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Las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron este miércoles, en primer debate, el Presupuesto General del país para 2024. La semana pasada, los mismos senadores ya le habían dado luz verde al monto general del proyecto, que se encuentra en $502,6 billones.
Este es el presupuesto más alto en la historia, como lo han señalado varios analistas. Al presentar el proyecto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que el monto general es equivalente a 29,6 % del PIB, lo que implica un crecimiento de 3,3 % frente al que está vigente para este año.
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Más allá de llegar a una marca y la consecuente sacada de pecho política, el monto general arrastra algunas dudas y polémicas que han acompañado al proyecto y que, al final de cuentas, sólo se despejarán con el tiempo.
La incertidumbre alrededor del presupuesto
Todo ejercicio de presupuesto es, de cierta forma, una práctica de mirar hacia el futuro y hacer cuentas bajo algunos supuestos, como lo recuerda Diego Guevara, viceministro general de Hacienda. “Eso es normal en este ejercicio. Y lo que sucede es que si alguno de los escenarios que se habían proyectado no se cumple, pues se ajusta el gasto. Para esto está facultado el Confis”, asegura el funcionario.
Las discusiones en el Congreso han estado rodeadas, como siempre, de muchas horas y palabras que para algunos pueden sonar entre vacías y redundantes. Una de las proposiciones que esbozaron algunos congresistas fue, justamente, introducir una proposición para obligar a ajustar gasto si algo pasa en el futuro que no permita cumplir con la regla fiscal.
Regla fiscal es una palabra que se repite con insistencia en esta discusión, pues es un mecanismo que, por ley, busca impedir que el Gobierno se endeude más allá de sus capacidades, en pocas palabras. Para este punto, la administración Petro estima que en 2024 llegará a un déficit fiscal de 4,5 % del PIB (esto es la diferencia entre ingresos y gastos), lo que supone que estará pegando en el palo del límite que establece la regla.
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Y es esta estrechez una de las principales preocupaciones en los debates de las comisiones económicas del Congreso que, sin embargo, aprobaron el proyecto.
Esta es una preocupación que comparten algunos analistas para quienes el margen de maniobra del Gobierno es mínimo si algo no sucede como está proyectado que lo haga.
Sin embargo, Guevara es claro en decir que la regla fiscal se va a cumplir a toda costa y que, por ejemplo, en el segundo gobierno Santos el precio del petróleo se redujo a menos de la mitad de los supuestos del presupuesto y lo que se hizo fue ajustar el gasto. “La gran mentira es que nos vamos a saltar la regla fiscal y eso no va a pasar”.
El aumento real del proyecto que cursa en el Congreso es de 9 % frente al de la vigencia 2023, según cálculos del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana. Esto resulta inusualmente alto si se tiene en cuenta que el crecimiento típico en la última década ha rondado el 4 %.
El crecimiento del presupuesto está presionado por dos tensiones fuertes. La primera es una subida en el gasto público y la otra es el servicio de la deuda, cuyo rubro tuvo un incremento histórico.
Lo primero se explica por el ambicioso paquete de reformas que impulsa la administración Petro. Actualmente cursan proyectos para modificar el sistema de salud, el mercado laboral y el andamiaje pensional del país. Y recientemente fue introducida una más que busca garantizar la educación como derecho fundamental.
A esto, dicen los críticos, se suma una serie de subsidios que, aseguran desde partidos de oposición al Gobierno, van a quedar desfinanciados. Guevara asegura que “hay un error al hablar de subsidios porque siempre pensamos que es plata para los más pobres. Pero todos los presupuestos incluyen partidas para subsidiar, por ejemplo, los sistemas de transporte masivo del país. Y este gasto está garantizado”.
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Parte de la polémica que se discutió en el Congreso tiene que ver con los recursos que están atados a la buena gestión de la Dian, especialmente en litigios tributarios. Por esta vía se espera que haya unos $15 billones que, en opinión de los críticos del Gobierno (e incluso de congresistas aliados), no es un dinero que se pueda recuperar fácilmente.
En pocas palabras, lo que dice esta parte del discurso en este debate es que contar con ese dinero es casi que prepararse para recortar gasto, pero diciendo un año antes que todo está bien.
Sin embargo, la línea que mantiene el Gobierno es que la Dian tiene los dientes suficientes, tanto en infraestructura, como en personal, para atajar la evasión fiscal en una forma más agresiva, tanto así que dé para contemplar su labor como un rubro presupuestal.
A pesar de los airados discursos en el Congreso, incluso de los parlamentarios que llamaron al presupuesto como un instrumento “desfinanciador”, el proyecto pasó con una aprobación bien por encima del 90 % de los votos. La votación, además, se hizo en bloque. Así que, en pocos minutos, se resolvió toda la cuestión.
Sin embargo, de cara al segundo debate (en las plenarias de Cámara y Senado) puede que la cosa no sea tan color rosa: quedaron para discusión con el Ministerio de Hacienda 178 proposiciones, que implicarían introducir unos 80 artículos nuevos (el proyecto actual tiene 86 artículos en total).
“Agradezco el desempeño que se ha tenido en la discusión de este proyecto. Y queda abierto para segundo debate una revisión de los temas territoriales y regionales. Eso significa que el martes de la semana entrante reunimos ponentes de las comisiones para ir avanzando hacia el trámite final del proyecto de presupuesto. Por ahora, reciban el agradecimiento del Gobierno por este buen desempeño”, dijo Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, al final de la discusión en las comisiones.
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