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A la espera de una cita con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, están los voceros de más de 20 partidos políticos a los que no se les ha girado en todo el año el dinero para su funcionamiento, lo que no solo los obligó a presentar una tutela conjunta contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) para proteger su derecho a la financiación política y electoral, sino también, los tendría sin poder pagarles a sus proveedores y empleados.
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Con la cita, de la que no conocen aún respuesta afirmativa, los partidos esperan que el ministro Bonilla les dé una razón clara de por qué no se les han girado los recursos para la vigencia de 2024 ni tampoco los de la reposición de los votos que alcanzaron en las elecciones regionales del año pasado, un proceso que tiene más de tres meses de retraso.
La preocupación es alta, pues de acuerdo con documentos en poder de El Espectador, hay una deuda con 34 partidos por más de $66.252 millones, entre los que están, además del dinero de funcionamiento y pago de votos, el excedente que debe girársele por ley a los partidos que conforman el estatuto de la oposición: Centro Democrático, Cambio Radical, Verde Oxígeno, Liga de Gobernantes Anticorrupción.
Por esto, las 34 colectividades le enviaron una carta al ministerio, y algunas les habrían dado la orden a sus congresistas y funcionarios en el Gobierno de buscar la cita cara a cara con Bonilla lo más pronto posible.
Pero antes de este propósito, acudieron al CNE, luego de que la entidad no les respondiera a un derecho de petición que enviaron el 31 de mayo preguntando si se tenían o no los recursos para pagarles, y si ante la demora se tendrían en cuenta los intereses que deberán pagar muchos candidatos por incumplir con las fechas de pago de los créditos que tomaron para pagar sus campañas electorales.
Como la respuesta nunca llegó, entutelaron al CNE, que luego les pidió agendar una cita para calmar los ánimos. En efecto, la semana pasada varios voceros se reunieron con la presidente de la organización electoral, Maritza Martínez, quien les explicó que los pagos no se han hecho porque el ministerio no les ha a enviado la bolsa de dinero para empezar a repartir.
Según la organización electoral, ya en dos oportunidades le han pedido al Gobierno que pague el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) para así cumplir con sus obligaciones constitucionales. No obstante, el ministerio les negó el pago argumentando: “las solicitudes aprobadas con valor cero las pueden volver a cargar de acuerdo con el calendario PAC”. La presidenta Martínez pidió ampliación de la justificación, pues, señaló, no se comprendió.
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El ministro Ricardo Bonilla fue consultado para conocer su versión, pero no respondió. Mientras tanto, los partidos piden una solución inmediata, pues sus cuentas no aguantan más.
“Es totalmente responsabilidad del ministerio de Hacienda y algo que no había sucedido nunca. Es una demora que nos tiene asfixiados, desde el 15 de julio me vi obligado a decirles a los proveedores que no podemos pagarles y a nuestro personal que los salarios pueden demorarse”, indicó Jorge Luis Jaraba, el secretario general del Partido de la U, al que se le deben $7.000 millones.
Desde Cambio Radical (CR) y el Centro Democrático (CD) ven el panorama con mayor preocupación, pues consideran que habría una intención de fondo del Gobierno en las demoras de los pagos, agregando que no se les está respetando como partido del Estatuto de la Oposición. Ya en anteriores oportunidades han manifestado que no se les ha autorizado, por ejemplo, el espacio que deben tener en la televisión por ley y se les deben $7.359 millones a CR y $6.292 millones a CD.
“El Gobierno nacional está incumpliendo de manera muy grave la obligación constitucional. Esto es aplicarle a los partidos lo mismo que hicieron con las EPS: no girarles para que tuvieran dificultades hasta para su funcionamiento”, señaló Germán Córdoba, secretario general de CR.
Cabe destacar que no son los únicos perjudicados, pues los partidos que integran la coalición del Gobierno tampoco han recibido su parte. Al Polo Democrático se le deben $1.207 millones, Al Mais, $2.366 millones; a Colombia Humana, $1.273 millones; a la Alianza Verde, $2.538 millones.
Mientras se gesta la reunión con Bonilla, los partidos políticos intentan reducir sus gastos lo máximo posible hasta que llega el giro. Lo cierto es que la paciencia se está acabando y podría tener repercusiones en la disposición de las agrupaciones para andarle o incluso discutir los proyectos del Gobierno. Y es que todo pasa mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere poner a andar su acuerdo nacional.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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