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Las obras que se realizan desde hace casi un año en la zona costera de Cartagena están detenidas por una manifestación que realizan vendedores y pescadores, desde hace dos días, por cuenta de los incumplimientos en los pagos de las compensaciones económicas, que les prometieron durante las obras. Pero más allá de esto, el proyecto presenta otros problemas ante la falta de comunicación del Gobierno Nacional con el consorcio encargado de la obra.
El megaproyecto está en manos del consorcio Proplaya y consiste en la adaptación de los bordes costeros, desde el espolón Iribarren, en El Laguito, hasta la ciudad amurallada, en la curva de Santodomingo del Centro Histórico, con el fin de mitigar los procesos de erosión.
Esto se debe a que, en 2018, en la ciudad se tuvo que declarar la calamidad pública, por las inundaciones que se dieron durante la temporada de lluvias. Por ello, se puso en marcha un proyecto de dragado y adaptación propuesto por la Universidad de Cartagena, que incluye la intervención de aproximadamente 4,7 kilómetros del sector de Bocagrande.
Las obras incluyen una protección marginal de 460 metros, la construcción de seis espolones, un rompeolas frente a la ciudad amurallada y cinco playas turísticas, así como la instalación de un Box Culvert (drenajes subterráneos o elevados), para el manejo de aguas lluvia sobre la avenida primera, con el fin de evitar nuevas emergencias en Cartagena.
Ante la magnitud de las obras, se estableció para una primera fase alrededor de $136.398 millones, que fueron aportados por la alcaldía de Cartagena y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Esta última entidad se encargó del contrato adjudicado al Consorcio Proplaya, mientras que la compensación social está en manos del PNUD, que hizo la caracterización de los vendedores, carperos y masajistas, entre otros, y la evaluación de la compensación.
En este punto, los manifestantes exigen claridad sobre los pagos de dichas compensaciones, pues como lo ha reportado desde hace por lo menos dos meses Contratopedia Caribe, se han venido dando interrupciones semanales a las obras, por cuenta de los vendedores, lo que ha frenado los avances en del proyecto, que tendrían que acabar a mediados del próximo año.
Al respecto, Andrés Rico, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bocagrande, indicó a El Espectador que no hay quien dé respuestas a los manifestantes, a los habitantes de la zona, ni al mismo consorcio encargado de la obra, que tiene pendientes giros por $13.000 millones. “Acá había asignados 10 contratistas de la Ungrd, pero ahora solo hay uno activo. Al resto se le han venido venciendo los contratos desde agosto, pero no se los han renovado”.
El inconveniente de que ya no haya contratistas de la Ungrd es que ellos organizaban los comités de gerencia y el pago de las cuentas, por lo que ahora ya no hay nadie que le conteste a los manifestantes, a la comunidad y hasta al consorcio, que desde septiembre envió una carta a la alcaldía de Cartagena advirtiendo que con el cambio de gobierno no hubo más comités con la Ungrd para tratar los temas económicos y contractuales, que han ido apareciendo.
“La ausencia de los foros necesarios para dirigir este proyecto se agrava con el hecho que el personal local de la Ungrd encargado del proyecto tiene su contrato próximo a vencerse en octubre y si su partida se materializa, no solo habremos perdido todo interlocutor en la Ungrd, sino también su memoria en el proyecto”, indicó el consorcio en el documento enviado en septiembre.
Algo similar ha señalado la firma interventora. Al respecto, Arturo Mogollón, representante legal de Aidcon Ltda, indicó a El Universal que “la situación financiera del contrato de interventoría es delicada. Al mes de septiembre el costo de la interventoría supera los $4.700 millones. Por la modalidad de pago solo se ha podido facturar $2.089 millones, de los cuales desde el mes de abril la Ungrd adeuda $1.181 millones”.
Sumado a esto, el consorcio Proplaya manifiesta que por cada día con bloqueos se pierden alrededor de 600 millones de pesos, mientras que por la falta de comunicación con el gobierno central, no ha podido seguir con nuevos dragados porque faltan alrededor de $13.000 millones para continuar los procesos.
“De parte de Consorcio Proplaya no se tiene conocimiento alguno del estado de las compensaciones, pero lo cierto es que en este punto, ante la total ausencia de funcionarios asignados por parte de la Ungrd a este proyecto, no existe una voz que de atención y solución a las inquietudes de los actores de playa, y, por tanto, no ha sido posible levantar la manifestación, más aun cuando los mismos vendedores conocen de la situación y saben que no tienen ningún interlocutor disponible en la entidad contratante”, indicó el consorcio.
Hasta ahora ni la alcaldía ni la Ungrd se han pronunciado al respeto. Lo único relacionado con el tema es un pronunciamiento, en septiembre pasado, de la directora del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, María Isabel Lugo, quien aseguró que desde julio se habían compensado a 206 vendedores de las playas número 4 y 5, así como resaltó la importancia de la recolección de información y formularios diligenciados por los actores de playa para dar las compensaciones económicas. Así mismo, el Departamento de Valorización ha indicado que hasta el momento se ha avanzado en el 35% de las obras y se han instalado más de 145 mil metros cúbicos de roca.
Debido al hermetismo con el tema, el Consejo Gremial de Bolívar (CGB) envió una carta al presidente Petro pidiendo que se paguen las deudas que se tienen con la interventoría y el contratista, recomponer el equipo local de la Ungrd y cumplir con los compromisos con la comunidad.
“Es imperativo que la Unidad logre mantenerse al día con el pago de compensaciones a vendedores y demás actores. El desespero de estas personas es tal que se han abocado a parar las obras, bloquear vías e impedir el acceso al edificio en el que se encuentra la oficina de la Ungrd. Las pérdidas por un día sin avances en la obra se estiman en 600 millones pesos”, indica la carta.