino: tres con el Clan del Golfo y dos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), la disidencia al mando de Wálter Mendoza.
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“Aunque sabemos que no hay ninguna ZUT a la vista con el grupo de ‘Calarcá’ no deja de ser un tema para el debate jurídico, ante una eventual orden de captura en contra de su jefe. No solo a la luz de lo que ya nos dijo la Corte Constitucional sobre hasta dónde puede ir la suspensión de las órdenes de captura o la expedición de nuevas, sino porque la Fiscalía ha sido muy clara en no cruzar la línea con los temas de extradición”, le contó a este diario una fuente de la Fiscalía. La alta funcionaria hizo referencia a esa línea roja que trazó la entidad: el “no” rotundo de levantar las órdenes de captura con fines de extradición de varios jefes de las disidencias y de organizaciones como el Clan del Golfo que han sido designados como negociadores.
Esa posición se ha traducido en fuertes tensiones con el gobierno, en especial, con la Oficina del Alto Comisionado, en cabeza de Otty Patiño. Este diario contó en su edición de este miércoles que ese funcionario le ha pedido al ente investigador que levante las órdenes de captura con fines de extradición en los casos de Willington Henao Gutiérrez, alias el “Mocho”, y en los casos de Geovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, Allende Perilla Sandoval y Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, jefe del Clan del Golfo. Y siempre le ha contestado que no. Es más, en el búnker muchos leyeron un reciente trino del presidente Petro como una muestra más de esos choques.
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“Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución sociojurídica del conflicto armado en varias regiones”, escribió el primer mandatario. El mensaje causó roncha en la Fiscalía. No solo porque la fiscal Luz Adriana Camargo no está incluida en ese listado, sino porque el ente investigador no tiene, dentro de sus funciones, esa tarea de avanzar en la “solución sociojurídica del conflicto”. La propia jefa del búnker reaccionó horas después: “A mí no me gustó el trino. Me parece que no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa. Yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente y no sé de dónde toma esa información”.
Y agregó: “La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al gobierno nacional. Nosotras por supuesto mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público (…) La única preocupación que yo tengo con las autoridades norteamericanas es poder presentar un trabajo de calidad respecto a la persecución de crímenes transnacionales que es lo que hemos venido haciendo de manera muy juiciosa y ordenada”. En medio de esas tensiones, está ahora el escenario que podría crearse a partir de las ZUT. “Nos sorprendió que la Corte Constitucional no modulara o trazara el camino a seguir ante la posibilidad de que las órdenes de captura, incluso las que son con fines de extradición, no se puedan ejecutar en esas zonas”, agregó la funcionaria.
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La preocupación no solo es de la Fiscalía. Expertos en seguridad le expresaron a este diario que, ante las evidencias de que la gran mayoría de las disidencias y otros grupos armados como el Clan del Golfo siguen cometiendo graves crímenes, como el reclutamiento de niños, asesinatos y narcotráfico, pero siguen en una mesa de diálogos, “no es una buena señal que en esas ZUT puedan ir y no tener ninguna medida correctiva. Ya la Corte Constitucional dejó claro que la paz total tiene sus límites y el más importante es que, si no se comprueba la voluntad de avanzar en los diálogos o se evidencia que volvieron a delinquir, hasta ahí pueden llegar los beneficios que les ha otorgado el gobierno”, explicó un investigador que pidió reservar su nombre.
El alto tribunal todavía podría resolver este “vacío” si llegara hasta esa instancia una demanda en contra del parágrafo sobre las ZUT o una aclaración al fallo emitido. Mientras tanto, la Fiscalía revisa contrarreloj las evidencias contra “Calarcá”, mientras en el gobierno y en los órganos de control nadie tiene claro qué ocurrirá si se firma una orden de captura en plena negociación. Las zonas de ubicación temporal, previstas para avanzar en la paz, podrían convertirse en un obstáculo para ejecutar decisiones judiciales. Lo cierto es que el caso ya dejó al descubierto un dilema incómodo: la mesa sigue abierta, pero las pruebas apuntan a que el jefe disidente nunca dejó de delinquir.
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