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La protesta virtual en Colombia no volverá a ser la misma después del paro nacional. Así quedó demostrado luego de más de 40 días de movilizaciones que se apoyaron en herramientas digitales para visibilizar, amplificar y posicionar el estallido social en la agenda global.
Millones de fotos, trinos y transmisiones en vivo evidenciaron lo que estaba pasando en las calles y abrieron nuevos debates sobre cómo se protesta en redes sociales. No obstante, estas plataformas también fueron canales útiles para difundir noticias falsas, datos personales de figuras públicas e información inexacta que en muchas ocasiones terminó en vandalismo. Y aunque estas acciones no son nuevas, motivaron a las autoridades a desarrollar campañas de ciberpatrullaje y ordenar ciertas intervenciones con una urgencia mayor que en otros contextos. ¿Qué hizo del paro nacional un movimiento diferente en línea?
Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, que promueve los derechos humanos en entornos digitales, en esta protesta la población está más familiarizada con las redes sociales, especialmente a raíz del confinamiento. “Seguimos en pandemia, hay mucha gente que no quiere salir y que va a apoyar o a seguir la protesta en lo digital. Si antes venía creciendo el uso de internet y de las tecnologías, en esta protesta lo hace muchísimo más”, asegura.
En eso coincide Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien dice: “Han surgido muchos medios de comunicación, actividades periodísticas y de denuncia en plataformas y cubrimientos en vivo. Aunque había pasado en otros momentos de manera significativa, como en 2019 o en elecciones, lo que estamos viendo de manera sostenida en el paro llama la atención y marca un hito”.
El aumento en el flujo de la información llevó a que los ciudadanos alzaran la voz ante varias fallas de internet que se presentaron en lugares neurálgicos de la protesta, como Cali. El 5 de mayo, Netblocks, una organización que monitorea el tráfico de internet a escala global, alertó sobre intermitencias en la tarde del 4, lo que coincidió con varias denuncias de usuarios que dejaron de tener este servicio temporalmente.
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Si bien Movistar luego reportó que 7.000 personas quedaron desconectadas por un robo de cables de fibra óptica que ocurrió en el marco de las protestas, las fallas levantaron sospechas entre varios usuarios y mostraron lo frágil que puede llegar a ser este servicio en medio de crisis sociales.
Durante el paro, organizaciones como Karisma alertaron sobre el riesgo de que las interrupciones de internet reportadas en Cali y en otras ciudades se deban a inhibidores de señal utilizados por las autoridades, pues la resolución 1823 de 2018 les permite a organismos de seguridad del Estado usar estos dispositivos en “casos relacionados con la seguridad pública” sin que para ello deban solicitar un permiso al Ministerio de las TIC (Mintic).
“Es un tema gravísimo. En términos de estándares de derechos humanos, está prohibido cualquier tipo de interferencia de la conectividad, particularmente en medio de una protesta. Cuando una persona no puede hacer una llamada o subir un video, no tiene claro de quién es la culpa. Y en un momento como este le queda una sensación de censura”, dice Botero.
Para la analista, este episodio evidenció la necesidad de que empresas mediadoras de internet hagan pública toda información relacionada con fallas en sus infraestructuras, pues esto permitiría el escrutinio público en tiempo real y ayudaría a disipar la desconfianza. Y aunque operadores, plataformas y el propio Mintic salieron a dar explicaciones durante esta coyuntura, para la analista sigue siendo “un acto de fe en el propio Gobierno” esperar que la cartera de las TIC sea transparente a la hora de vigilar e informar sobre posibles interferencias estatales y no un regulador independiente.
Otro caso que puso sobre la mesa el papel de las compañías tecnológicas fue la caída de publicaciones en la red social Instagram. El 6 de mayo, miles de usuarios en Colombia notaron que sus contenidos del día anterior habían sido eliminados de la plataforma. Tras horas de especulación, Instagram explicó que la caída se debió a un inconveniente técnico global que no estaba relacionado con la crisis nacional y procedió a restablecer las publicaciones.
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“Algunos argumentan que estas plataformas hacen parte de empresas extranjeras, que establecen sus propias reglas o que están sometidas a las leyes de otros Estados. Sin embargo, eventos como los del paro muestran cómo lo que pasa en las redes sociales puede tener un efecto real sobre lo que sucede en las calles”, dice Luisa Isaza, abogada e investigadora de Linterna Verde, organización que analiza el debate público en línea.
“Cada vez toman más fuerza los argumentos de quienes sostienen que las plataformas deben seguir las constituciones de los países donde operan y garantizar derechos como la libertad de expresión y la privacidad”, agrega la abogada.
Y es que las redes sociales se han convertido en espacios para nuevos ejercicios de protesta a los que no todos están acostumbrados. Una de estas acciones fue la de las k-popers, como se conoce a las fanáticas de bandas de pop de Corea del Sur. A mediados de mayo, esta comunidad saboteó algunas tendencias en Twitter que nacían de grupos de derecha, como los numerales #YoApoyoalESMAD o #UribeTieneLaRazón.
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Su estrategia, que ya ha sido utilizada en otras partes del mundo, consiste en tomar los hashtags que son tendencia e inundarlos con contenidos k-pop; así, quien consulte el numeral solo encontrará memes, videos e imágenes de cantantes surcoreanos. Sin embargo, esta acción fue tildada por el Comando General de las Fuerzas Militares como un “ataque” con el que se buscaba “ridiculizar los esfuerzos de proponer un debate abierto y equilibrado en las redes sociales”.
Para los investigadores de Linterna Verde, este tipo de generalizaciones simplifican la discusión en línea. “La idea de ‘vandalismo digital’ es una concepción bastante limitada de la complejidad de los fenómenos en redes. Es pensar que cualquier tipo de coordinación en redes es inauténtico, inorgánico e, incluso, criminal, cuando esto no es así”, aseguran Pablo Medina y Cristina Vélez.
Los expertos también aluden a una campaña del Ministerio de Defensa denominada “Colombia es mi verdad”. La cartera aseguró que esta iniciativa surgió para combatir la desinformación y el “terrorismo digital”, y constantemente comparte reportes con rótulos de “noticia falsa” sobre publicaciones que circulan en redes sociales.
“La verdad es que protegemos la vida de todos los colombianos, protegemos el bien público, que es de todos, protegemos el bien privado, que es nuestro patrimonio familiar fruto del trabajo de toda una vida”, dijo el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, en el anuncio de la campaña.
Aún así, para algunos críticos, esta propuesta no garantiza objetividad. “Posicionar las narrativas que rodean y que blindan a la institucionalidad ha sido una obsesión de este Gobierno. Ahora (con la campaña) la Policía persigue noticias falsas que afectan a la Policía, lo cual es poco garantista en términos de generar un ambiente favorable para la libertad de expresión”, opina Bock, de la FLIP.
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Además de la desinformación, uno de los argumentos del Gobierno para adelantar acciones de ciberpatrullaje son las amenazas cibernéticas que se han identificado durante el paro. A corte del 16 de junio, Mindefensa halló más de 1 millón de direcciones IP con comportamiento malicioso y 1.467 campañas fraudulentas.
Cabe recordar que durante los primeros días de mayo, el movimiento de hacktivistas Anonymous se atribuyó la caída temporal de algunos sitios web del Gobierno, como las páginas de la Presidencia y del Senado. Así mismo, filtró datos personales de funcionarios de la fuerza pública y figuras políticas en varias plataformas y sitios web. Algunos de ellos han recibido amenazas a raíz de dicha filtración.
Estas acciones llevaron, entre otras cosas, a que la SIC emitiera una resolución en la que ordenaba a los operadores bloquear temporalmente dos URL en las que se expuso esta información. Una de ellas era archive.org, una biblioteca virtual abierta que busca ser el archivo de internet. Si bien la Superindustria actuó en defensa de la protección de datos personales de los ciudadanos, el hecho también despertó preocupaciones en la sociedad civil por la desproporcionalidad de la orden, pues era imposible de cumplir sin bloquear completamente ambas páginas web.
“No se puede bloquear un sitio completo por bloquear una sola cosa, hay que buscar otro mecanismo. Además uno de los sitios era Internet Archive, que se utiliza como respaldo de contenidos durante las protestas. Fue una torpeza peligrosa en su momento”, destacó Botero.
Aunque las protestas multitudinarias han disminuido en los últimos días y miembros del Comité del Paro Nacional anunciaron el cese temporal de las movilizaciones, el uso que se le dio a internet y a las redes sociales durante este período sentó un nuevo panorama sobre el papel de lo digital en el contexto que vive Colombia.
La sociedad civil, las empresas mediadoras de internet y en especial las autoridades deben abrirse a conocer las complejidades de la protesta virtual y todo lo que conlleva expresarse en línea. En palabras de Linterna Verde: “Que las autoridades monitoreen las redes públicas está bien, pero para poder hacerlo efectiva y justamente tienen que entender qué es lo que está sucediendo allí. Y por ahora parece que no hemos llegado a ese punto”.
