Gobierno desmiente a embajador Cháux

Frente a los nuevos detalles conocidos sobre los tres encuentros que en Casa de Nariño sostuvieron —entre febrero y abril de 2008— representantes del Gobierno con Diego Álvarez, defensor del extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y del controvertido desmovilizado Antonio López, alias Job, para entregar pruebas de un supuesto complot orquestado por el magistrado auxiliar Iván Velásquez en contra del Ejecutivo, el Gobierno expidió ayer un comunicado en el que desmintió al embajador de Colombia en República Dominicana, Juan José Cháux, en el sentido de que éste concurrió por voluntad propia al encuentro del 23 de abril, y no por invitación del entonces secretario jurídico del Palacio de Nariño, Edmundo del Castillo.

 “(…) El ex gobernador Juan José Cháux, quien se encontraba en Palacio y conocía sobre la existencia de la reunión que se había concertado por parte del secretario jurídico con el doctor Diego Álvarez, manifestó su voluntad de asistir a la misma”, señala el quinto punto del comunicado oficial.

De esa forma, el Gobierno confirmó lo que Del Castillo le dijo a El Espectador: “No es cierto que yo invité a Juan José Cháux. Yo ni siquiera sabía que venía Job, pero Cháux sí sabía quiénes venían”, palabras que aparecen publicadas en nuestra edición dominical.

El comunicado de siete puntos defiende la actuación de sus funcionarios y descarta que alguno de ellos haya tenido alguna clase de vínculos con organizaciones ilegales.

En todo caso, frente a los cuestionamientos y acusaciones que hizo en contra de Cháux Mosquera el detenido ex jefe del Bloque Calima de las Autodefensas, Hébert Veloza, alias H.H., quien en principio dijo que los paramilitares le habían brindado apoyo en su campaña política para  la Gobernación del Cauca, aunque luego cambió su versión en diálogo con El Espectador, el Gobierno fue enfático en señalar que el embajador carece de impedimentos para ejercer el cargo de embajador.

“Antes de designar al doctor Juan José Cháux como embajador en República Dominicana, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría General y ante la Fiscalía General de la Nación, verificó la inexistencia de procesos judiciales que pudieran comprometer su responsabilidad por vinculación con grupos armados al margen de la ley. En su carrera política en el

Congreso de la República, el doctor Juan José Cháux nunca perdió su investidura parlamentaria”, señala el comunicado oficial.

 Por otro lado, frente a la presencia en la última reunión, que se efectuó el 23 de abril, del abogado Óscar Iván Palacio, quien como lo reveló El Espectador concurrió al encuentro para  averiguar por el accidente en Urabá en el que murió su hija, el 24 de febrero de 2006, cuando acompañaba en su campaña hacia el Senado al empresario Pedro Juan Moreno Villa, el Gobierno aún guarda silencio y aunque tampoco se refirió a la funcionaria del DAS que estuvo presente en el último encuentro, sostuvo que la información del supuesto complot entregada por Álvarez y alias Job (asesinado en julio pasado en Medellín), tras ser evaluada por la Secretaría de Seguridad de la Presidencia, fue remitida por el secretario jurídico a ese organismo para “su verificación y pertinencia”. “Esta entidad consideró que era necesario proceder a informarle a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia”, agrega la Casa de Nariño.

En los demás apartes del comunicado, el Ejecutivo reitera que al último encuentro asistió también, por invitación de Edmundo del Castillo, “el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, quien había conocido al señor Antonio López, alias Job, como vocero de los desmovilizados en julio del año 2006 —y al que no había vuelto a ver desde ese momento—, en la Casa de Paz de las Auc ‘Villa de la Esperanza’, en Copacabana, Antioquia”.

El Gobierno recordó que para ese entonces, César Mauricio Velásquez era miembro activo de la Comisión de Conciliación Nacional y por eso participó en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), además de haber contribuido a la búsqueda de un acuerdo humanitario en reuniones con jefes de las Farc.

Mientras la Casa de Nariño reitera que el encuentro se celebró con la mayor transparencia, los detractores del Gobierno insisten en que no es su función recolectar evidencia o sostener encuentros con testigos en eventuales causas judiciales. La última palabra en este controvertido caso la tendrán la Procuraduría y la Fiscalía, que adelantan sendas investigaciones para determinar si existió alguna irregularidad en los mencionados encuentros.